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Lugar: La Falda, Córdoba, Argentina

El titular ha superado los 25 años en la actividad periodística, habiendo participado de los medios gráficos de la región, ha sido director de medios radiales y ha hecho televisión, fue corresponsal de La Voz del Interior.

jueves, 12 de diciembre de 2013

A 30 años de democracia, el gobierno provincial demostró debilidad política en la resolución de una sublevación y castigó a los siempre castigados

Cuando, sin discriminar causa, se impone la ley de la selva, la reacción inmediata es la instalación de la supervivencia del más apto, y en ese estadio no hay manera de garantizar que no exista barbarie.
Sr. Gobernador: Las sublevaciones no se negocian, se reprimen.


Cuando una gran parte de la ciudadanía argentina se disponía a festejar, sí, con todas las cautelas, pero a festejar, los treinta años de democracia ininterrumpida, Córdoba, nuestra Córdoba, se incendió en menos de veinticuatro horas, y cuando Córdoba estalla los cimientos del país se conmueven.
Así, el hastío, la bronca, la impotencia, rompió con ese espacio de medida algarabía existente e instaló un lapso donde el temor, el miedo, algunos sintieron el terror, se adueño de gran parte de la sociedad cordobesa.
Nada más parecido a un golpe de estado que este autoacuartelamiento de la policía cordobesa, y la irreconocible reacción del gobierno provincial, el que los cordobeses y argentinos creíamos manejado por un estadista, por ese hombre que ha buscado la postulación a Presidente de la Nación en reiteradas oportunidades y que precisamente estaba embarcado en una nueva campaña de instalación de su impronta y proyectos tras ese objetivo. Obvio es, que a estas horas, sus intenciones, una vez más, quedarán en eso, no sólo por lo sucedido, sino también por la forma en que presentó ante los cordobeses la supuesta resolución de la asonada policial. El gobernador en el mensaje posterior a la salida del conflicto lo primero que hizo fue agradecer a los ministros, al Jefe y Subjefe de la policía y a los capellanes por sus gestiones en favor de superar el conflicto, cuando menos, debe decirse que ese mensaje fue patético, no estaba, ni más ni menos, que premiando a quienes precisamente tenían el poder de la decisión, en su ausencia, de impedir la sublevación en contra del poder político y de la sociedad, de la mano armada del Estado para defensa de la constitución, instituciones y de la sociedad en general.

La policía debe estar subordinada al poder político y no confrontar con el, son sus mandos superiores los que deben discutir y hacer realidad las demandas de sus subordinados a través del diálogo serio y respetuoso, y cualquier insubordinación debe ser sancionada de manera tajante por esa cúpula, lo que sucede es que para la cúpula le es conveniente tener una tropa manejable y desinformada, de manera de imponerle condiciones, baste como ejemplo que la tropa es aleccionada en cuanto a sus obligaciones, pero son escasos los que conocen cuales sus derechos. En ese marco, puede decirse que la tropa debió presionar, nunca sublevarse, contra sus superiores, y bien lo venían haciendo con sus familias instaladas en defensa de un mejor salario y condiciones de trabajo, era la herramienta válida y asistida por derecho, tal vez no la mejor pero la única que tenían. No voy a descubrir nada si digo que las demandas policiales de estas últimas horas son las mismas que se tenían hace treinta cinco años atrás, nada ha cambiado desde ese entonces, sólo se le había agregado coyunturalmente el estigma del narcoescándalo que sumó a políticos y policías en un entramado delictivo que aún no ha sido esclarecido, y sobre el particular tampoco era razón para salir a desgarrase los uniformes, por acción u omisión bien saben que todos y cada uno guarda un tanto de responsabilidad. Y en un análisis medianamente serio no debería dejarse de lado la hipótesis que el faltante de ingresos clandestinos no haya sido parte esencial en la decisión de la asonada, porque no hay que soslayar que en los últimos noventa días fue escasa, cuando no nula, la comercialización de sustancias prohibidas, y el agujero de efectivo dejado por esa situación no es poco a tenor de la magnitud de dinero que maneja ese espurio negocio. Dejando el tema policial, es de reiterar que el reclamo puede considerarse hasta justo, pero nunca el desistir de cumplir con la función que les compete, y, por otra parte, que tampoco nunca será una declaración gubernamental la que eliminará el estigma de corrupción de la fuerza, sino que son los propios policías los que deben eliminarlo depurando con coraje y valor sus propias filas, cuando eso suceda no tan solo habrán conseguido la dignidad necesaria para llevar el uniforme sino que habrán recuperado la confianza de la ciudadanía.
Si hay alguien que debe ser esclavo de la ley, ese alguien es el policía, porque es un ciudadano que integra la sociedad teniendo el rol de preventor y la tremenda responsabilidad de hacer uso de un arma en defensa de la vida y bienes de sus conciudadanos.

Volviendo a la política y al relato de lo acontecido, en el día después, cuando el ciudadano esperaba la autocritica del gobierno, se encontró con un doble relato, el de los conflictos políticos que ya había sido introducido por el gobernador en la parte central de su primera declaración definiendo un gran porcentaje de la responsabilidad en el abandono que el gobierno nacional ha hecho de la provincia, y, en otro orden, generalizando que tenemos una conformación social indigna de denominarse ciudadana, porque ante el menor atisbo de falta de contención se vuelca a la calle dedicada al pillaje y al saqueo.
Estas dos situaciones fueron reflejadas por los medios de comunicación nacionales, provinciales y regionales, con esta extraña propensión que han adoptado la mayoría de los medios de comunicación y los periodistas de estar a favor o en contra de un determinado gobierno o partido haciendo privilegiar su opinión a la información veraz y al análisis de los hechos. De esta manera, lo único que logran en la transmisión es generar confusión y ello no hace más que mantener un estado de parálisis que impide el recambio dirigencial y atenta con los imprescindibles cambios que los ciudadanos deben encarar y concretar para reafirmar el estado democrático.

El estado de confrontación política entre los gobiernos nacional y provincial existe, los cordobeses son rehenes de el y lo tienen asumido, por lo tanto saben lo que no deben esperar, mucho más esclarecido debe estar, entonces, de esta situación el gabinete de gobierno, en función de lo cual tiene que ser previsor y por lo tanto mantenerse alerta ante los probables conflictos que se generan en su entorno y que puedan afectar su capacidad de maniobra, esto es gobernar, esperar que la provincia se te incendie para salir a buscar responsable afuera es cuando menos de incapaces, a excepción de que seas participe de la cuestión y que con ello se consiga una solución de fondo, que es otra de las hipótesis que deben analizarse con el correr de los días.

Escuchar y leer que hay sectores de cordobeses que carecen de principios, valores y que no están capacitados para vivir en comunidad, que solo centran su intención de vida en beneficiarse del Estado, del asistencialismo político y de la posibilidad de hacerse de lo ajeno, produce dolor y bronca. La pobreza y la marginalidad han sido, son y probablemente serán, utilizadas permanentemente para encubrir lo que los gobiernos, la clase política y el poder económico no supo prevenir ni priorizar. Por eso, fue muy fácil para el gobernador apuntar que los “delincuentes” que se dedicaron al saqueo serían perseguidos y llevados ante la justicia, solicitando a los medios de comunicación los registros que tienen para favorecer esas investigaciones. Eso, es actuar sobre la consecuencia y no sobre la causa, la causa del incendio de Córdoba fue una sublevación y a criterio del gobernador no tiene responsables, es más los premia con el reconocimiento. Para él, sí, la tiene el saqueo, cuyos autores son los vecinos que hartos de ninguneo, de falta de transporte, de pagar el combustible más caro y con ello todo lo que se relaciona, de la falta de energía cada vez que se supera la temperatura promedio, de la policía que se subleva, de los funcionarios corruptos que hacen notar el crecimiento de su patrimonio y nadie rinde cuentas y menos va preso, expresaron, en la ley de la selva imperante, su desasosiego y desamparo. Ese vecino que ve como la corruptela amparada por el poder crece día a día, es el que brindada la posibilidad, sin discriminación de clase, se hace de lo ajeno y de lo que no está en condiciones de adquirir, lo que nunca será justificable, pero que como se ha dicho es consecuencia y no causa (seguramente hubo delincuentes que aprovecharon la ocasión para hacer de las suyas, pero puede decirse que fueron los menos, lo que no puede garantizarse es que no hayan sido movilizados y proyectados como autores del inicio de los desmanes).
Los ejemplos de vida en convivencia vienen de aquellos que se conforman como referentes y es evidente que esa referencia adolece de los más básicos principios y valores, salvo contadas y honrosas excepciones.

En el momento de resolución del conflicto el gobierno demostró una debilidad política absoluta y solo recostó su existencia en el hecho mismo de superar la coyuntura, sin mostrar haber realizado un análisis de efectos a futuro. Análisis, que con el correr de las horas y ante la escalada de pronunciamientos policiales que se dio en el resto del país, con un tratamiento absolutamente diferente, y considerando el precedente negativo que se había sentado en Córdoba con una clarísima imagen de total debilidad política tenía que ser revertido, comenzaron a trascender los rumores que manifestaban un profundo cambio en el gabinete y el desplazamiento de la cúpula policial. Lo que finalmente ocurrió el lunes, llevándose puesto el conflicto al Jefe de Gabinete Oscar González, sin dudas, el más comprometido durante el manejo de la crisis.

Es doloroso y triste llegar con este estado de situación a los festejos de los treinta años de democracia, de recordar los momentos previos y el de la asunción de un Presidente a través del voto popular que llegaba a esa condición con el rezo laico del Preámbulo de la Constitución Nacional. Un Presidente que debió enfrentar la estructura de poder que había aglutinado la más sangrienta de las sublevaciones, la que se apropió de los derechos ciudadanos y se conformó como dueña y señora de la vida y bienes de los argentinos, causa nefasta que afecta hasta el presente a un sinfín de conciudadanos. Y que ante las asonadas militares, ese Presidente convocaba a la ciudadanía y de esa manera en Córdoba miles de ciudadanos se volcaban a las calles a marchar en defensa del orden instituido. Ese Presidente, Raúl Ricardo Alfonsín, puedo decir, en mi criterio, fue y es el paladín de esta etapa democrática, porque ha sido el único que subordinó sus intereses propios y partidarios en favor de la democracia, renunciando al poder que el pueblo le había conferido para sostener el sistema que los argentinos habían elegido en búsqueda de la concordia, la paz y el crecimiento como nación. Ese es un referente, a él, a sus ideas, a su ejemplo, le debo respeto, y a los argentinos que día a día construyen, aún con los obstáculos y las miserias que interponen los usurpadores que abundan enquistados en el poder, DEMOCRACIA.

N.H.

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