Piden derogar la Ordenanza que refrendó el convenio para la obra complementaria de gas

El bloque opositor encontró causales en la legislación vigente para solicitar la derogación de la Ordenanza que refrendó el convenio entre el municipio y la empresa que lleva adelante la obra de gas para construir el denominado Ramal de Interconexión. En tanto se avanzaron las conversaciones para cerrar el convenio entre Vecinos Autoconvocados, municipio y empresa. Vecinos recuperan el cuestionamiento relativo a las responsabilidades políticas de los funcionarios en este conflicto.

El bloque del Frente de Todos y con Todos (UCR – PN) en la sesión ordinaria del último jueves presentó un proyecto de derogación de la Ordenanza sancionada el 28 de julio aprobando el convenio de construcción de Ramal de Interconexión de la red domiciliaria de gas entre la Municipalidad de La Falda y la UTE (Ram Construcciones S.R.L. y Combustibles Serranos S.A.).
En el documento se mantiene como causa para el pedido de derogación que “el artículo 138 de la Carta Orgánica Municipal exige aplicar el régimen previsto en el artículo 64 de dicho ordenamiento legal para la sanción de ordenanzas que otorguen la concesión de obra pública.
Que de esa norma, surge con meridiana claridad que cualquier modificación a las condiciones previstas en el otorgamiento de una obra pública queda sujeta al mismo régimen.
Que en la sanción por la que se aprueba el convenio de marras no se respetó la exigencia de dicho régimen legal.
Teniendo en cuenta que es una obligación irrenunciable de todo legislador el respeto irrestricto a la ley…”, en base a esta causal, con posterioridad se pide la derogación de la Ordenanza aprobada.
Cabe consignar que, de acuerdo con las gestiones realizadas por integrantes del bloque opositor, la Ordenanza no había sido promulgada aún el jueves, lo que daba lugar al Recurso de Reconsideración de acuerdo con el Reglamento Interno del Cuerpo, sin embargo optaron por el pedido de derogación atento a los elementos que en la legislación vigente les eran favorables para revertir la decisión adoptada por el bloque oficialista en la sesión especial en que se trato el referendo al convenio en cuestión.

Mediación Judicial
La aprobación de la Ordenanza que se discute, trajo, de acuerdo a las versiones circulantes, cierto malestar en los asesores legales de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, los que entendían que el municipio debía haberse abstenido de todo tipo de determinación mientras se gestionaban los últimos actos para llevar a buen término la Mediación Judicial ante el Ministerio de Justicia de la Provincia.
Sin embargo, cabe comentar que se avanzó en el diálogo y todo hace entrever que en los próximos días puede llegar a firmarse el buscado convenio.
De todas maneras hay que mencionar que los comentarios en cuanto a los planteos que a hecho el representante legal del municipio no guardarían coherencia con lo que funcionarios y ediles habrían expresado en los últimos días y durante la sesión especial que aprobó el convenio de la obra complementaria del ramal de gas.
Esta situación, que algunos pueden considerar irregular y para los conocedores de la gestión de gobierno es habitual, hace que sea difícil dar un panorama con respecto a cuánto han avanzado las conversaciones y cuál puede llegar a ser el resultado final de la Mediación Judicial.

La responsabilidad política
Otro de los temas que apareció con insistencia en las conversaciones de algunos sectores vecinales está relacionado con los fondos que se extraen de Rentas Generales para sostener el pago de la obra de gas, lo que interpretan es subsidiarla a través de los fondos municipales que aportan todos los vecinos, aquellos que están beneficiados por la obra de gas y que ya pagaron la parte que les corresponde con su cedulón, los que aún no pagaron y mantienen discusión en cuanto al precio, los que ya no tendrán, al menos en lo inmediato, la posibilidad de acceder al servicio, los que no saben si algún día llegaran a contar con el servicio y de los que ya están convencidos que nunca lo tendrán, y en la medida en que se conoce como van cerrando los números desde el municipio, muchos comienzan a plantearse porqué los vecinos deben asumir sin discusión los costos económicos que han producido los errores políticos de los gobernantes. Y manifiestan que la responsabilidad política que les cabe a los funcionarios debe tener algún tipo de sanción que supere el juicio de la comunidad. La postura no es nueva, fue sostenida por amplios sectores en el inicio de las asambleas vecinales, pero fue perdiendo adeptos en la medida en que fueron dándose acercamientos y búsquedas de solución al conflicto, hoy con las escasas opciones que han quedado sobre la mesa, vuelve a aparecer el cuestionamiento y se analizan alternativas para encarar la situación desde lo político y judicial. Habrá que ver en qué terminan estas expresiones y elucubraciones.