El gobierno de La Falda habría entendido que existe un conflicto de poderes y acudió al Superior Tribunal de Justicia de acuerdo con lo dictado en la Carta Orgánica Municipal

Basándose en el artículo 121 de la Carta Orgánica Municipal el gobierno de La Falda elevó al Superior Tribunal de Justicia una presentación que buscaría la nulidad de lo actuado en el caso del amparo interpuesto por Darío Almada. Por su parte, los abogados de Almada recurrieron a tribunales buscando se haga efectivo lo ordenado en la Sentencia Nº 17.

En una nueva instancia del conflicto planteado por el Recurso de Amparo interpuesto por Darío Almada, el que manifestó ver afectado su derecho de incorporarse al Concejo Deliberante como concejal suplente de la Unión Cívica Radical, y cuya causa en primera instancia le fuera desfavorable en Sentencia Nº 8 dictada por el Juez Gabriel Premoli, y que con posterioridad la Cámara de Casación de Villa Dolores revirtiera en su favor ordenando a través de la Sentencia Nº 17 que se dejara sin efecto la designación de Damián Olmos y se tomara juramento a Almada en el cargo de concejal, hecho que hasta el momento no se ha cumplido, mediando dos notificaciones al respecto, la Municipalidad de La Falda ante la negativa del Bloque de Unión Por Córdoba de no participar de las sesiones del Concejo Deliberante hasta que no se de cumplimiento a la orden judicial o hasta que no sea apartado el concejal Olmos, interpretaría que se ha producido un conflicto de poderes y en consecuencia, haciendo uso del artículo 121 de la Carta Orgánica Municipal que sostiene que “Producido un conflicto interno en el Estado Municipal, sea de competencia de los organismos municipales o que atente contra su funcionamiento, se suspende todo procedimiento en relación con la cuestión y se elevan los antecedentes al Superior Tribunal de Justicia para su resolución conforme lo dispone la legislación provincial respectiva”, habría concretado una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia.
A pesar del cerrado hermetismo que sobre el particular muestran las autoridades municipales, hemos podido constatar que bajo esta argumentación se ha elevado al máximo organismo judicial de la provincia una presentación que buscaría la nulidad de lo dictaminado hasta el momento y en función de ello ha sido acompañada por todos los antecedentes que la preceden.
Cabe recordar que de acuerdo con lo ordenando en la sentencia Nº17 de agosto de 2013 y lo ordenado en las dos notificaciones emitidas de sede tribunalicia, 21 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, la fecha para la toma de juramento a Almada era, como máximo, la del 22 de diciembre de 2013.
No habiéndose cumplimentado lo ordenado, estamos en condiciones de adelantar que los abogados de Almada hicieron una presentación ante el Juez Gabriel Premoli, el 23 de diciembre, solicitando se hagan efectivos los alcances del Sentencia Nº 17. Todo indica que en las próximas horas la orden judicial ejecutiva llegaría al municipio y que de no cumplimentarse -el Vice Intendente y Presidente del Concejo Deliberante, Alberto Mainero, por tener éste las facultades para tomar juramento a Almada- sería considerado en rebeldía y desacato, debiendo afrontar las consecuencias legales que de tal actitud emerjan.
Así las cosas, sólo resta esperar el siguiente capitulo de esta serie que en sus inicios parecía no tendría consecuencias de relevancia y que con el correr del tiempo y las actuaciones judiciales ha ido adquiriendo valor de precedente a nivel judicial y generando un complejo matiz en las relaciones institucionales de gobierno.



Parece ser un argumento serio

Como lo hemos señalado con anterioridad, es difícil poder informar acabadamente cuando nos manejamos por trascendidos sin contar con la documentación oficial o las declaraciones que avalen nuestras exposiciones. Sin embargo, en procura de que nuestros lectores tengan una visión acercada a los acontecimientos que se están desarrollando, es que exponemos estos retazos de actualidad que conseguimos a través de fuentes confiables. No es lo mejor, no es lo que nos gusta, pero siempre será mejor que el silencio que suene ha ocultado.
Analizando la nueva escalada del oficialismo, debe decirse que entre tantas cosas escuchadas carentes de seriedad, esta del conflicto de poderes es la que se acerca a un argumento de peso, considerando que por otra parte se instala con aval de la Carta Orgánica Municipal. Ahora, la pregunta es: puede esta presentación tener efectos suspensivos sobre lo dictaminado por la Sentencia Nº 17. Y la respuesta, siguiendo el ordenamiento de la última notificación del Juez Gabriel Premoli, sería que no, porque ahí el magistrado destaca que la sentencia “se encuentra firme y es cosa juzgada”. El otro cuestionamiento abierto sería el del conflicto de poderes, porque si se sustenta en la imposibilidad de funcionamiento del Concejo Deliberante -considerando que la oposición se niega a intervenir en el Concejo Deliberante hasta tanto no se cumpla la orden judicial o parte de ella- el mismo es causado por el incumpliendo de una orden judicial, y entonces el argumento se torna, en alguna medida, endeble, pero estas son simples conjeturas, el devenir de los días y de la justicia nos traerá certezas.
Y esto vuelve a ponernos, como fuese desde un principio, en que si se pudiese conciliar posiciones, la única repuesta valida, difícil por cierto, a esta altura de los acontecimientos, es la política. Sobre todo si se considera la visión de un experimentado hombre de la política, como lo es Carlos Enrique Pérez, que consultado sobre el particular en el Programa Hablemos Claro sostuvo que “hablé con las dos partes, les di las sugerencias a mi criterio, con la mejor forma, con el gobierno y con este muchacho. A este muchacho siempre le sugerí y le aconsejé bien, que me haya hecho caso o no, problema de él, ya está grande para que me haga caso. Lo único que les dije a ambos fue agoten la parte política antes de entrar en la parte jurídica, lo peor que te puede pasar es si judicializas la interna partidaria, terminan mal, los que judicializan y los que no judicializan. Es decir, esto se resolvía políticamente, sino había otra solución, cualquiera sea la definición nueva de la justicia, por más que hagan amparo o no, van a seguir los resquemores de uno u otro y nadie se ve beneficiado, los abogados quizás. Así que está clarito esto…No hablo de que no tengan derecho de hacerlo, está claro, él tiene todo el derecho del mundo de reclamar su banca y los otros de decirle que no le corresponde y también de buscar abogado. Yo no lo hubiera hecho, hubiera hecho todos los intentos, hasta el último día de mi vida, de solucionarlo políticamente, que era la solución, porque después empiezan las dos bibliotecas y empiezan las suspicacias. Si le va bien a uno, porque el gobierno le dio la orden de que metan quilombo acá en La Falda, si le va mal a los otros, porque son los poderosos que tienen el manejo de la cosa. Nadie está conforme, cualquiera sea el resultado, y la gente en medio de todo esto, y nosotros, los que estamos afuera y adentro al mismo tiempo, estamos afuera de esto y no queremos estar dentro de esto…a mi lo que me interesa es que al gobierno le vaya bien y que haga lo posible para que le vaya bien…”.
Poco y nada para agregar, sólo mantener la esperanza de que la cordura reinara, para que de aquí a un tiempo esto no sea más que una interesante anécdota.

N.H.