Caso Veliz Compagnucci: La herencia corrupta de Guillermo Piñeiro & asociados

Cristian Veliz Compagnucci heredó la gestión de procuración que había venido llevando adelante Guillermo Piñeiro, la que a éste lo llevó al banquillo de los acusados y a la condena. Derrotero similar parece transitar el heredero, aunque superando, en alguna medida, al maestro, en cuanto a audacia y ostentación. Lo que se observa, tras repasar los datos de ambos casos, es que el sistema de procuración privada adolece de control, que los precedentes indican que no es más que una operatoria signada hacia lo delictual, lo cual impone cambios de fondo que, se espera, se concreten a la brevedad.

Los habitantes del Valle de Punilla, sobre todo los que hacen al centro y norte, tienen como motivo de conversación en cada mesa de café, almuerzo, cena o encuentro casual, los rumores de las andanzas, para algunos desopilantes, del abogado Cristian Veliz Compagnucci, del que se dice habría vendido fracciones completas de loteos de un mismo propietario sin haberle rendido su producto, venta de inmuebles y automóviles sin entregar los bienes o haciéndolo al menos en dos oportunidades, cobrar honorarios y contribuciones sin tener poder para hacerlo y sin depositar los dineros en las arcas municipales, del ostentoso nivel de gastos que concretaba en viajes al exterior o en fiestas, no falta el tenaz humor cordobés que hace que las mismas concluyan en risas y carcajadas, cuando señalan a algunos de los supuestos grandes inversores que habrían sido timados y que nada parece pueden decir porque estaban “blanqueando” o cuando a alguno le manifiestan que anda “más escondido que Veliz Compagnucci”.
La contracara se vive en el fuero íntimo de aquellos que comienzan a pensar que han perdido los pocos ahorros que habían concretado en pos de hacerse de una propiedad para dar alguna seguridad a su familia y que fueron arrastrados por la ambición del abogado en cuestión. De los cuales no se puede precisar, por ahora, si son cientos o miles, a tenor de los más de diez mil expedientes que la investigación judicial ha determinado que Veliz Compagnucci tenía en su poder para procurar.

Un poco de historia

Claro que esta situación es producto de otra que también concluyó en los estrados judiciales con 17 imputados en el marco de la megacausa del Registro de la Propiedad provincial, de los cuales fueron condenados 16, entre ellos el ex intendente de Villa del Dique y legislador provincial Ricardo “el zurdo” Scoles, el ex procurador de municipios Guillermo Piñeiro y el abogado Ricardo Loyo Fraire, los tres condenados a cuatro años y tres meses de prisión, por estafa continuada y falsedad ideológica continuada en más de sesenta hechos. De los cuales el que nos interesa es Guillermo Piñeiro que llegó a ser procurador de una treintena de municipios de los valles turísticos de la provincia, entre ellas, en el valle de Punilla, La Falda, Villa Giardino, La Cumbre, Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, Parque Siquiman, San Roque, Icho Cruz y Mayú Sumaj. En la zona de Calamuchita obtuvo los municipios de Los Reartes, Ciudad Parque Los Reartes, Villa del Dique, Villa Rumipal, Embalse y los de Santa Rosa de Calamuchita y Río de los Sauces. En el departamento Colón, las captadas por el estudio fueron La Granja, Salsipuedes, Río Ceballos y Unquillo, al tiempo que también era procurador de Rentas del Estado provincial, lo que le habría permitido el acceso a la totalidad de la información de cada contribuyente, no necesitaba mucho más para armar su irregular negocio, el que algunos denominaron como la “Inmobiliaria Oficial”, la que finalmente lo depositó en el banquillo de los acusados y fue condenado.
El periodista Sergio Carreras, para La Voz del Interior, definía, tras la condena apuntada, que “Desde hace más de una década, este diario viene informando sobre un robo millonario y silencioso que se concretó en las zonas serranas mejor cotizadas de la provincia de Córdoba.
La operatoria, disfrazada de legalidad, permitió la apropiación y posterior venta o remate de una cantidad extraordinaria de terrenos por miles de millones de pesos. Se trataba de lotes con dueños desconocidos, fallecidos o que compraron la propiedad hace décadas y luego nunca la aprovecharon. Ese mecanismo sirvió para abultar las cuentas bancarias de un grupo de profesionales, funcionarios y dirigentes que se vieron beneficiados por un Estado provincial que miró hacia los costados mientras ellos proseguían con el negocio.
Abogados, martilleros, escribanos, jefes comunales, jueces de paz, agentes inmobiliarios, fueron los primeros beneficiarios de ese festival del lote ajeno. Detrás de ellos, estuvieron funcionarios vinculados con el Registro de la Propiedad, que se encargaron de realizar las maniobras registrales, y también estuvieron dirigentes políticos que usaron sus influencias a favor de los anteriores”.
Aquel proceso judicial desvinculó, al menos en los papeles, a Piñeiro de Rentas de la Provincia y de algunos de los municipios, aunque otros, el de La Falda por caso, cuando el abogado había sido imputado, aún así lo mantuvo como procurador, porque la Gestión Sestopal sostuvo que revocarle el poder significaba un desembolso de un millón de pesos “porque el convenio original así lo establecía”. David Buccini, para Ecos, sostenía que “Aquél argumento mentiroso se impuso de la siguiente manera, según informáramos en aquella edición: “Mientras (los concejales oficialistas) dudábamos de la conveniencia de aprobar la renovación, sonó el teléfono de la concejal Susana Tuzio. Cuando cortó, nos dijo que Miguel Maldonado le había dicho que se debía aprobar sí o sí, porque el convenio original establecía en caso contrario un pago inmediato de un millón de pesos”.
En aquella ocasión el inefable secretario de Hacienda, Jorge “yo te lo explico” Pafundo, argumentó expresando con mucha seguridad verbal, como es su estilo, otro argumento falaz, como es su costumbre: “puesto que Guillermo Piñeiro es inocente hasta que un Juez demuestre lo contrario, y si no le renovamos el contrato, lo estamos condenando”. En diálogo con el resbaladizo funcionario, este cronista le retrucó si al habérsele renovado el convenio con semejantes imputaciones judiciales, y de acuerdo a su argumentación, entonces lo estaban “declarando inocente”. Es una pavada, pensará nuestro lector. Y sí, tan grande como la que manifestó Pafundo para argumentar la continuidad de Piñeiro al frente de la Procuración municipal. No fue lo que pasó en la Provincia”. Sobre el particular, informaba Buccini que “consultado el Fiscal Tributario Adjunto de la provincia, Juan Manuel Cid, éste explicó que “Piñeiro ingresó como Procurador en el año 2003, y a la fecha de revocarle su mandato, tenía a su cargo 7.000 (sí, siete mil) casos”… Cid aclara que “no hay una relación directa entre la revocatoria del mandato y la causa del Registro en la que Piñeiro se encuentra involucrado”. Pero la coincidencia temporal de la medida, y el conocimiento de los Jefes de Renta de este caso judicial, dejan pocas dudas acerca de la directa vinculación entre un hecho y otro…Lo cierto es que, más allá de las razones del cambio, Piñeiro no seguirá aumentando sus ganancias por el cobro de deudas con Rentas de la Provincia.
Si lo seguirá haciendo, en La Falda, gracias a la defensa que de él ha hecho el oficialismo Granpecista”.

El heredero de Piñeiro

Integraba la organización de Guillermo Piñeiro el abogado Cristian Veliz Compagnucci y fue su continuador en municipios como Valle Hermoso, Villa Giardino y La Cumbre, municipalidades que hoy lo denuncian por los hechos de conocimiento público. La Falda aparentemente lo desvinculó en un momento que no hemos podido precisar, pero ante las denuncias consultamos al intendente Eduardo Arduh el que mantuvo que “Veliz Compagnucci no es procurador de la Municipalidad de La Falda y no lleva ningún expediente relacionado con la misma”.
Está demás explicar que la experiencia adquirida por Veliz Compagnucci en aquellos tiempos fue aplicada a partir de que se hizo cargo de la procuración de estos municipios y que con una base de datos precisa, como la que había heredado, no tardó, aparentemente, en desviarse de los principios éticos que su profesión impone. En más o en menos hizo lo mismo que Piñeiro, habría estructurado su propia red irregular y se dedicó a engrosar sus ingresos a través de influenciar sobre la necesidad de algunos e inscribirlos en una maniobra en la que los incluía como terceros en juicios por mora, con el objetivo de que en algún momento pudiesen reclamar derechos y acceder a la posibilidad de un Juicio de Usucapión para finalmente hacerse del bien perseguido. Lo que le funcionó, porque bien sabido es que “la necesidad tiene cara de hereje”, y así arrastró, tras la confianza de ser asesorados por un procurador oficial, a un número no precisado de pequeños ahorristas que buscaban una solución y se encontraron con que no sólo no la habían conseguido sino que además presumen han perdido el dinero que habían reunido en persecución de su ideal. Deleznable, desde todo punto de vista, por cierto.

Entre la causa y la consecuencia

Lo antes enunciado no es más que un marco de situación, en el que se manifiestan de alguna manera las causas que lo originaron y las consecuencias que provocaron, algunas irresueltas y sobre las que hay que accionar de inmediato para concluir con este negociado que aparece como enquistado en el Estado y que pareciese aún se mantiene en alguna medida activo, ver el caso Kolektor que, por estas horas, mostraría señales de ser otro caso relacionado con irregularidades en las que intervienen responsabilidades estatales y privadas.
No escapará a nadie que hay responsabilidad política en la cuestión, porque la tan manifiesta ineficiencia e ineficacia del Estado para recaudar llevó a que ese sistema fuese tercerizado. Ahora, de qué sirve hacerlo si no se lo va a controlar. Alguien me responderá que se debió a una maniobra que fue proyectada con plena intencionalidad, con beneficiarios múltiples, entre los que se destacarían funcionarios políticos y profesionales, y algunos indicios de ello habría, también habrá quien concluya que tal vez la delegación se hizo con la mejores intenciones y que un exceso de confianza llevo a la falta de control que finalmente resultó en beneficio de maniobras irregulares y/o fraudulentas, algún indicio de esto también se encontraría, pero es evidente que está no es la solución o que no expone los resultados esperados.
Podrá, asimismo, alguien explicarnos por qué un estudio de abogados, como el de Veliz Compagnucci, con escaso personal, pueda tener en su procuración más de diez mil expedientes, cuando a todas luces carece del tiempo técnico y físico para llevarlas adelante. En esto el alumno superó al maestro, cuando a Piñeiro se lo desplazaba de la procuración de Rentas tenía 7.000 casos en su cartera y parecía una enormidad, un exceso flagrante, que decir de Veliz Compagnucci que supera los 10.000 expedientes de municipios.
Todo indicaría que es momento de crear gabinetes municipales con responsables de la Planta Permanente de empleados que hagan el seguimiento de los morosos y sólo cuando se defina la incobrabilidad pasarlo a un profesional para que inicie el juicio respectivo porque así lo determina lo normado, ya que de mantenerse el sistema actual, con los precedentes existentes, que no es más que una operatoria signada hacia lo delictual, no sólo el Estado aparece como involucrado en la misma sino que los ciudadanos son blanco de maniobras de fraude. Al señalar esto recuerdo que, en más de una ocasión, en los últimos años, cuando he consultado por ingresos provenientes de juicios por mora, se me ha respondido que los mismos no existen o que son exiguos porque los gastos de honorarios y judiciales hacen que el producido se extinga en esa etapa y que el saldo a favor del municipio es, realmente, el de contar con un contribuyente nuevo que espera le pague sus tasas, poco por cierto, y manejable, reitero, desde la propia estructura municipal, aún con mayor beneficio social, a lo que agregaría moral y ético.

Así las cosas, no alcanzó a vislumbrar inocentes, y ello ordena a concretar un cambio de fondo, como ciudadano lo espero a la brevedad.

N.H.

Compareció y se abstuvo de declarar

En el marco de un importante operativo de seguridad, montado por el Grupo ETER de la Policía Provincial, a instancia del conocimiento del “temor” que presentaba Cristian Veliz Compagnucci, éste compareció a indagatoria, absteniéndose de declarar.
En la oportunidad fue impuesto de que debía fijar domicilio real y no ausentarse sin autorización previa.
La investigación judicial continúa sobre los miles de expedientes incautados en oportunidad de allanamientos efectuados en La Falda.