La Mediación Jurídica que llevará adelante el Ce.Pro.Fa.

La iniciativa cuenta con la habilitación de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Provincia de Córdoba y puede intervenir en diversos conflictos acelerando su solución con bajo costo de las profesionales intervinientes.

La Presidente del Ce.Pro.Fa., Karina Lucero, en diálogo con Ecos informó que “a mitad del año 2013 solicitamos se nos habilitara como Centro de Mediación para llevar a cabo resoluciones de conflictos en nuestras localidades. Desde el primer momento tuvimos todo el respaldo de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Provincia de Córdoba (DiMARC). Sabemos perfectamente que a muchos abogados y abogadas de la zona no les gustó esta idea, pero pese a todo seguimos avanzando y desde el 4 de Junio de 2014 nos habilitaron por medio de la DiMARC, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba”.
Con respecto a qué se entiende como Mediación, respondió que “como humanos vivimos en interacción con otros y en este intercambio se originan muchos conflictos, estos conflictos están al orden del día dentro de todos los ámbitos, familiar, laboral, vecinal, educativo, etc. Cuando las personas no saben cómo solucionar estos inconvenientes, se produce una mayor profundización del problema, creciendo como “una bola de nieve” y esto termina en niveles de violencias sin precedentes o en la participación de la Justicia.
La mediación es una forma para resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, que es el mediador/a. Estos no imponen soluciones, ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, ayudando al proceso de comunicación y conduciéndolo para una buena comunicación y de esta forma llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos”.
En lo que refiere a las ventajas o beneficios que propone el sistema, manifestó que “en resumen, la mediación es voluntaria, por lo cual las personas no se sienten violentadas y siempre la decisión es de ellas. Es confidencial, es un punto interesante ya que se puede hablar libremente sin temores, ya que si no se llegase a un acuerdo y se pasara a una instancia judicial, todo lo dicho no puede usarse en la justicia, ni las mediadoras son testigos. Está basada en el diálogo, mediantes técnicas y estrategias las mediadoras guían a las partes para que puedan comunicarse. Muchas veces hay información equivocada y esto conspira con los buenos tratos. Es una herramienta útil para la paz. Es rápida, muchas veces en un solo encuentro, se llega a muy buenos acuerdos, no hace falta los tiempos eternos de la justicia. Es económica, porque si tuvieran que ir a litigar a la justicia hay que abonar a abogados, en el caso de necesitar abogados gratuitos la espera es larga. En la mediación no hace falta ir acompañado con un abogado”.
En relación a los conflictos en que se puede mediar, apuntó que “se puede resolver conflictos relacionados con la transgresión de las normas de convivencia (problemas de medianería, ruidos molestos, etc.), vínculos que se han deteriorado (régimen de visitas, problemas de vínculos, cuotas alimentarias, etc.), patrimonios, desalojo, es muy amplio lo que se puede mediar. Es válida como una sentencia judicial y deja la posibilidad de Homologar el acuerdo mediante el Juez natural.
Las mediadoras que acompañan la iniciativa son la Dra. María Verónica Siragusa de Córdoba capital y Dra. Yamila Carla González Conteri de Carlos Paz, ambas abogadas y mediadoras”.
Consultada por si esta mediación genera honorarios para las profesionales actuantes, destacó que “los costos están impuestos por ley, la que establece que en la primera mediación se debe abonar un JUS, es decir $263,63, por cada mediadora. Si no hubiese acuerdo y es necesario otro encuentro el valor es de dos a cuatro JUS, por mediadora. En nuestro caso se le agrega algún gasto administrativo de la organización, ya que no tenemos fuente de financiamiento de la Justicia. En el caso de personas de bajos recursos la Fundación Centro de Protección Familiar cubrirá un 43% del gasto. La idea es que sea accesible para que todos y todas puedan acceder a esta herramienta.
Esperemos que los vecinos y vecinas del Valle de Punilla sepan aprovechar este servicio que está al alcance de sus manos”.