La política urbanística no tiene sólo que ver con los negocios inmobiliarios

Las expresiones de seriedad con las que habitualmente el poder Ejecutivo municipal faldense se refiere a la necesidad de respetar principios (ya que no la normativa vigente) establecidos para un crecimiento armónico de la ciudad, confrontan con los hechos que lleva a la práctica, y que hacen entrever un total apego a los negocios inmobiliarios por encima del atinado ordenamiento urbanístico de la ciudad.
Es así que a pocos días de finalizar la primera gestión de gobierno, el Ejecutivo Municipal propiciaba el aprobado de una ordenanza que llevó la superficie de terrenos en la zona residencial a los 900 metros cuadrados, cuando con anterioridad para Villa Edén estaba establecida en 2.000 metros cuadrados, la razón era posibilitar que un nuevo emprendimiento inmobiliario afincado en el sector pudiese comercializar terrenos de esa magnitud.
Hace pocos días, una nueva disposición establece la ampliación de la zona 7 residencial y determina que los terrenos a comercializar en esa zona, la misma que la anterior, no puede ser inferior a los 1.500 metros cuadrados.
Claro está que no hay otra razón que la del negocio inmobiliario porque no se introduce imposición alguna en otro sentido. Nos referimos concretamente a qué tipo de construcciones deben concretarse en esos lotes, que porcentaje de los mismos debe ser ocupado obligatoriamente por superficie cubierta, si puede o no construirse propiedad horizontal, qué tipo de construcción de comercialización de alojamiento turístico puede establecerse y cuál no, qué tipo de urbanización debe dársele, quien deberá afrontar los costos de urbanización, qué exigencias concretas deberá cubrir en lo que hace a servicios públicos: agua, cloacas, energía, gas natural, etc., entre otros condicionamientos.
Es obvio que se trata de medidas aisladas que en el corto o mediano plazo provocaran controversias.
Aunque la cuestión tiende a agravarse ya que comentan algunos rumores que ya se estaría debatiendo la modificación de los alcances de un sector de la zona céntrica y de la que incluye al Parque El Puma. Hay sustento, al menos para una de esas versiones, lo que hace factible la otra. De todas maneras, lo que realmente importa es que las autoridades con flagrante desconocimiento de lo que imponen los profesionales en la materia y el sentido común, vuelven a encarar transformaciones de las áreas públicas bajo el sólo criterio de lo comercial y de lo que suponen apropiado.
Cabe acotar que no es posible conformar una política de urbanización de una ciudad sin atender cuestiones de cultura, identidad, históricas, idiosincrasia, estructuración social, estilos arquitectónicos, y demás atributos de la conformación anárquica en la que ha producido su crecimiento por falta de conducción.
Es precisamente el ordenamiento atinado y ajustado a las posibilidades con las que se cuenta lo que permitirá el reacomodamiento del sector a las demandas actualizadas de sus habitantes. Por ende son los vecinos del sector a los que se debe consultar por sus preferencias y explicar los alcances de las nuevas iniciativas que se supone les permitirán gozar de un entorno propicio, con mayor confort y más funcional, entre otras cosas.
La intención es evitar no tan sólo las controversias sino también los desatinos en que se cae por el sólo hecho de imponer lo que el gobierno de turno cree que es lo mejor, aún careciendo de todo otro elemento que no sea el propio criterio.
Entre los casos que pueden buscarse como ejemplo, baste que llevemos la intención de informarnos a Villa Carlos Paz donde es de público conocimiento la fuerte controversia generada en torno a una aprobación para construir un complejo habitacional en la ladera de la sierras y la protesta generada por los vecinos que han llevado su reclamo ante las autoridades municipales y la Justicia, habiéndose generado un problema de proporciones tanto para los propietarios de las tierras donde se pretende erigir el complejo y para el municipio que puede llegar a enfrentar una causa judicial que puede no serle favorable. En esta causa ha elevado informe el Defensor del Pueblo de la Nación, sosteniendo principios contrarios a los mantenidos oportunamente por el municipio.
En la misma ciudad, en los últimos días, se ha solicitado la demolición del denominado edificio más alto de la villa, 50 metros, que fuera aprobada su construcción por vía de la excepción ya que en ese sector no se aceptaban por encima de los 34 metros, con un retiro frontal de 6 metros, imposición que no se respeta en los 11 pisos de la unidad, manteniendo un metro y medio de retiro frontal. El concejal Sebastían Guruceta es el autor del proyecto de demolición que se encuentra a estudio en el Concejo Deliberante, también ha solicitado el inicio de acciones legales al Director de Obras Privadas que aprobó los planos y al responsable técnico de la construcción, en ambos casos por contravenir las normativas vigentes, y con el objetivo de evitar posibles acciones judiciales contra el municipio. La situación es compleja ya que el edificio está prácticamente concluido.
Basten estos ejemplos de una ciudad con ciertas características urbanísticas similares a las de La Falda cuyo crecimiento se basó en las necesidades de cubrir las exigencias del negocio inmobiliario y que hoy ha perdido su histórica imagen de villa turística, presentando problemas acuciantes en sus servicios públicos, los que se encuentran en estado de colapso en la mayoría de los casos, exigiendo de ingentes esfuerzos humanos, técnicos y económicos para realizar nuevas construcciones o proveer de mantenimiento a las existentes.
En el terreno de servicios, La Falda mantiene verdaderas dificultades, siendo una de las más importantes la de la provisión de agua, que si bien es cierto está resuelto en lo que hace a cantidad, exige de importante y costoso tratamiento para proveerla a los vecinos, todo dependerá del estado del embalse del Dique La Falda, sin dejar de lado un problema mayor que es la demanda en permanente crecimiento de la Ciudad de Córdoba que en los últimos meses ha visto reducida a la mitad la provisión del otro reservorio, lo que terminará exigiendo a la Cuenca del Lago San Roque, con la consecuente disminución de los cupos establecidos para cada localidad. Otro de los problemas es la red de cloacas cuyas cañerías son obsoletas y hay sectores en que prácticamente han desaparecido, el costo de reconstrucción es alto y las condiciones económicas de la prestataria del servicio deficientes como para encarar esa tarea.
Como puede observarse, hablar de planificación urbana requiere de estudios serios y atinados, la cuestión no se resuelve sólo con seguir la corriente de negocios inmobiliarios que pueden presentarse o irresponsable y antojadizamente hacerlo bajo el concepto de que el problema tendrá que atenderlo la administración que suceda a las actuales autoridades de gobierno.