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Lugar: La Falda, Córdoba, Argentina

El titular ha superado los 25 años en la actividad periodística, habiendo participado de los medios gráficos de la región, ha sido director de medios radiales y ha hecho televisión, fue corresponsal de La Voz del Interior.

jueves, 28 de noviembre de 2013

El Juez Gabriel Premoli ordenó a la Municipalidad de La Falda designar como concejal a Darío Almada ocupando la banca dejada vacante, en su momento, por Gabriel Massheimer

Todo indica que el fallo se encuentra firme y que no existiría vía recursiva alguna para que se produzca un cambio en lo decidido por la autoridad judicial. No obstante, sobre el cierre de esta edición, Asesoría Letrada del municipio realizaba una presentación pues discutiría, al menos, la redacción de lo ordenado y el tema de las costas.

Cabe recordar que interpuesto el Recurso de Amparo por Darío Almada -una vez que fuera designado concejal Damián Olmos en reemplazo del edil Gabriel Massheimer, que por entonces había pedido licencia para hacerse cargo de la Secretaria de Hacienda y Economía- el Juez Gabriel Premoli en primera instancia no dio lugar y en la Sentencia Nº 8, del 16 de marzo de 2013, mantuvo para tal determinación que “la cuestión de fondo estriba en el alcance que tiene el art. 45 de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto estatuye que el cuerpo legislativo “es juez exclusivo de la validez de los títulos, calidades y derechos de sus miembros”. Ante ello, Almada interpone Recurso de Apelación que es tratado por la Cámara de Villa Dolores, la que hace lugar a lo peticionado y ordena al Juez Premoli rever su dictamen, el que es dado a conocer a través de la Sentencia Nº 17 de fecha 21 de agosto de 2013,
resolviendo “Revocar la Sentencia Nº 8 de fecha catorce de marzo de dos mil trece (fs. 132/140), cuya parte dispositiva deberá quedar redactada de la siguiente manera: “I) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Darío Carlos Almada, en contra de la Municipalidad de la Ciudad de La Falda y dejar sin efecto la designación de Damián Olmos en el cargo de Concejal del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de La Falda. Sin costas.- II) Emplazar a la demandada, para que en el término improrrogable de treinta días proceda a designar a Darío Carlos Almada en el cargo de Concejal –previo juramento- a los fines de cubrir la vacante producida por la licencia acordada al Concejal Gabriel Massehimer (arts. 1, 8, 11, 15 y cc. de la ley 4915; y 43 CN; 48 Cons. Provincial)”. (Ver Ecos Nº 538).
Por este dictamen, el Dr. Alberto Marconi en representación del municipio recurrió en Casación, solicitando asimismo el apartamiento de la Cámara de Villa Dolores, siendo la misma no admitida por la Cámara que resolvió, por Auto Interlocutorio Nº 50, emitido en Villa Dolores el 13 de septiembre de 2013, “Declarar mal concedido por resultar formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el abogado de la Municipalidad de La Falda en contra de la Sentencia N° 17 de fecha 21/08/2013, que obra glosado a fs. 221/226 con costas.- 2) Declarar abstracta la recusación del Tribunal articulada por el Dr. Marconi”.
Casi setenta días después, con fecha 21 de noviembre de 2013, el Juez Gabriel Premoli ordena a la Municipalidad de La Falda que “En estos autos caratulados “ALMADA DARIO CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE LA FALDA –AMPARO-“. (Expte. 1163950), que se tramitan ante este Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Cosquín, Secretaria a cargo del autorizante, se ha dispuesto librar a Ud. el presente a fin de requerirle que –en cumplimiento de lo resuelto por Sentencia Nº 17 de fecha 21/08/2013- proceda en el término improrrogable de 30 días y previo juramento de ley a designar en el cargo de concejal al Sr. Darío Carlos Almada para ocupar la vacante que oportunamente se produjese por la licencia del Sr. Gabriel Massheimer.
Se acompaña al presente mandamiento copia certificada de la citada resolución por la que se dejó –asimismo- sin efecto la designación en el cargo de concejal del Sr, Damián Olmos, para ser reemplazado por Darío Carlos Almada…”.

Estos son los pasos que se han dado en esta causa que finalmente concluye acordando el derecho de ser concejal de la ciudad por la Unión Cívica Radical a Darío Almada, respetando en un todo lo determinado por el voto popular en las elecciones para autoridades municipales de 2011.
Es de consignar que no se han conseguido declaraciones desde la Asesoría Letrada del municipio, en razón de que han tenido conocimiento de lo ordenado el día viernes, siendo el lunes feriado, sobre el cierre de esta edición se informó que el Dr. Marconi se encontraba en tribunales presentando un escrito sobre la causa. De todas maneras, es de hacer notar que en la última sesión del Concejo Deliberante se autorizó al Presidente del Cuerpo y ViceIntendente Alberto Mainero a intervenir en la cuestión, de acuerdo a las versiones oficiosas que transitan los pasillos municipales, porque lo ordenado no sería claro y de “imposible efectividad” ya que interpretan le ordenaría al Intendente a tomar juramento de un concejal, lo que configuraría un atentado a la independencia del Poder Legislativo, y el otro tema en discusión sería el de las costas. No obstante, y en materia judicial, más allá de haber representado a Almada y por tanto ser parte interesada, la opinión del ex Juez Federal Luis Kessler, que se publica bajo el título “El Poder Político subordinado a la Ley”, nos parece calificada a los fines informativos de nuestros lectores.



Darío Almada: “La Justicia dictaminó que no estuve equivocado”

En diálogo con Ecos, y consultado por cómo se sentía ante el fallo favorable, Almada admitió que “siento satisfacción, porque la justicia, después de un año, ha determinado que tengo razón. Esto me da las facultades para decir que cuando reclamé por mi derecho a ocupar una banca, por el partido en el que hace veinticuatro años que milito, no estaba equivocado. Entonces, siento satisfacción y alegría. Me hubiese gustado que fuera de otra forma, pero, bueno, las cosas se dieron así y la justicia ha hecho notar que la verdad está por encima de otras cosas”.
En relación a que este ha sido un caso referencial para la Justicia cordobesa, mantuvo que “creo que este caso sienta jurisprudencia, a nivel nacional no había precedentes. Hay que destacar algo fundamental, el excelente trabajo que hicieron mis abogados, quiero remarcarlo, porque hablamos de dos profesionales que no especulan con la política y que han dejado demostrado que están abocados a conseguir y provocar justicia, han sabido llevar esto de la mejor forma, debo felicitar a Luis Kessler y Marco Valentini por el impecable trabajo que han desempeñado. Recalcar también que cuando la justicia debe imponerse al poder político debe hacerlo de la manera en que lo ha hecho en este caso, porque sino la decisión de tres ó cuatro personas se impone sobre la voluntad electoral de la gente”.
Requerido por como va a actuar ante la asunción como concejal y el reclamo de resarcimiento por el periodo en que no ocupó la banca, argumentó que “la parte económica que se desprende se me tiene que resarcir por el espacio de tiempo en que no he ocupado la banca quedará en mano de los abogados, lo evaluaremos, si es viable o no, si está bien o mal, si corresponde o no, no es mi interés la parte económica en este momento. Creo que mi mayor satisfacción es la de saber que tenía la razón y que hoy estoy en condiciones de ocupar una banca por la Unión Cívica Radical, desde donde tendré las facultades para devolverle a la gente la confianza que hace dos años nos brindó y que hasta hoy parece encontrarse en deuda”.
Cuando se le planteó que hay dudas en lo que respecta a su accionar futuro dentro del bloque de concejales del oficialismo, señaló que “la responsabilidad que me compete es muy grande, pero creo que todos aquellos que ejercemos la política debemos priorizar a la gente y sus demandas junto al crecimiento de su ciudad, más que los compromisos políticos. No estoy de acuerdo con la obediencia debida cuando te están exigiendo que hagas una determinada cosa con la que no estás de acuerdo porque crees que está mal o no es una buena medida a implementar, me parece que en esos casos lo importante es discutir, debatir, que es lo que mejor le puede pasar a la democracia, y no que por hacer caso a una imposición equivocada arrastrar a un gobierno tras un error. Mi postura es la de tratar de desarrollar la mejor función pública siguiendo lo que la gente dice necesitar o pretende hacer realidad para bien del conjunto. A mi me duele cuando escucho por ahí que alguien dice ustedes los radicales nunca hacen nada, porque se ha esperado doce años para hacer, eso me duele, soy parte de este proceso, porque después de veinticuatro años de militancia sos parte, guste o no. Entonces, tengo que hacerme responsable de la parte que me compete y no tengo que olvidarme al ocupar una banca que estaré ahí porque alguien depositó su confianza en mí para que lo represente, hay que responder a esa confianza y devolverle en hechos lo que en algún momento se prometió u ofreció. Las excusas están demás hay que salir a ofrecer soluciones”.
Agregó que “quiero dejar en claro que la acción judicial por mí emprendida ha estado dirigida en el plano institucional a reclamar por un derecho que consideraba me asistía, que en ningún momento han existido cuestiones personales por demedio, ya sea con los integrantes del Poder Legislativo o Ejecutivo, no mantengo ninguna cuestión personal con alguno. Pienso apoyar todas las buenas acciones que el radicalismo lleve adelante, como también pretenderé corregir o vetar a las que considere estén equivocadas o no responda a los intereses del conjunto. Creo que esa es la forma sana de hacer democracia, de que las instituciones prevalezcan bajo el debate y no porque, como se supo hacer en algún momento, a uno se le ocurrió, cinco lo apoyaron con su voto, y termina perjudicándose todo un pueblo, no debe ser así, para mejor funcionamiento de las instituciones. Es mi opinión, puedo estar equivocado, quizás no es la política que se está implementando, pero lo veo así, me debo a la gente que depositó su confianza en mí, y a un partido, no ha persona aislada alguna…nunca he estado enfrentado con nadie, he podido disentir, opinar distinto, pero problemas personales no he tenido con nadie, de hecho, insisto, me duele cuando se miente, cuando salen a inventar cosas sobre Darío Amada, o que supuestamente hizo Darío Almada, dichos que quedan en el café porque nadie fue a presentar un papel donde se comprobara todas las cosas que dijeron y mintieron de boca para fuera. Repito, quiero sumar, porque a mi me sirve que este gobierno funcione bien, que al Intendente le vaya bien, porque es la posibilidad que tiene el radicalismo de mantenerse en el gobierno a futuro. Si el Intendente hace las cosas mal, si está mal asesorado, obvio que trataré de corregirlo, porque quiero que el radicalismo perdure en el gobierno, es sencillo, es así de simple”.
Por último, se lo interrogó por sus aspiraciones o intenciones políticas a futuro, manteniendo que “todo político siempre tiene una intención, pero me parece que es temprano para salir a hablar de intencionalidades mayores, primero hay que priorizar y hacer el trabajo para luego hablar de intenciones. Creo que hay que hacer lo mejor para que el radicalismo tenga la misma fuerza que tenía hace dos años atrás”.



El Poder Político subordinado a la Ley

La contienda judicial entre Darío Almada y el gobierno municipal donde se disputara una banca en el Concejo Deliberante de La Falda ha llegado a su fin. El Poder Judicial dirimió la cuestión declarando que Almada debe ser incorporado al órgano legislativo dado que su exclusión para ocupar ese cargo, dispuesta por la mayoría oficialista del Concejo, configuró una arbitrariedad.
El caso es paradigmático y reviste singular importancia por cuanto ha sido el Poder Judicial el encargado de resolver cual es el candidato de la lista de un Partido Político a quien le corresponde, conforme a derecho, ocupar una banca en disputa.
Quienes se oponían a la posición de Almada alegaban que la decisión del Concejo Deliberante no era materia que debía someterse al control judicial por cuanto la Carta Orgánica Municipal prescribe que dicho Concejo es juez exclusivo respecto a los títulos, calidades y derechos de sus miembros. O sea, que según esa tesis esgrimida por el gobierno municipal solo la mayoría decide quien debe ser o no ser incorporado al Concejo.
A mi juicio, esa postura se lleva puesto el sistema republicano que se asienta, entre otros pilares, sobre la garantía de que corresponde al Poder Judicial el control de legalidad de los actos que atañen a los derechos ciudadanos.
En modo alguno es posible invocar que ese control judicial afecta la independencia de los Poderes del Estado. Debemos tener muy en claro que cuando una decisión de los Poderes Políticos debe ajustarse a determinada ley que la regula, siempre es procedente que esa decisión pueda ser revisada por el Poder Judicial para verificar si se ha dado cumplimiento a dicha ley; en cambio el Poder Judicial no tendrá injerencia cuando la decisión cuestionada se enmarca en materia reservada a la discrecionalidad de los otros Poderes.
En el caso de La Falda, la cobertura de vacancias en el Concejo Deliberante se encuentra expresamente legislada en la Carta Orgánica, por lo cual resulta absolutamente procedente que el Poder Judicial controle si en la designación de un concejal se ha respetado esa legislación.
De prohibirse el control judicial en estos casos, podría ocurrir que la elección de un candidato emergente de la voluntad popular expresada en las urnas sea reemplazada por la voluntad de un grupo de funcionarios expresada en el órgano legislativo.
En la causa judicial de La Falda, se encuentra firme la sentencia que ha resuelto dejar sin efecto la designación de Damián Olmos como concejal y ordenar la designación de Darío Almada en ese cargo.
El día 22 de Noviembre mediante oficio librado por el Juez interviniente se comunicó formalmente al gobierno Municipal esa disposición, de modo que en estos momentos Olmos ha cesado en sus funciones y Almada deberá ser designado dentro del término de treinta días otorgado a ese efecto por el Tribunal.
Me he enterado por los medios de comunicación que la mayoría del Concejo Deliberante ha facultado a su Presidente Alberto Mainero para que tome intervención en el juicio.
No deja de sorprenderme semejante impertinencia. Si el Juez ordenó que la sentencia se ejecute es porque esa sentencia se encuentra firme y si la sentencia se encuentra firme obviamente no quedan vías recursivas. Según comentarios cuestionarían que al Poder Legislativo no se le dio participación en el juicio. Lo aclaro: La acción fue promovida “contra el Gobierno de la Municipalidad de La Falda” y si leen el art. 37 de la Carta Orgánica advertirán que dice; “El gobierno Municipal esta constituido por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, lo que evidencia que el Concejo Deliberante integra la parte demandada.
Resalto entonces que la demanda no fue promovida contra el Intendente ni contra alguno de los dos poderes individuamente, que carecen de personalidad jurídica, sino contra el gobierno municipal integrado por ambos. El gobierno municipal resolvió tomar intervención en la causa mediante la participación del Intendente, que es quien debe representarlo en los juicios conforme a lo dispuesto en el art. 74 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, de modo que la relación procesal se construyó con la mayor legitimidad.
La independencia de los Poderes Municipales no se debe confundir con la personalidad jurídica. Los poderes son independientes, pero el Estado Municipal se instituye en una sola persona jurídica porque como lo sostiene la doctrina, la personalidad jurídica de Derecho público es propia del Estado mismo y no de los diferentes Poderes del Estado.
Sin perjuicio de lo dicho, para abundar en el tema imaginemos que el Poder Legislativo hubiese tenido legitimación individual para actuar en el juicio. En ese caso cualquier cuestionamiento lo debió efectuar en los plazos procesales pertinentes, y como no lo hizo, aún en tal hipotético supuesto su derecho ha caducado. ¿Podrá acaso el Presidente del Concejo manifestar ante los Estrados judiciales que no intervino en tiempo porque recién ahora se entera de la existencia del juicio?. No creo que ponga en juego su honra emitiendo una mentira tan burda. Todos sabemos que desde el inicio del juicio estuvo pendiente de su trámite opinando al respecto en incontables oportunidades. Además hay grabaciones de una nota periodística que hizo para TDC el 6 de julio de 2013 (ver TDCRED) en la que defiende la posición de la Municipalidad en la acción de amparo promovida por Almada y hace público que se respetará el veredicto de la Justicia.
Creo que ese principio de respetar el veredicto de la Justicia honra a las personas, pero solo es meritorio cuando el resultado es adverso, porque en el triunfo todos son respetuosos. Pienso al respecto que estos casos no deben relegarse al mero resultado de vencedor y vencido. Hubo diferencias de opinión sobre los derechos en crisis y la cuestión la dirimió la autoridad a la cual el Estado de Derecho que afortunadamente nos rige le confiere esa misión.
Señalo finalmente que estas consideraciones tienden simplemente a informar a la opinión pública todo cuanto concierne al juicio que razonablemente ha despertado especial interés, y para esa integral información considero necesario desvirtuar versiones sobre eventuales recursos pendientes que solo generan confusión. Podrá haber alguna presentación que correrá por cuenta y bajo la responsabilidad de quien la formule, pero hay un hecho innegable: El juicio está concluido mediante sentencia firme que reviste la autoridad de COSA JUZGADA.

Luis A. Kessler


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