Si el sistema judicial está colapsado, la ley es letra muerta

Las estadísticas continúan marcando en el Valle de Punilla un crecimiento sostenido de las denuncias por Violencia Familiar. Sin embargo, desde 2007 a la fecha nada ha cambiado en materia de prevención e intervención judicial.

En el año 2007 el Centro de Protección Familiar de la Falda, junto a la Red Nosotras en el Mundo, Cicsa y AMMAR de Córdoba capital, nos propusimos como parte de una Campaña de Información Pública con perspectiva de género, solicitar al Programa de Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba, saber cómo estaba funcionando el programa y con qué datos estadísticos contaban. Enorme fue mi sorpresa en aquel año cuando me enteré que el Valle de Punilla tenía la estadística más alta en denuncias de Violencia Familiar, después del estallido mediático que generó esta información, nada se modificó en la realidad en lo que refiere a la asistencia a las víctimas de violencias.
Los últimos datos no deparan nada nuevo, Cosquín sigue siendo la que encabeza el ranking con 20 denuncias cada mil habitantes y le sigue con un crecimiento marcado Santa María que de 13 paso a 19 denuncias c/mil hab. luego parece Bialet Massé que al igual que Capilla del Monte tienen 12 c/mil hab. La Cumbre que de muy bajo datos, salta a 9 denuncias c/mil hab. y nuestras queridas La Falda y Huerta Grande con 8 denuncias c/mil hab.
Todas estas ciudades superan el promedio provincial. Ya lo había dicho en un análisis específico anterior, advertía que en La Falda en el transcurso de tres años 2007, 2008 y 2009 las denuncias habían crecido un 149 % y que esto no se reflejaba en la Asistencia a las víctimas, ni en la Justicia.
Cuando trabajamos sobre los derechos hacemos hincapié en que debemos “querernos” lo suficiente y tomar distancia de quien nos humilla, nos pega, nos maltrata y hacemos el paso y nos encontramos que todo el sistema está desbordado. La Justicia y los órganos del Estado ponen parches momentáneos, lo observamos en la cantidad de “reconciliaciones”. Lo único que logran es profundizar la violencia ya existente y llevar a las familias intervenidas a situaciones de extrema vulneración donde esa violencia se manifiesta de formas diversas.

Sobre llovido…

Este mes ha crecido la búsqueda de orientación para comprender el circuito legal en denuncias por Abuso Sexual Infantil; estoy viendo con estupor, como el sistema re victimiza a las víctimas, no tienen asistencia interdisciplinaria, de hecho no existe - la particularidad de esta victimización es que, es violentado por un adulto afectivamente significativo y en una etapa del desarrollo especial del niño/a.
A su familia la justicia la ignora o se le niega información y le dicen que todo es secreto de sumario, lo que alimenta los miedos y las ansiedades, le expresan concretamente que busque un abogado si quiere ser querellante y el que no tiene para pagar qué hace?
SI NO HAY UN ABOGADO QUE PRESIONE, LA CAUSA DUERME.
Ni hablar que en la Unidad Judicial no querían tomar denuncias a allegados de las pequeñas victimas porque no eran los padres…(en el segundo semestre del 2010 las estadísticas reflejaban que casi el 50% de los abusadores eran los padres biológicos y padrastros) E inclusive a alguna le dijeron ¿y usted qué se mete?
En estos casos el abusador es una persona conocida y de mucha confianza con las víctimas, pariente directo en su mayoría, y es al que mejor le va en esta espeluznante historia, ya que es inocente hasta que se pruebe lo contrario y anda en la vida como si nada tuviere que temer. Siendo un vecino más que lo tenemos cerca de nuestros hijos/as, sin que nadie controle absolutamente nada. La prevención implica no solo que el hecho ocurra sino que una vez acontecido se minimice sus consecuencias, a este hecho primario de victimización se le agrega una victimización secundaria por parte de las instituciones que deben dar respuestas, para la policía y la fiscalía esta es una cuestión privada, Sres. ¡¡ESTO ES PROBLEMA PÚBLICO!!
Desde 1994 oportunidad en que se reformó nuestra Constitución Nacional dándoles jerarquía legal a las Convenciones afirmando que al niño/a, se los debe respetar integralmente. Si bien tradicionalmente para el Derecho Penal el objetivo era el esclarecimiento de los hechos y la sanción del responsable, hoy está claro que la prioridad de la intervención judicial es la protección integral de nuestra niñez y en segundo lugar el esclarecimiento. Estas intervenciones desarticuladas, sin información aumentan el riesgo de las víctimas, que deben convivir en los espacios públicos con sus abusadores ocasionando nuevos sufrimientos y humillaciones. La lentitud de la justicia permite que la víctima no declare porque no hay turnos inmediatos en la Cámara Gesell, por lo que se le quita la expresión natural y el preservar la palabra del niño/a con lo que surge la odiosa impunidad…

La justicia lenta no es justicia…

Karina Lucero
Ce.Pro.Fa.