Marcos Ariel Rodríguez, ex policía prófugo, imputado por la Masacre de Wilde, fue detenido en La Falda

El miércoles de la semana pasada, minutos después del mediodía, la Policía de Seguridad Aeroportuaria concretaba un fuerte operativo en Av. España al 550, donde detenía en una carnicería al ex cabo de la Policía Bonaerense Marcos Ariel Rodriguez (51), del que se sabría, momentos después, estaba prófugo de la justicia desde hacia 20 años, época en la que se radicara en La Falda.
El detenido había desarrollado distintas actividades comerciales en ese lapso y se había incorporado a la sociedad faldense guardando su secreto.
De acuerdo a declaraciones efectuadas por los investigadores, Rodríguez fue descubierto al firmar un plan de pagos de multas que le habrían impuesto al automóvil que figura a propiedad de su esposa. La intervención de la Policía Aeroportuaria en el caso fue a solicitud del Juez Gabriel Vitale, quien se ha hecho cargo de la causa en abril último.
La causa por la que se encontraba prófugo, fue la denominada Masacre de Wilde, acaecida en 1994 y en la que resultaron muertas cuatro personas y una logró sobrevivir.
Raquel Gazzanego, viuda de Ricardo Ciccutín, una de las victimas de la masacre, decía, horas después de la detención de Rodríguez, que “es cierto, cayó por una multa que fue a pagar, de hecho eso me lo confirmó el Secretario del Juzgado, más allá de tener una recompensa ($100.000) nadie se ocupó de buscarlo durante el tiempo en que la Jueza Silvia Susana González tuvo que dejar la causa hasta que tomó la causa el Dr. Vitale…No estaba tan lejos, estaba en Córdoba, yo hace siete años lo encontré buscándolo en los padrones, estuvimos trabajando bastante, de eso le he llevado al Juez Vitale, a principio de año, un montón de información que recabamos con uno de mis abogados, el Dr. Daniel Feiso, en donde le marcamos distintas direcciones, no solamente la que figuraba en padrón, direcciones donde residía, tarjeta de crédito, donde trabajaba uno de sus hijos mayores, y todos esos datos, no puedo dar la certeza de eso, pero seguramente hicieron que se pudiera determinar o enmarcar la zona donde finalmente terminaron deteniéndolo. Esto simplemente es anecdótico, porque una persona que de lo único que se ocupa es de ser ama de casa y cuidar a sus hijos buscando por internet encuentra cosas que durante diecinueve años la Justicia, con un montón de mejores medios, podría hacerlo…”.
En referencia a si Rodríguez tuvo protección policial, aseveró que “que tuvo protección policial es evidente de que si, no solamente eso, sino también una especie de connivencia entre poder político, poder judicial y poder institucional policial, porque sino en tantos años no puede ser que una causa no se esclarezca. Se escapó de la Brigada de Lanús caminando, no siendo interceptado entre los calabozos y la puerta de salida. Daría la sensación, hablemos en potencial, aunque hay cosas que a la vista aparecen como ciertas, pero otras hay que comprobarlas, daría la sensación de que Marcos Ariel Rodríguez pudo haber sido utilizado, como los llamados perejiles, para encubrir otras cosas. Ustedes marcaron al Comisario (Juan José) Ribelli que estuvo fuertemente implicado, más allá de que esté libre, en la masacre de la causa AMIA. Ese hombre, está en las escuchas, esos hombres, habrían formado parte de un grupo de trabajo que era mucho más grande, que no solamente se limitaba a la zona sur, sino a otras cosas, Ribelli estaba a cargo de Automotores en la zona norte, entonces, autos que se robaban en la zona sur se iban a desguazar a la zona norte y se vendían. A su vez, junto con Crucik y otros personajes vendían autopartes en la zona sur, joyería, prostíbulos, todo eso hay que demostrarlo”.
Agregó que “Rodríguez fue exonerado porque, prestando servicio en la zona norte, en el momento de trasladar a un detenido deja solo a su compañero en el móvil policial y en el ínterin matan al compañero, es la razón por la que lo exoneran de la fuerza”.
Finalmente, definió que “quiero que se investigue por qué lo mataron a Edgardo, y no solamente eso sino también a todos los funcionarios que estuvieron dentro de la causa durante todos estos años de impunidad, que si son ineptos se los saque por ineptitud y si son cómplices que se los juzgue como tales”.

La causa
A 20 años del hecho, el juez de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, hizo lugar al pedido del fiscal Sebastián Scalera y elevó la causa a juicio bajo la calificación de "cuádruple homicidio simple" y un "homicidio simple en grado de tentativa", ya que una de las víctimas logró sobrevivir.
La resolución del magistrado es "la primera decisión interlocutoria que acusa directamente a los ocho, ahora nueve, ex integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús por el hecho y es considerada histórica", difundió Télam.
Además de enviar a los efectivos a juicio, Vitale rechazó los planteos de sobreseimiento y prescripción planteados por las defensas.
Tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de diciembre, en el que se revocaron los sobreseimientos de los policías, el magistrado recibió la causa en abril, la reabrió y citó a declaración indagatoria a los imputados, que se negaron a declarar.
Luego, procesó a los efectivos y les ordenó que se presentaran en su juzgado una vez por semana, ya que se encuentran en libertad.
Actualmente, sólo queda pendiente de resolución un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual les permite a los policías evitar, por ahora, ir a prisión.
Los policías que serán sometidos a debate oral son el subcomisario Oscar Mantel, los oficiales Julio César Gatto, Hugo Reyes y Marcelo Valenga, y los suboficiales Francisco Dudek, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Marciano González y Marcos Rodríguez.
Por el caso, también estuvieron imputados el comisario César Córdoba y el suboficial Carlos Saladino, pero fallecieron.
La "Masacre de Wilde" ocurrió el lunes 10 de enero de 1994, cuando policías de investigaciones persiguieron a los ocupantes de dos autos "al confundirlos con los delincuentes" que buscaban y los asesinaron a balazos, según declararon en su oportunidad.
Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Ciccutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.
De acuerdo a la investigación, un Renault 21 en el que se conducían cuatro efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, interceptó el paso y chocó el Peugeot.
Minutos después, se sumaron otros cinco policías que llegaron en otro vehículo y acribillaron a balazos el Peugeot, por lo que murieron los tres ocupantes.
Díaz trató de eludir esa escena, pero un grupo de los policías lo hicieron detener, bajar del auto con sus manos en alto y lo obligaron a tirarse al piso.
Cuando Ciccutín trató de hacer lo mismo fue baleado y luego murió en el hospital de Wilde por esas heridas.
De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros, disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
La jueza de Lomas de Zamora Silvia González detuvo a los 11 policías que habían intervenido en el hecho, pero luego de permanecer unos meses con prisión preventiva, fueron liberados por la Cámara de Apelaciones y Garantías.
Estos policías integraban la Brigada de Investigaciones de Lanús, cuyo subjefe era entonces el comisario Juan José Ribelli, quien fue detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA.
En 1995 fueron sobreseídos provisoriamente; tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003, volvieron a ser beneficiados por la misma medida y en 2007 le convirtieron el beneficio en definitivo.
En diciembre, la Corte provincial revocó los sobreseimientos definitivos de Gatto y Dudek al entender que "aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos", lo cual permitió que la causa retomara impulso.
Al conocerse ese fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) justamente estaba analizando el caso.