La rebelión de Lumasa, la debilidad de los municipios y la participación ciudadana

El Transporte urbano afecta a cuatro localidades ¿Por qué tiene decisión política sólo La Falda? El servicio debiera contemplar una “comisión de usuarios” que asegure la calidad de la prestación a quienes pagan por usar un servicio público con fallas que se multiplican.

Por David Buccini

Cada vez que subo al Lumasa urbano y pago $1,60 el boleto único, tengo una suma de sensaciones encontradas. Por una parte, la pequeña satisfacción de haber contribuido junto a muchos vecinos, con la participación cívica, a que el empresario se diera por enterado de la rebaja del boleto que había establecido el Concejo Deliberante de La Falda. Lumasa lo mantuvo ilegalmente a $ 1,80 por casi un mes. Pero cada vez que paso el umbral del colectivo, no puedo dejar de pensar en lo que constituye una verdadera debilidad del poder ciudadano, representado con mayor o menor suerte por los políticos que están en función de gobierno.
Como se recordará, antes y luego de que Ecos de Punilla advirtiera que la empresa seguía cobrando lo indebido, hubo una reacción de los intendentes de Huerta Grande y de Villa Giardino, solicitando que se cumpliera con la norma votada por una mayoría circunstancial de concejales faldenses. Más formal y cauto, Juan José Ochoa, de Giardino, envió una carta en duros términos a su colega Marcos Sestopal, de La Falda, solicitando que revirtiera la anómala situación, puesto que por la ordenanza vigente ese resorte está en sus manos. Incluso amenazó con la conformación de una empresa local. Más directo e incisivo, Hugo Capdevilla, el caudillo radical de Huerta, elevó la puteada y refiriéndose a Luís Gómez, titular de Lumasa, señaló: “Este gordito… se cree que porque tiene plata puede venir a atropellar. Se cree Patrón Costas”. Con estas descarnadas palabras, Capdevilla manifestó, además, la impotencia del conjunto de la clase política de la región, casi incapaz de hacer cumplir una disposición legal emanada del poder municipal que representan. Esa debilidad se puso en evidencia en la manifestación contra el impuestazo en La Falda, donde hubo un claro mensaje a Lumasa, al ser los de esta empresa los únicos coches de transporte público que no se dejaron pasar durante el breve y pacífico corte de ruta. “Amigos del poder, amigos del poder”, le gritaron parados frente a los coches de Lumasa, que debieron retroceder. “¿Todavía siguen cobrando $ 1,80?”, preguntó un vecino al chofer. Y ante la respuesta afirmativa, se resolvió, espontáneamente, impedirle el paso para enviar un claro mensaje a la empresa. En cualquier caso, la oportuna participación vecinal fue un ingrediente más, aunque creo que no menor, del conflicto. Y aquí lo positivo. Pero la revelación de la debilidad del poder político del Centro de Punilla, al que parece que hasta alguien con un poco de plata se anima a llevárselo por delante, es el dato preocupante que abre interrogantes.
En este sentido, no puede soslayarse un dato central: la actitud indiferente y tácitamente cómplice del Gran Pez Sestopal con la acción rebelde de Lumasa, en claro perjuicio de los bolsillos más flacos de las barriadas por donde circula el transporte público.
El Gran Pez aún no impuso sanciones a la empresa por haber cobrado más caro el boleto de lo que indica la Ordenanza.

¿Para cuando la administración regional?
El carácter regional del transporte urbano, evidentemente, no puede quedar sólo en manos de las autoridades de una de las cuatro ciudades. De Valle Hermoso a Villa Giardino hay una continuidad edilicia. Vista desde el aire, se trata de una mancha demográfica única; parece una sola ciudad. Y la interacción ciudadana es total. Por esta razón no tiene sentido una empresa de transporte para cada una de estas ciudades por separado. Las personas van y vienen a sus trabajos, escuelas, bancos, hacen trámites administrativos, compras, recreación y cualquier otra actividad, sin encontrar un límite real o psicológico. Las ciudades del centro de Punilla están, de hecho, integradas entre sí.
Ahora bien, si el transporte es un servicio público para la región ¿Por qué su ordenamiento y control debe originarse sólo en La Falda? La respuesta técnica la conocemos. La Falda es la ciudad más grande y con el centro comercial y administrativo más importante. Sin embargo, esa respuesta no puede otorgar un derecho especial sobre los otros pueblos. Pero ocurre que como ésta es la división política de la región (cuatro municipios), entonces por una especie de “lógica del tamaño”, recae la responsabilidad de licitar el servicio y ejercer su control en el Gobierno de La Falda. Vista la reciente y traumática experiencia en torno al valor del boleto, se hace evidente que el mecanismo actual ha llegado a su fin y debe ser reemplazado. Y cómo hacer el cambio, ahora es la gran pregunta a responder. Tal vez podría imaginarse algún “Concejo de Concejos”. O sea una representación de concejales proporcional por cada ciudad, que se reunirían a sesionar en un “Concejo del Centro de Punilla”, por ejemplo para debatir y aprobar la ordenanza del transporte público, que a todos compete y a todos afecta. El modelo no es nuevo. Hoy, en épocas de integración regional, ya existen por ejemplo varios institutos del Mercosur, donde se abordan temas diversos de interés común. Si se puede hacer entre países, bien podrían hacerlo una suma de pequeñas ciudades con problemáticas comunes.
Haciendo este sano balance colectivo de nuestros 25 años de democracia, disparado tras la muerte de Raúl Alfonsín, recuerdo las varias páginas escritas y los muchos discursos pronunciados acerca de la integración regional en Punilla. En este sentido, podría decirse que es un avance la existencia del organismo regional que actualmente preside el intendente Jorge Caserio, de Valle Hermoso. Pero sus efectos prácticos parecen insignificantes frente a las urgencias de la realidad. Por caso, ese organismo ni se pronunció ante el grave conflicto planteado por Lumasa.

Una silla para los vecinos
También está la participación ciudadana. Apenas asumido su segundo mandato, Sestopal reflexionó ante Ecos opinando que “la gente no quiere participar en política”. A treinta días de aquellas sesudas palabras, se conformó el movimiento de Autoconvocados por el Gas, creció el número de participantes en las audiencias públicas, y varias instituciones participan y trabajan en el Consejo de la Ciudad, organismo que se reimplantó, precisamente, tras la presión ejercida por la participación política de los vecinos en los asuntos de interés común. Esa participación también apareció en las manifestaciones contra el impuestazo, contra el boleto de Lumasa, y ahora entre los empleados municipales por la recomposición salarial, que como nunca antes, decidieron ponerse los pantalones largos y perder el miedo ante las acostumbradas y solapadas represalias de los mediocres funcionarios para expresar sin más sus opiniones. Las declaraciones del Gran Pez acerca del reclamo salarial no resisten la remembranza. Aseguró que no concedía aumentos para “no hipotecar la ciudad”. Curiosas palabras de un Intendente que realizó los gastos más grandes en cosas sin mucho sentido para el desarrollo de la ciudad, ineficaces, y sin ningún tipo de control real. Si la ciudad queda hipotecada, no será por el aumento salarial, sino por el desmanejo administrativo característico de su gestión.
Volviendo al transporte, además de buscar el consenso regional a través de la creación de nuevos institutos políticos de gobierno, debiera incorporarse formalmente en el pliego de licitación una especie de “comisión de usuarios”, con poder de control sobre la calidad del servicio y con opinión acerca de sus características determinadas en el contrato, entre otras cosas. Los vecinos que pagan el boleto tienen cosas que decir, y deben poder expresarlas institucionalmente, teniendo voz y voto sobre la prestación del servicio público, velando por sus intereses.
Cada vez que hablé con un funcionario del oficialismo, e incluso con concejales o políticos de la oposición, terminan destacando que, más allá de la negativa actitud empresarial reciente, “Lumasa brinda un muy buen servicio a los usuarios”. Y estos comentarios no reflejan otra cosa que la distancia que se ha creado entre gobernantes y gobernados. Porque si bien es cierto que comparado con el anterior prestatario (El Serra), se ha dado un paso adelante, sólo quienes utilizan el servicio a diario pueden dar cuenta de la larga serie de falencias actuales: los horarios fallan con demasiada frecuencia, los tapizados de los asientos están destruidos, el interior de las unidades permanece bastante mugroso y descuidado y se nota en general su falta de mantenimiento, el problema con el cambio es habitual y el redondeo siempre a favor de la empresa, y hasta se han eliminado partes de recorridos dando para ello falsas explicaciones. Todas estas falencias del servicio sólo pueden ser observadas por los usuarios. Y como no sería lógico reclamar que los funcionarios viajen en colectivo para darse cuenta, y ante la falta total de control de la prestación por parte de los Inspectores municipales, la necesidad de una “comisión de usuarios” con poder de control resulta ya impostergable.
Si los gobernantes no quieren sentir el malestar de la gente en la calle o cortando rutas, entonces deben dejar de hacerse los otarios y crear los mecanismos institucionales de participación ciudadana. Hay que integrar administrativamente la región para ampliar el debate y el consenso con la idea de encontrar las soluciones y ofrecer mejores servicios públicos. Y hay que abrir canales institucionales, sin mezquinas especulaciones, a los vecinos que, hay evidencia, desean participar en defensa de sus intereses y por causas comunes a todos.