Con bloque dividido, el Poder Ejecutivo prosigue intentando ceder locales y servicios a instituciones

El Poder Ejecutivo faldense continúa pretendiendo entregar la concesión de locales y servicios del Complejo 7 Cascadas a instituciones que ha elegido en forma arbitraría. Mientras, en el Concejo Deliberante se generó un quiebre en el bloque oficialista que puso en evidencia que la cuestión no se estaría manejando de la mejor manera. Tal vez, por esa causa se mencionó que probablemente en el transcurso de la semana se elevaría un nuevo proyecto proveniente del Ejecutivo.

En un nuevo intento de proseguir con este inusual, para muchos ilegal, procedimiento de cesión a instituciones, por un lapso de seis meses que recibiría cesiones precarias cada treinta días, el bloque oficialista dividido y exigiendo el doble voto del Presidente Provisional del cuerpo, negó curso al Proyecto de Resolución elevado por la bancada opositora en donde se le recomendaba al Poder Ejecutivo no continuar con un proceso que evidencia estar viciado de nulidad. El proyecto de Resolución exigía el “estricto cumplimiento a las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal que regulan la concesión de los servicios que allí se prestan”. La que coincide en su pensamiento con la nota elevada al Intendente Marcos Sestopal horas después de negarse a aprobar en primera lectura el proyecto oficial, y en la que se mantenía que “exhortamos Sr. Intendente a no forzar ahora razonamientos para eludir el cumplimiento de la ley. Las excepcionales particularidades del caso justifican dar nueva participación al Concejo Deliberante mediante un pliego de condiciones enmarcado en la razonabilidad y que garantice la igualdad de derechos de los interesados. No dude que en tales condiciones tendrá nuestro apoyo”.
Confirmando el convencimiento que sustenta la oposición, en la oportunidad sostuvieron que “en la última sesión denunciamos que en ese mismo momento se encontraban reunidas algunas instituciones de La Falda convocadas por el Intendente para entregarles la concesión de los locales, hecho que ustedes manifestaron desconocer.
Hoy, con mayores precisiones confirmamos totalmente esa denuncia y agregamos que ahora mismo se encuentran reunidos nuevamente a igual efecto. Sabemos además que las instituciones elegidas por el intendente son cinco. Que la mecánica sería usar a las mismas como concesionarias, aún cuando en los hechos la actividad estaría a cargo de quien ahora explota el negocio que se les adjudica, o de otro comerciante, obviamente “sugerido” por el mismo intendente.
Las instituciones cobrarían una comisión por prestar el nombre, de modo que vendrían a ser una especie de testaferros de esas concesiones truchas”.
En lo que respecta a la responsabilidad atinente al Concejo Deliberante en el control de la gestión del Poder Ejecutivo aseveraron que “no debería ser sólo represiva sino también preventiva. El Concejal Pedro Agost dijo, el jueves pasado, que no era apropiado decirle al Intendente que no hiciera tal cosa, sino que debíamos esperar que lo haga y si no cumple la ley entonces tomar las medidas del caso. No estamos de acuerdo. Si alguien sabe que una persona está cargando un arma para matar a otro no es posible esperar que lo mate para recién actuar. Por ello sostenemos que en este caso, sabiendo que hay actos preparatorios claros para cometer una ilicitud, debemos tratar de impedirlo previniendo al intendente para que no lo haga.
En cuanto a la actitud a asumir por las instituciones que han sido involucradas por el Poder Ejecutivo definieron que “a esta altura de las circunstancias, la esperanza está cifrada en que las instituciones no se presten a este juego. Que no admitan ser presta nombres a cambio de dinero. Seguramente que para emprender una acción de semejante responsabilidad, van a llamar a una asamblea extraordinaria y entonces esperamos que prevalezca la sensatez y declinen el ilegal ofrecimiento. Además pensamos que van a procurar asesorarse, al menos para saber si sus estatutos les autorizan a efectuar un contrato de esa naturaleza y para conocer las responsabilidades que van a asumir.
Las responsabilidades pueden ser penales: ante una presunta complicidad, civiles: por cualquier daño o perjuicio que se cause con la actividad, y laborales: porque deben enfrentar cualquier acción de los empleados que trabajen en los locales”.
Luis Kessler se refirió al aspecto penal afirmando que “voy a insistir en que el caso se configura en el art. 248 del Código Penal que reprime al funcionario que omite aplicar la ley que corresponde. No lo tomen como una amenaza. Ustedes saben, como lo sabemos nosotros, que nunca prospera una denuncia contra un funcionario, pero no olviden que en el 2011 Sestopal va a dejar de ser intendente y las cosas pueden cambiar. Además yo tengo esperanzas que la fiscal (María Alejandra) Hillman deje de ser fiscal para que termine la impunidad de los funcionarios públicos en el Dpto. Punilla”.
Concluyeron su exposición sosteniendo que “hace un mes le enviamos una nota al Intendente solicitándole que envíe un nuevo pliego y asegurándole que si no se reservaba facultades extraordinarias e ilegítimas como en el anterior podía contar con nuestro apoyo, aún con algunas cláusulas que no compartíamos.
Por supuesto no respondió ni envió pliego alguno y dejó pasar el tiempo para decir que ya no se puede hacer una licitación.
Nosotros publicamos en el semanario Ecos de Punilla una nota donde alertábamos que el intendente había enviado ex profeso un pliego de condiciones que sabía no le podíamos aprobar, para poder disponer a su antojo de los locales mediante esa maniobra. Hoy ratificamos ese llamado de atención al comprobar que nos adelantamos a los hechos que están sucediendo.
Pedimos en conclusión a los Sres. Concejales que no esperemos que la ley se viole para actuar. Tratemos de prevenirlo con esta resolución que también preservará a este Poder Legislativo de una grave ilicitud que se esta cometiendo”.
No hubo respuesta concreta de la bancada oficialista, pero a la hora de votar los ediles Fabiana Piva y Rudolf Lescano optaron por abstenerse manifestando desconocimiento de lo que se trataba, quedando la votación final empatada: 3 votos por la afirmativa correspondientes a Ana María Nieto, Luís Kessler y Claudio Stevenot y tres por la negativa Susana Tuzio, Pedro Agost e Iván Aliverti Presidente Provisional del cuerpo que terminó aportando su doble voto, desestimando de esa manera el Proyecto de Resolución.

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Otro capricho de alto costo

Como se ha venido informando el Intendente Marcos Sestopal elevó un proyecto de licitación para ceder los servicios del Complejo 7 Cascadas donde se guardaba algunas prerrogativas excepcionales, para ampliar las concesiones que considerase por lapsos decididos a su sólo criterio, lo que no garantizaba la igualdad de derechos de los participantes. Esta fue la principal razón que esgrimió la oposición para no aprobarlo ni en primera lectura. Por ese entonces se elevaron protestas por la actitud intransigente del bloque opositor y se sostenía que lo habitual debería haber sido que se aprobase en primera lectura, habilitando el proceso y superada la Audiencia Pública no aprobar en segunda lectura si no se habían introducido modificaciones. Pero la posición se sostenía en una cuestión de “principios”, a lo que algunos agregaríamos de “calentura” por la falta de criterio independiente demostrado por los concejales del oficialismo que primero aceptaron modificar los artículos cuestionados y luego cambiaron de parecer negándose a hacerlo. A esta altura de los acontecimientos deberíamos decir que al menos dos de los concejales oficialistas continúan manteniendo opiniones diferentes a las de sus pares de bancada, al menos así ha quedado demostrado en la última votación en el Concejo Deliberante. Pero a partir de aquella negativa, se desencadenó una verdadera catarata de errores que evidenciaron la razón que mantenía la oposición, primero, se convocó a conferencia de prensa donde se habló de que se convocaría a un Concurso de Precios y que tal iniciativa no debía pasar por el Concejo Deliberante, como se ha sostenido en artículos anteriores se les hizo saber que no era así y entonces elucubraron que la salida era involucrar a algunas instituciones, a las que se les propuso se convirtieran en prestanombres para que algunos servidores elegidos por el Poder Ejecutivo se hicieran cargo de los servicios a cesionar y por esta gauchada recibirían, de acuerdo a versiones circulantes, unos 80.000 pesos divididos entre las cinco instituciones elegidas en forma arbitraria. Tan arbitraria que no se llegó a considerar la cantidad que el mismo Ejecutivo convocó para integrar el Consejo de la Ciudad, lo que a su vez puede llevar a generar una confrontación con el Ejecutivo inicialmente y entre instituciones con posterioridad. Es aquí donde se puede apreciar lo efectivo que ha terminado resultando el voto por la negativa que aplicará la oposición. Puede decirse esto porque ha desnudado la escasa, cuando no nula, gestión política del Ejecutivo, el que por cuestiones de capricho, no se puede encontrar otra razón, agrava una situación que pudo manejar a partir de la sugerencia de la bancada opositora que lo invitó a elevar un proyecto conforme a derecho y que se lo aprobaba para superar la situación. La salida ha sido buscar la forma rebuscada y lo único que se ha conseguido por estas horas es poner en la consideración pública a algunos dirigentes institucionales y de proseguir con estas intenciones provocar el riesgo innecesario para esas entidades y esos dirigentes sociales. Porque ya hay quienes se manifiestan reacios a mantenerse dentro de instituciones que hacen caso omiso de los dictados de las normativas vigentes por el mero hecho de cubrir los defectos de los funcionarios de gobierno o por hacerse de algunos pesos que mejorarán en poco sus arcas institucionales, pero pondrán en duda su calidad moral. A lo que hay que sumar el evidente quiebre que se ha provocado en el bloque de la mayoría y que agrega para que los vecinos concluyan que la cuestión no se está manejando de la manera correcta.
A esta altura de los acontecimientos, será bueno recordar a los involucrados que “en la gestión pública hay aciertos que no se cobran, pero que todos los errores se pagan”.
N.H.


Recuadro

Ratificaron fecha de Audiencia Pública para modificar aforos

En la última sesión del Concejo Deliberante faldense se aprobó la Ordenanza destinada a Convocar a la modificación de la Tarifaria 2008, de acuerdo al Art. 64 Carta Orgánica Municipal y Ord. 2159/08, exigiendo aprobación por Audiencia pública y doble lectura, tal como había sido instrumentada originalmente. Debiendo modificarse el Capítulo 12, art.97 al 99, referido al cobro de aforos.
La convocatoria quedo ratificada para el 20 Octubre de 2008, a las 20 Hs., en los salones del Automóvil Club Argentino.
El bloque opositor se abstuvo, determinando que no estaban en contra de la convocatoria, pero si a la restricción impuesta a la participación de los vecinos.
Tras este planteo, Iván Aliverti, en su función de Presidente Provisorio, sostuvo que “estuve pensando y creo que habrá poca gente y que no se hará necesario anotarse, sólo ocurriría si fueran muchos y para tener un ordenamiento para participar”.
Con posterioridad se produjo el siguiente diálogo:
Claudio Stevenot – Si así va a ser, mande a votar de nuevo…
Luis Kessler: No hay que restringir la participación, así debería ser…
Aliverti : Así va a ser. No se le podrá negar a nadie la participación. La Audiencia Pública es para escuchar, nosotros no debemos hablar, así lo dice la Ordenanza.
Ana Nieto: Miren quien lo dice…
Susana Tuzio: Cuando hable cinco veces el mismo, le vas a decir que no hable más.
Aliverti: Depende lo que diga…

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