¿La propiedad del Hotel Alto San Pedro signada por el fraude?

La sentencia que dejo firme el primer pronunciamiento de la Justicia, del que informara, en La Voz del interior, el periodista Sergio Carreras, trajo su correlato de interrogantes para el Valle de Punilla. Lo que es natural, en virtud del contenido judicial, declarativo y político que se le dio a la misma y considerando que la propiedad está inscripta a nombre del actual Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara.

La información en cuestión señalaba que “…el 13 de marzo, la Cámara Civil de Tercera Nominación de Córdoba admitió la demanda de impugnación que presentó… Franco Runca, un conocido empresario gastronómico de Villa Giardino, quien desde 2001 lleva adelante una complicada pelea judicial para recuperar una parte de Alto San Pedro. Runca afirma que de manera irregular y con mentiras fue excluido de la sociedad Estancia Hotel Alto San Pedro SA… La reciente sentencia judicial es una puerta para que Runca refuerce su reclamo por casi la mitad de la millonaria propiedad, porque convalida un fallo anterior, de 2008, donde se afirmó con claridad que Runca fue excluido de modo incorrecto y que hubo irregularidades que lo perjudicaron, como numerosas falsificaciones de su firma en pagarés de la sociedad…”.
La propiedad actual del hotel, ratificada por propias declaraciones, es del actual Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara, quien sostiene haberla adquirido de la Administración Giardino y que por tanto “No es algo que me involucre a mí. Runca está discutiendo con sus ex socios, de una sociedad que ya no existe, por un derecho que ya es abstracto. Mi sociedad tiene un nombre parecido, Emprendimientos Turísticos Alto San Pedro, pero es otra. Yo compré el hotel a los Giardino, la familia fundadora del pueblo”, informa el artículo mencionado. Mientras Runca manifestó en el Programa hablemos Claro, del último sábado, que “…mi cuestionamiento es con la sociedad que oportunamente integré y no con Mario Decara, en eso tiene razón Mario…mi sociedad integraba a Adrián Agra y otros, yo era Vicepresidente en representación del 44 por ciento de las acciones, habíamos adquirido la propiedad a la Administración Giardino, y en una asamblea se me informa que el criterio era el de alquilar el hotel con opción a compra, a lo que me niego, y con posterioridad noto en el balance que se habían fraguado documentos con mi firma…ahí comienza el problema, porque hago impugnación del balance y los peritos demuestran que fue una maniobra de mis socios, que no sé quienes estuvieron involucrados y afectaron mi patrimonio y el de mi familia…Creo que la Administración Giardino le vendió a Decara, así esta escriturado. Creo en lo que dice Mario. Cuando presenté la impugnación al balance, se entra en conflicto judicial, y el resto de la sociedad alquila a nombres que pertenecen al círculo cercano a Mario, Roberto Rodríguez, Alberto Szeiber y otros, y termina en propiedad de Mario. Lo que no sé cómo sucedió es cómo se vendió, porque el problema judicial estaba planteado y mi negativa a alquilar o vender, como se vendió pretendo la parte que me corresponde, alguien tiene que pagarme lo que legítimamente me corresponde, después de tantos años de litigio y apelaciones, que no hicieron, y hoy la sentencia está firme…”.
Más adelante agregó que “mi sociedad, en ese momento, me denunció penalmente por una supuesta falta de dineros, y la Justicia ha determinado lo contrario, a través de Perito Oficial, con documentación que fue incautada en el domicilio de Rodríguez en La Falda, actuación que se realizó a pedido nuestro porque recibimos la información de que allí se encontraba y así fue…Esa documentación es la verdadera administración que habían ocultado y yo venía llevando a cabo, la que contrastada con la que presentaron mis socios determinó el hecho de que la habían fraguado para perjudicarme”.
Este dato, exigió requerirle por si creía que existió connivencia de todas las partes involucradas, respondiendo que “no sé, no puedo establecerlo, hay evidencias que parecen ser claras. Por eso, le pido hoy a la Fiscal (Alejandra) Hillman, que ella conoce todo cómo sucedió y que sabe que Francisco Alberto Runca era el dueño de la propiedad antes de que se conformara la sociedad y que es el que no ha recibido un peso por la venta. Me fui pensando que algún día iba a cobrar y nunca cobré…miren, yo pagué, porque era garante, las multas que EPEC le hizo al hotel porque estaba “enganchado” (conexión fraudulenta) en dos oportunidades, porque, caso contrario, me cortaban el servicio en el restaurante (La Fontana)…
P- Entonces sabe a nombre de quién estaba el servicio, se dice que a la esposa de Mario Decara…
FR- (Se ríe) No sé, pero sé que tuve que pagarlas…y les importó un comino si me cortaban la luz en el restaurante…
Tras agradecer a quienes lo acompañaron en los momentos difíciles que esta trama perjudicial le propino y rescatar los valores familiares que lo mantuvieron firme en la búsqueda de esclarecimiento y justicia, definió que “Lo que hoy sé, es que a mi me corresponde una parte del hotel. Estoy totalmente abierto, como lo está mi abogado, a conversar, se equivocaron y se verá quienes fueron los gestores de está historia, pero el que me tiene que pagar es el que está hoy en el predio…vos te querés quedar en el predio, quédate, pero paga lo que me corresponde, el sacrificio mío y el de mi familia no se lo regalo a nadie…”.
Requerido por si considera que la propiedad tiene un costo de 5 millones de dólares, ya que Decara lo presentó como excesivo, manifestó que “pienso lo mismo que él, que no vale tanto. Por eso, que me dé la parte de tierra que me corresponde y chau…”.
Cabe acotar, que la nota de Carreras informa que la declaración jurada de bienes personales de Decara ante la Afip, destaca “147.462,02 pesos como valuación fiscal del establecimiento, comprado en 2009, tal como hizo en su declaración jurada de funcionario”.


La Justicia como única protagonista en el esclarecimiento

Los tiempos de la justicia, es claro, no son los mismos que el de aquellos que buscan ser amparados por sus investigaciones en defensa de sus derechos. Y es así que Francisco Runca recién alrededor de ocho años después de que se iniciaran las investigaciones judiciales puede, con fundamento legal, demostrar que no estafó sino que fue estafado. Pero aún así, todavía no puede recuperar el patrimonio que le pertenecería y que sería justo le fuera reintegrado.

La trama de lo que ha venido ocurriendo con la propiedad que Runca adquirió a la Administración Giardino en 2001 y que hoy tiene, escritura mediante, a Mario Decara como titular, va manifestando una urdimbre de relaciones y hechos que aparentemente debieron confluir en actos que persiguieron el criterio determinado de perjudicar al primero. Parte de este entramado ha sido dilucidado por la investigación judicial, determinando, a través de la documentación oportunamente incautada, que los socios de Runca fraguaron documentos y accionaron ilegalmente para separarlo de su integración. Lo que resta por esclarecer es cómo se produce la venta a Decara, ya que la Administración Giardino aparece como virtualmente impedida de hacerlo porque el bien ya no era de su propiedad, y más aún, era de público conocimiento en la localidad de Villa Giardino, no una gran urbe por cierto, el conflicto judicial que enfrentaba a Runca con el resto de los integrantes de la sociedad que en su momento se conformara, razón por la cual, cualquier trámite o gestión que se hubiera intentado debió tener el conocimiento de éste, como parte directamente involucrada, lo que dice no sucedió. Así planteado, debería inferirse que Decara también fue víctima de fraude, porque se desconoce qué resquicio legal se utilizó para venderle.

La aparición, previa a la compra, de figuras pertenecientes al círculo íntimo, de público reconocimiento, de Decara, a lo que se sumaría la titularidad de algún servicio a nombre de un familiar directo, hace presumir que pudo haber gestiones e información influyente en su favor para adquirir la propiedad. Fundándose, en estos elementos, y probablemente en otros de su conocimiento o presunción, David Buccini se pregunta, en está edición, si Runca inicialmente no conformó la sociedad con Mario Decara siendo éste último representado por terceros. De así haber sucedido, no se conoce fehacientemente la causa que llevó a la ruptura, pero si se sabe que Runca fue la víctima de lo que se tramó para separarlo y que en esa confabulación, de probarse, participaron una serie de personas, por lo que, en tal caso, la figura de fraude podría ser reemplaza por la de asociación ilícita.

Es obvio, que estás son todas presunciones, la que deberá precisar los alcances de lo acaecido será la Justicia, que como dijimos maneja sus propios tiempos. Hay que considerar que para el delito de defraudación el Código Penal determina en su artículo 172 que “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Agregando en el artículo 173 que “Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece”, en los incisos 3º. El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento; 5º. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero; 6º. El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibidos; 7º. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos; 8º. El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante; 9º. El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos; 11. El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía”, que exponemos a manera de ejemplo. Pero, lo cierto es que el alcance máximo de la pena es de seis años, si consideramos que la misma se inició en 2003, los términos de prescripción pueden estar prontos, dependiendo de los actos interruptivos de prescripción que puedan haberse interpuesto.
Como puede observarse la trama es compleja y habrá que seguir atentamente los pasos que se darán en búsqueda de su total esclarecimiento, preservando la presunción de inocencia hasta que la Justicia tenga su fallo definitivo.

N.H.


Mario Decara y su costumbre de comprar propiedades sin querer pagarlas

Por Davíd Buccini, desde Italia
www.buccinipress.blogspot.com

El empresario Franco Runca y su litigio por la Estancia Alto San Pedro, donde se desnuda el “modus operandi” del Defensor del Pueblo de Córdoba. La loca historia de “corruptos malos” y “corruptos patriotas”.

Había un tiempo en que la política era una actividad de honor, adonde se llegaba con ideas claras y vocación de servicio. Hombres pre claros que podían terminar perdiendo sus propiedades y en la pobreza después de haber servido al país. Sabemos, además, que la cosa no es tan lineal respecto a lo que fue y lo que es, toda vez que en el pasado también siempre existió la corrupción y en el presente existen muchas personas, de diversos sectores, que trabajan honestamente por la comunidad. Pero desde hace un par de décadas, especialmente desde el menemismo de los años 90, la corrupción política se ha extendido como una mancha que a ciertas alturas del poder político parece abarcar a todos o a casi todos. Ahora, en este presente político, la corrupción se ha hecho endémica y hasta encuentra curiosas justificaciones en las cumbres del poder, donde los intelectuales del kirchnerismo hacen la curiosa distinción entre quienes habrían robado vendiendo el país a las corporaciones (o sea los corruptos malos) y quienes aparentemente han sido casi impulsados por las circunstancias a corromperse para hacerse fuertes económicamente y así enfrentar patrióticamente a esos poderes (o sea los corruptos buenos). Este es un razonamiento de por sí absurdo, porque cuando se roba desde la función pública se le roba, siempre, al conjunto de la sociedad. Pero es además un razonamiento hipócrita de los políticos oficialistas de hoy, que en su casi totalidad y desde lo más alto fueron cómplices y partícipes necesarios del latrocinio menemista del que formaron parte activa.
Con el caso del Defensor del Pueblo Mario Decara parece confirmarse esta obsesión patológica de la mayor parte de nuestros políticos gobernantes por apropiarse de lo ajeno, por hacerse de cada vez más y más propiedades y, en todos los casos, con una condición intrínseca al negocio próspero inmobiliario que desarrollan, esto es, no pagando con dinero propio lo que se compra, o pagando dos pesos lo que vale mil (¿se acuerdan de los terrenos que Néstor compró en El Calafate?).
Lo más actual de esta patología es el escandaloso caso del vicepresidente Amado Bodou, el “concheto” de Puerto Madero devenido segundo en la sucesión del mando político del gobierno Nacional & Popular, ungido en ese cargo por el dedo de Cristina Kirchner, a quien le resultará dificil en este caso echarle la culpa a los 90 de los que fue parte en su esencia estructural, con puede observarse en otro caso de actualidad con YPF, donde como senadora recomendó apoyar la privatización menemista de la entonces petrolera estatal.

Alto San Pedro, la joya de Villa Giardino
Todo vuelve a la luz pública por la acción judicial que lleva adelante el empresario gastronómico Franco Runca, quien ya logró demostrar, en dos instancias judiciales que le dieron la razón, que fue estafado por su ex socio Adrián Agra, luego que juntos compraran la Estancia Alto San Pedro con sus mil cien hectáreas. La historia que cuenta Runca es que luego de haber hecho el negocio y de haber puesto en marcha otra vez ese gran emprendimiento turístico, su socio, sin una razón aparente o que al menos diera a conocer, lo traiciona y, de la noche a la mañana, primero lo acusa a Runca de haberse quedado con dinero de la sociedad, y luego le alquila con opción a compra a dos personas notoriamente allegadas a Mario Decara y que incluso trabajan para él: Roberto Rodríguez y Bernardo Szeibert.
Agra, quien posee junto a unos tales “otros” el 56 % de la sociedad, termina por vender la propiedad a estas personas que, a su vez, se la venden luego a su amigo, empleador y jefe político Mario Decara, actual propietario que en su declaración pública como Defensor del Pueblo hace figurar el inmueble a un valor económico irrisorio, tal como se acostumbra en estos casos.
Runca es una persona de trabajo, un emprendedor con gran habilidad comercial y de éxitos notorios en la región. Y seguramente este espíritu de querer crecer lo ha llevado a ingresar a arenas más movedizas, donde los riesgos no comerciales de un negocio suelen ser lo más importante. Y digo esto porque de su extensa y detallada exposición pública, primero ante La Voz del Interior y luego en el programa Hablemos Claro, durante la entrevista que le hicieran Mario Thibault y Nicolás Heredia, dejó en mi opinión un punto clave al oscuro que dispara la siguiente pregunta ¿Runca negoció la conformación de una sociedad para comprar Alto San Pedro con Adrián Agra o directamente con Mario Decara, representado en el acto formal por Adrián Agra?
¿Cómo es que, tras la sorpresiva ruptura que tiene con Agra, éste decide alquilarle con opción a compra a dos representantes directos de Decara? ¿Casualidad o causalidad? ¿Empieza aquí la historia de Decara en Alto San Pedro, con sus dos soldados alquilando a Agra a espaldas de Runca, o es sólo la continuidad de una historia en la que el Defensor del Pueblo participó desde el principio?
Si recordamos que es Runca el que asegura, conoce, sabe que quienes alquilan con opción a compra a su ex socio son personas ligadas a Decara, se hace entonces más difícil creer su version de los hechos.
En síntesis, Runca dice “mi socio, Agra y ‘otros’, me traicionaron”. Pero en verdad la historia pareciera ser que la pelea, por razones que se desconocen, fue entre los verdaderos socios Runca – Decara, que el Defensor del Pueblo saldó a su favor con todas sus armas a disposición, esto es terceras personas a las que involucra y lo representan, sumado al alto grado de impunidad que se tiene desde las cumbres del poder político.

El primer Mandamiento de nuestros políticos
Sobre el final de la entrevista radial, Runca pronunció unas palabras claves para entender el asunto: “Yo sólo quiero cobrar mi parte, lo que me corresponde. No puede ser que te quiten todo, y de pecho”. Seguramente porque esto es así la Justicia le dio la razón.
El problema, a todo esto, fue que, como emprendedor de evidente coraje pero no ajeno a la historia, Runca no temió enfrentar a Decara con toda su fuerza, logrando estas dos sentencias que lo favorecen y que, si se hacen efectivas algún día, podrían llevar al Defensor del Pueblo a violar el primer mandamiento de su propia religión: pagar con propios recursos un inmueble del que se ha apropiado.