Una Audiencia Pública con signos positivos de participación de vecinos y profesionales

Hay momentos en que el ciudadano se reconcilia con la democracia y esto a sucedido en la Audiencia Pública, realizada el lunes pasado, para modificar los costos de los aforos por aprobación de planos y relevamientos, en la oportunidad la presencia de profesionales con conocimiento pleno de lo que se discute y vecinos comprometidos demostraron que cuando la ignorancia reina lo mejor es preguntarle a los que saben. Y los que saben manifestaron que la Ordenanza en vigencia es un despropósito en cuanto a lo abultado de la imposición y que la modificación que se pretendía implementar, en algunos casos, incrementaba esos costos. Todo indica que se deberá reformular el proyecto.

Para entrar en tema, en la edición 261 de Ecos de Punilla, el vecino Pedro Nuñez denunciaba en forma pública lo que consideraba un incremento abusivo de los aforos que cobra el municipio por aprobación de planos y relevamientos, poniendo como ejemplo que lo que debía pagar en diciembre de 2007 a $287,40 a marzo de 2008 se habían convertido en $2.794,20, lo que representaba un incremento cercano al 900%.
Es de recordar que en momentos en que se debatió el Presupuesto, Tarifaría e Impositiva para 2008, como lo rememorara en la reciente Audiencia Pública el edil Claudio Stevenot, este incremento no fue tratado en primera lectura, no estaba incorporado en la Audiencia Pública respectiva que se desarrolló en el Auditorio Municipal con una participación de medio millar de vecinos, y tampoco fue discutido en segunda lectura porque el bloque de oposición no participó y por lo tanto la Ordenanza fue aprobada sólo por el oficialismo.
Este enunciado de hechos ya determina una irregularidad en la aprobación del instrumento, sin la necesidad de tener que analizar el desmesurado aumento de los aforos, considerando que además el Colegio de Profesionales de la Construcción ya había determinado un incremento del cien por ciento para los honorarios y que en función de ello lo habitual era que los municipios aplicaran igual incremento discriminando las diferentes categorías de construcción.
Lo cierto es que los ediles oficialistas asumieron que se había deslizado “un error” y que estudiaban la forma de subsanarlo, pero el Poder Ejecutivo hacia oídos sordos y continuaba cobrando las abultadas tasas, lo que fue admitido por el Secretario de Hacienda y Economía Jorge Pafundo en la Audiencia Pública del lunes, añadiendo que unos 200 planos habían sido aprobados y se habían cobrado las tasas correspondientes y que sólo faltaban retirar unos 60 a 70 planos. Ante la requisitoria de que si se aprobaba la modificación planteada se lo haría con retroactividad al 1 de enero del año en curso y si se emitirían por ende las notas de crédito para los vecinos que habían pagado para que no hubiese una sanción para los que cumplieron y un beneficio para quienes se encontraban en mora, dio una respuesta ambigua y traslado la impresión de que no tenía en mente proponer ningún tipo de devolución porque en definitiva quienes habían pagado no habían realizado reclamo alguno. Cuando se le repreguntó por qué se continuó cobrando cuando interpretaba, según sus propias expresiones, que existían desprolijidades en los alcances de la ordenanza, dijo que se les había transmitido a los vecinos y profesionales que presentaron proyectos que “los que quisieran esperar lo hicieran”, que la mayoría optó por pagar y llevó un ejemplo al extremo definiendo que había quienes tenían que vender y exigían la aprobación de los planos para cerrar sus operaciones.
Pero el debate apenas abierto, en realidad se cerró ahí, ya que los profesionales presentes con ejemplos y argumentos contundentes demostraron las incoherencias que mostraba el proyecto y llegaron a considerarlo incluso peor que el que se trataba de modificar en función de que para las grandes superficies eran menores las imposiciones de la Ordenanza vigente que las que imponía el nuevo proyecto. Los argumentos fueron escuchados por los ediles y el Presidente del Concejo Deliberante Francisco Mendieta solicitó se le hicieran llegar copias de los ejemplos y sugerencias brindadas a fin de realizar el estudio pertinente. Todo hizo entrever que había que reformular el proyecto y que había que hacerlo con la visión puesta en la aprobación del presupuesto para 2009 que ya se encuentra en tratamiento. Es de esperar que esta contingencia no provoque el olvido de los funcionarios y concejales, y que la ordenanza a pesar de haberse considerado irregular mantenga sus alcances para el año en curso. Lo que no sería de extrañar, conociendo a los actores oficiales que protagonizan esta historia y habiendo observado la poca intencionalidad manifestada para devolver dineros y dar explicaciones.


Recuadro

Nota elevada por los profesionales al Presidente del Concejo Deliberante

Los profesionales de la construcción que participaron de la Audiencia Pública elevaron una nota a las autoridades del Concejo Deliberante objetando los alcances que se le pretendía dar a la Ordenanza en debate. Los términos del documento son los siguientes: “Los abajo firmantes, profesionales matriculados de las disciplinas de Arquitectura, Ingeniería y/o Agrimensura con domicilio en esta ciudad, vienen por el presente a formular su pública objeción a la sanción, tal como viene pergeñado desde el Poder Ejecutivo, del proyecto de Ordenanza modificando la Ordenanza Tarifaria Municipal nº 2119 en la parte pertinente al Titulo XII - Contribuciones por Servicios relativos a la construcción de Obras Privadas- Artículo 96 y, en particular, en lo relativo a las alícuotas proyectadas para el estudio y aprobación de Planos de Construcción y/o Relevamiento.
Fundamentamos nuestra oposición en cuanto a que se advierte en el proyecto la primacía de un criterio eminentemente recaudacional por parte del municipio, con elevación de las alícuotas o porcentuales a aplicar que van desde el ciento cincuenta por ciento (150%) al cuatrocientos ochenta y tres por ciento (483%) respecto de las alícuotas o porcentuales vigentes hasta el 31 de Diciembre del año 2.007. Si a estos valores le añadimos que, a partir del 01 de Enero del corriente año 2.008, el valor básico presuntivo a nuevo por metro cuadrado de superficie cubierta a aplicar por los diferentes colegios Profesionales se ha incrementado en un cien por ciento (100%), resulta entonces que los montos finales a abonar por la prestación municipal de los servicios de aprobación de planos variarán desde un trescientos por ciento (300%) a un novecientos sesenta y seis por ciento (966%) respecto de los valores que por los mismos conceptos estaban vigentes hasta el 31 de Diciembre pxmo. Pdo.
Esto configura un verdadero despropósito económico del municipio, que no guarda relación con la magnitud del servicio municipal efectivamente prestado y que, por la forma discrecional con que ha sido proyectado, asume las características de un impuesto municipal que está a todas luces vedado. No guarda tampoco relación con la retribución de la tarea y responsabilidad profesional que se desarrolla en los documentos que la Municipalidad debe visar de aprobación sin ningún grado de responsabilidad técnica y/o civil.
A nuestro entender el proyecto con las alícuotas proyectadas solo enervará el ánimo de las inversiones en construcciones en la ciudad, toda vez que es progresivamente creciente en función de la mayor envergadura de las construcciones, hasta llegar al absurdo de percibir una tasa retributiva por demoliciones del cuatro por ciento (4%) del monto del Presupuesto, cuando hasta donde se sabe es nula la prestación de algún servicio municipal sobre las demoliciones; lo deseable sería favorecer las demoliciones de edificios más antiguos para lograr la construcción de otros nuevos en su reemplazo, lo que generaría un incremento de las bases imponibles municipales y por ende una mayor recaudación por servicios a la propiedad, y lo que es fundamental, un incremento de la ejecución de obras privadas con el consiguiente empleo de Mano de Obra evitando la tan temida desocupación.
También nos oponemos porque el proyecto de Ordenanza que se somete a la Asamblea Pública ha sido unilateralmente diseñado, desconociendo absolutamente el aporte de opinión que en su momento varios de los abajo firmantes formulamos ante ese Cuerpo y el Consejo de la Ciudad, desdeñando la participación de un sector de la ciudad que naturalmente piensa en su desarrollo y crecimiento armónicos.
Por último nos ponemos a disposición de ese Poder Legislativo para estudiar con criterio racional la mejor normativa que se pueda aplicar en la ciudad y que propenda al bien común”.