Vecinos, con posesión precaria de terrenos, se movilizaron y reclamaron conexión de agua en Villa Giardino

El municipio interpreta que los terrenos están usurpados y que los vecinos de Barrio El Molino tendrán conexión del agua cuando presenten la documentación exigida por Ordenanza, entre la que se incluye la titularidad dominial. Mientras tanto, se les permitirá proveerse de la canilla pública cercana. Por otra parte, el Intendente Ochoa advirtió sobre operaciones inmobiliarias que se estarían registrando al margen de las normativas vigentes.

La movilización de las seis familias que reclamaban la conexión de agua en sus terrenos que ocupan bajo posesión precaria, provocó durante el miércoles de la semana pasada la convocatoria a una urgente reunión extraordinaria del Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo y los demandantes.
El reclamo tuvo una amplia cobertura de la página Villa Giardino Noticias, la que resumió y divulgó la posición de los vecinos involucrados, sosteniendo que “El debate por la tierra y el agua tuvo en Villa Giardino un capítulo clave. “Ustedes están sentando un precedente”, dijo la concejal Tepman. El intendente festejó el clima “de diálogo y democracia” que prevaleció en la jornada. En cambio, el concejal Camarca se retiró visiblemente ofuscado.
A las diez de la mañana las seis familias se presentaron en el municipio. Después de los primeros diálogos, en que no hubo acuerdo, el intendente convocó de urgencia a todos los concejales y a los secretarios de gobierno y turismo, y hacia las 13 horas comenzó una reunión en la que hubo fuertes gritos pero no se pasó a mayores.
Después de más de dos horas de argumentaciones los vecinos lograron un principio de acuerdo para acceder al agua. Recordemos que para iniciar la conexión, el municipio exigía títulos de propiedad y planos. Ahora accederá a recibir los stickers con número de expediente del Plan Tierras del Futuro y relevamiento de las viviendas en construcción. Mientras tanto, los vecinos podrán proveerse agua tomándola de la canilla de la plaza lindera a los terrenos.
El principal argumento esgrimido por el municipio para negar la conexión a la red de agua era la situación legal de las tierras, ya que desde su punto de vista se trataba de una usurpación. Durante la reunión de hoy, los vecinos aclararon los términos de la ley 9150, que garantiza facultades de dueño a quienes se ocupan de un terreno abandonado.
Según los vecinos, los pasos de la posesión fueron dados en el orden correspondiente: alambrado, mejoras, declaraciones juradas, inicio de obras y presentación ante la autoridad provincial de tierras. Se acordó que una vez que la provincia expida las certificaciones de los trámites iniciados, se comienza la instalación del agua. Mientras tanto, dado que las leyes internacionales –de mayor rango que las ordenanzas- explicitan que no se puede negar el acceso al agua por ser derecho humano fundamental, se permitirá que las familias se provean de la canilla pública ubicada frente a los terrenos.
El debate de fondo tiene que ver con el acceso a la tierra, ya que por fuerza del mercado inmobiliario los precios de los terrenos ya son inalcanzables para el común de la gente. Hasta ahora, la municipalidad y algunas inmobiliarias vienen monopolizando o controlando el manejo de terrenos “abandonados” o en juicio por falta de pago de impuestos. Esta es la primera vez que se realiza una “toma de hecho” como dice la ley provincial, y el temor manifiesto de algunos sectores del pueblo es que esta modalidad crezca en adeptos.
En ese sentido, varios concejales planteaban que es “muy fácil tomar un terreno” y ponerse a construir, en detrimento de quienes han trabajado para juntar dinero y comprar tierra en la forma tradicional. A esto han respondido los vecinos que “hacerse cargo de la tierra abandonada es un derecho” y que “no es nada fácil estar todo el día construyendo con escasos recursos”. Remarcaron incluso que hay algo “lamentablemente” más fácil, que es venir con mucho dinero y comprar y construir para especular y no para vivir”.
En lo que respecta al agua, vecinos de la Asamblea Villa Giardino Despierta, presentes en la puerta del municipio, acotaron que resultaría bochornoso que el municipio por un lado siga permitiendo que Pueblo Nativo Golf Hotel gaste 150.000 litros de agua por día para regar césped mientras les niega la conexión a familias con niños.
El 3 de septiembre pasado, un comunicado de la organización Plataforma 2012 remarcó que “existe una relación directa entre la especulación inmobiliaria y la conflictividad creciente generada por la falta de viviendas dignas para los sectores de menores recursos”.

La posición municipal

El intendente Juan José Ochoa, en diálogo con Ecos, mantuvo que “no se puede hablar de que se haya arribado a acuerdo alguno. No hay posibilidad de ello porque la legislación lo impide, de hecho que ellos se estaban proveyendo de agua a través de vecinos o tomándola de la canilla pública, y es lo que sigue sucediendo, no puede negárseles el agua en esos términos, pero hay claras irregularidades en esas posesiones que deberán ser esclarecidas, prácticamente de manera inmediata, pues confrontan con la legislación vigente que es la que se tiene que cumplir”.
En cuanto al marco legal de las posesiones, aseveró que “como autoridades de gobierno tenemos que exigir el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que tienen fuerza de ley, cuando empezamos a hablar de una posesión de tierra, podemos decir que en una cuestión de titularidad dominial el municipio no puede interferir en la situación puesto que quien tiene que defenderla es el propietario que está inscripto en el Registro de la Propiedad y que es lo que determina quien es el real y verdadero dueño de la tierra. Entonces, acá se presenta, en mi criterio, un error en la interpretación de lo que es la Ley de Saneamiento de Títulos, porque los vecinos toman que el hecho de tomar posesión de una porción de tierra ya la hace su propiedad, cuando la ley originalmente plantea el saneamiento de títulos de tierras que habían venido pasando de mano en mano por cuestiones de heredad y que no tenían regularizados sus títulos. Puede darse otra interpretación, que es la de tener una posesión, para lo cual habrá que ver la usurpación del bien privado, pero esto es para el análisis”.
En cuanto a las conexiones domiciliarias de agua corriente, apuntó que “la normativa municipal exige que cada propietario debe acreditar titularidad dominial, en este caso no se ha acreditado, al día de la fecha, ninguna titularidad dominial, ni siquiera la inscripción en el Registro de Poseedores, porque los expedientes así lo demuestran, sólo actas confeccionadas ante el Juzgado de Paz donde se determina lo que una persona denuncia como posesión, para nosotros eso no significa acreditación de titularidad dominial como exige la Ordenanza. La otra cuestión a considerar es que deben presentarse planos constructivos para nosotros tener el control de lo que significa el Código de Edificación y el Código de Zonificación para ver qué clase y características de la construcción que se va a llevar adelante, con qué metodología se la va a desarrollar y demás, de lo cual nada se ha presentado, lo que carga responsabilidad al municipio, ya que esta obligado a controlar que lo que se construye encuadre en las normativas exigidas, distinto es el caso en que existe un responsable técnico del diseño y construcción de una vivienda. Es obvio, que se han hecho varias inspecciones, hay un seguimiento desde el comienzo de las obras privadas, se han hecho fotografías, se les ha comunicado a los vecinos la situación, que para nosotros es irregular. Días más tarde, vecinos del sector nos comunican que se está haciendo una zanja en la calle, todo indicaba para una conexión de agua clandestina, los inspectores no trabajaban por ser fin de semana, hubo que comunicar a la autoridad policial para que interviniese, porque se estaba avasallando el espacio público y provocando inseguridad, lo que genera responsabilidad municipal ante un posible accidente. Se hizo clausurar el zanjado, se les comunicó y vino el reclamo, todo vecino tiene derecho a reclamar, movilizarse, demandar, pero el municipio tiene el deber de respetar lo legislado y está facultado incluso hasta para demoler construcciones que estén por fuera de las normativas en vigencia. Entonces, mal podemos realizar conexiones de agua que no estén encuadradas en la ley. Por otra parte, hay otros vecinos en la zona que están exigiendo la aplicación de lo normado en defensa del valor de sus inversiones que han seguido el criterio de los Códigos establecidos. Lo que demuestra una falta de equidad con respecto al resto de los vecinos…En síntesis, se les ha escuchado, hasta se convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, que acudió de inmediato, ante el hecho de que esta gente decía iba a mantenerse frente al municipio hasta recibir una respuesta, todos hemos coincidido en que es necesario cubrir todos los requisitos que exigen las ordenanzas previo a ordenar la conexión de agua y así se les ha informado…”.
Cabe apuntar que de la documentación a la que se tuvo acceso en lo que hace a tiempo de supuesta posesión la más antigua sería de dos años, existiendo alguna de tan solo de cuatro meses, lo que llevo a Ochoa a informar que “se están dando estos casos y hay que prestarles mucha atención, primero porque no se puede usurpar con el solo hecho de alambrar, nos encontramos con gente defraudada en su buena fe que está adquiriendo derechos y acciones de ocupaciones de un año, cuando para tener un cierto derecho tenemos que hablar de ocupación de veinte años, cuando hay tierra que se encuentra bajo la órbita judicial por falta de pago desde hace varios años y otros que están tratando de pagar sus deudas, por eso también hay que advertir a probables compradores de que antes de cerrar una operación pasen por el municipio y se informen porque hay gente que está vendiendo por fuera del marco legal”.