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Lugar: La Falda, Córdoba, Argentina

El titular ha superado los 25 años en la actividad periodística, habiendo participado de los medios gráficos de la región, ha sido director de medios radiales y ha hecho televisión, fue corresponsal de La Voz del Interior.

jueves, 26 de junio de 2008

Nuevas actuaciones judiciales en el Museo Arqueológico Ambato

“Se ha actuado en la facilitación del robo y tráfico de piezas arqueológicas”

Los vecinos que conforman las Asociación Civil Amigos del Ambato
solicitaron al Juzgado Federal el traslado provisorio del remanente de la saqueada colección que albergara el Museo Arqueológico Argentino Ambato a ámbitos del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba a los fines de obtener un inventario de lo existente y proveer de la seguridad que adolecían en la actualidad. Alejandro Bovo criticó el accionar de los funcionarios municipales y provinciales y sostuvo que existieron actos confluyentes que facilitaron el robo y el tráfico de las piezas arqueológicas.

El viernes pasado funcionarios de la Policía Federal e integrantes del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba concretaron actuaciones por orden del Juzgado Federal Nº 2 en el edificio del Museo Ambato, donde embalaron las piezas que se encontraban esparcidas en el lugar y dispusieron los elementos necesarios para el traslado solicitado por los Amigos del Museo Ambato a dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba a los fines de realizar el inventario de las piezas que quedan tras el último robo que sufriera la colección.
Alejandro Bovo, integrante de la Asociación Civil Amigos del Ambato, en diálogo con Ecos de Punilla informó que “el procedimiento fue concretado por la Policía Federal y profesionales del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba enviados por la Secretaría del Juzgado Federal Nº 2 en función de la próxima mudanza de la colección, que fue saqueada, al depósito de ese museo a raíz de un pedido que hiciéramos en el expediente para que el inventario, que está pendiente de realizarse, constatando el robo de piezas y comparando el última acta que se realizó en las actuaciones concretadas por la Dra. (Alejandra) Hillman que ya forman parte del expediente ante la Justicia Federal, y también por la decisión de la Dra. (Carolina) Scotto aceptó ser la custodia de esos bienes, bajo la responsabilidad de la Dra. Mirta Bonin Directora del museo de Antropología de la UNC, hasta que puedan retornar al Museo Ambato. La gente que participó vino a concretar los trabajos previos, es decir embalar las piezas que se encontraban dispersas y determinar la cantidad de bultos que van a ser transportados en camiones del Ejercito que serán cedidos a tal fin, porque lamentablemente, digo lamentable porque es algo no deseado el tener que mover estas piezas porque es un gran despliegue técnico que involucrará al Ejercito, Policía Federal, Universidad de Córdoba, todo a causa del robo y la falta de seguridad jurídica y seguridad especifica y concreta que hay en La Falda”.
P – ¿Habla de falta de seguridad efectiva y jurídica, en ese marco se han venido desarrollando una serie de acciones, entre las cuales se destaca la participación del Legislador Departamental Rodrigo Serna que logró un pedido de informes de la cámara a Patrimonio Histórico de la provincia. Cuál es el análisis que realizan ustedes de la respuesta obtenida y el estado de ánimo que les embarga ante el conocimiento de la opinión oficial?
R – Cuando digo falta de seguridad es haber observado una confluencia objetiva de hechos que han determinado la posibilidad del robo…confluencia objetiva en las acciones del Ejecutivo Municipal y Ejecutivo Provincial, en el marco que comprende a la Dra. (Josefina) Piana como subgerente de Patrimonio Histórico de la provincia, una confluencia para que esto sea desprotegido y no se ultimen los hechos que hagan a la preservación y a las políticas públicas de preservación, de disposición para la reapertura del museo y que ante este hecho de robo se activen todos los resortes que posee el Estado para su dilucidación. Por eso, especifica en tanto que hay gestiones que no se hicieron ni hay voluntad de hacerlo, por el contrario las últimas gestiones de Piana estuvieron dirigidas a llevarse la colección a la provincia, sin participación de la comunidad ni de quienes estamos desde hace seis años interesados en proteger esto. Y, por otro lado, jurídica porque todas esas acciones como quedan expresadas en el documento respuesta al Legislador Serna, hay mentiras, hay falsedad ideológica, hay distorsión, hay una clara voluntad de no revisar los hechos de acuerdo a como se han dado a lo largo de estos veinte años en relación a la historia del museo y a la historia de la colección, suceso que, no sólo embarra la cancha, confunde, sino que intenta desalentar a quienes queremos claridad y seguridad jurídica para los bienes públicos.
P – Dice la Dra. Piana miente, hace falsedad ideológica, con qué elementos fundamenta esas criticas…
R – Es que creemos que estamos ante un hecho público, en tanto Piana y otros integrantes de estos ejecutivos que hemos tenido, (Luis) Simes, (Juan Carlos) Ottobre, (Marcos) Sesztopal, y otros integrantes de otros organismos de Estado que hemos tenido, alientan la idea de un “hecho privado” (colección) o lo que hemos escuchado de que estamos ante un “patrimonio de la Provincia de Catamarca”, todos esos argumentos que podríamos calificar…por eso habló de falsedad ideológica, porque creo que no hay ningún argumento que le quite responsabilidad a un funcionario público para proteger algo que la Ley lo faculta para cuidar. Esos son los puntos básicos, nosotros estamos trabajando para proteger utilizando las herramientas que creemos tener a nuestro alcance como son la Justicia Federal, una Ley Federal y la presión pública. Nos hemos entrevistado con la Directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano que es el órgano de aplicación de la ley y ellos están preocupados por los sucesos y absolutamente convencidos que la Provincia de Córdoba no sólo no ha actuado sino que tiene acciones confluyentes a la desprotección y al tráfico de los bienes culturales. No se explica de otro modo como puede haber semejante falta de decisión política para proteger, para no investigar, para sumar digamos, porque las políticas públicas son sumas, son construcciones que suman voluntades, las de los gobiernos, las de las organizaciones intermedias, de la comunidad, lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es una férrea oposición, un férreo status quo que suma a la desprotección, que lleva al robo y evidentemente al tráfico, porque esos bienes arqueológicos, tal como lo hemos denunciado en la Fiscalía Federal Nº 1, son bienes que están traficados en el territorio nacional.
P- Haber si entendí bien, el máximo organismo nacional dedicado a la protección de estos valores arqueológicos determina que el accionar que han realizado los funcionarios de la Provincia de Córdoba estuvo dirigido a la facilitación del robo y el tráfico de esas piezas…
R – Es lo que expresó la Dra. Diana Rolandi a nuestro representante legal en Buenos Aires. Es más…lo que pasa es que acá, yo creo que no hay nadie inocente, y creo que los Amigos del Ambato a esta altura del partido tampoco somos inocentes y sabemos que éste suceso no es aislado, no es algo que sucedió solamente en forma desgraciada, sucedió a raíz de factores concurrentes, ahora la Dra. Rolandi dice que intimaron reiteradamente a la provincia para que cumpla con su rol y no lo ha hecho. Ahora, nosotros pedimos la protección del patrimonio público desde la Presidenta hacia abajo y pretendemos el compromiso en tal sentido, por eso cuando nos entrevistamos con la Dra. Scotto ella no tuvo ninguna duda en decir que estaba con nosotros, porque tiene que ver esto básicamente con que el conocimiento y los patrimonios son de dominio público, son capital social, porque nosotros podemos entrar en discusión con gente que discute y tiene posiciones que pueden flexibilizarse porque este es un largo proceso de aprendizaje, lo que no podrán cambiar es nuestro convencimiento de que esto es capital social y que el Museo Ambato dentro de lo que tiene para exponer como espacio físico y edilicio es un bien público y su fin también es bien público dirigido al conocimiento arqueológico. Si nosotros no hubiésemos comprendido esto desde el principio de nuestra tarea, no se nos revelaría con tanta nitidez y claridad las acciones concurrentes que facilitan el tráfico de estos bienes.

Recuadro

El por qué del traslado

La Asociación Civil Amigos del Ambato solicitó al Juzgado Federal, que lleva adelante la causa del Recurso de Amparo oportunamente interpuesto, que intervenga en virtud de que “la colección del Museo Arqueológico Argentino Ambato de la Falda, ha sido saqueada”.
Tras recordar el estado de desamparo y desprotección del patrimonio arqueológico que fuera la causal para el recurso judicial y ante el robo reciente, los vecinos manifiestan que “Desgraciadamente el robo y el saqueo justifica de manera harto evidente la Demanda de Amparo, y nos reafirma en nuestra convicción de continuar con nuestro accionar por el esclarecimiento de los hechos, la detención de los autores materiales e intelectuales y la recuperación de las piezas con el claro objetivo de que vuelvan a su lugar de origen, es decir al inmueble adquirido con el único fin de que el mismo funcione el Museo Arqueológico Argentino Ambato de la Ciudad de La Falda.
Que lo que ha quedado de la colección se encuentra desprotegido. Que a los fines de su protección y con carácter estrictamente provisorio solicitamos a VS ordene el inmediato traslado a las dependencias del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Además, el depósito – provisorio – de las piezas en dicha dependencia, facilitaría el trabajo del perito inventariador que ha sido nombrado, de la lista que enviará la directora de dicho museo”.
Firman la petición que dio origen a las actuaciones del último fin de semana, Alejandro Bovo – Dora Bugatto - María Leiva – José Spada – René Rubén Musso – Elida Castro -

Recuadro

Información o desinformación

La respuesta al Pedido de Informes de la Legislatura Provincial, a solicitud del Legislador Departamental Rodrigo Serna, elevado por la Dra. Josefina Piana posee algunas cuestiones que son dignas de informar. El documento trata de resumir cronológicamente las intervenciones que ha tenido Patrimonio Histórico por si o por solicitud municipal, al tiempo que historia los hechos que permitieron el asiento de la colección arqueológica en La Falda. Destaca la donación provincial de los dineros para adquirir el inmueble y el alcance del comodato otorgado a Aroldo Rosso para utilizar el inmueble por el término de 15 años con vencimiento el 15 de noviembre de 2002.
En lo concerniente a temas de profunda discusión y mucho ocultamiento y desconocimiento, en el punto 6 de lo informativo señala que “en el año 1997, personal profesional del área Patrimonio Cultural realiza el inventario de la colección depositada en la localidad de La Falda, a solicitud de la Justicia Provincial. El original del inventario se encuentra en el Juzgado 19 Civil y Comercial (Dr. Mario Lezcano) en el juicio sucesorio del Sr. Aroldo Rosso. Una copia de ese documento, sin legalizar, se encuentra en los archivos de esta dirección”. Lo llamativo es que en el punto 4 de las preguntas del Pedido de Informe se sostiene que “Inventario de las piezas de la colección: el inventario al que se hace referencia en párrafos anteriores comprende solamente los bienes expuestos en el Hotel Edén, estamos informados que otra parte de la colección (no inventariada) estaría en manos de los herederos de Aroldo Rosso”. Decimos lo llamativo en función que de acuerdo con la información que se suministra las piezas son trasladadas al Hotel Edén entre el 29 de setiembre de 1999 y el 10 de agosto de 2.000, por ende en 1997 no pudieron ser inventariadas en el Hotel Edén.
Otro de los temas que se informa ampliamente es el referido a la contratación por parte del Estado provincial de Gustavo Daniel Omar López (DNI 17.146.418) para custodiar el inmueble del museo Ambato y la colección arqueológica. Lo llamativo en este caso es que se comentan diferentes vicisitudes atravesadas por López en su gestión, pero lo que no se determina es qué razones llevaron a su desvinculación contractual con el estado provincial y si ello no provocó la desprotección de los bienes a custodiar. Algo que Patrimonio Histórico debió evaluar necesariamente ante la decisión de dejar cesante a López.
Otro de los temas que llama la atención de la documental es que permanentemente se hace hincapié en que la colección es “privada” o que pertenece a la “Provincia de Catamarca, y fueron obtenidos en violación a la Ley Nacional 9.080”. Pareciere que si encuadrasen en cualquiera de estas definiciones “privada” o “ilegal” determinaría para patrimonio Histórico de la Provincia de Córdoba que no existe responsabilidad de proteger un patrimonio que excede lo nacional para adentrarse en lo universal.

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