Con los discapacitados no!!!!!!

Por Alfredo Ferrarassi

Nuevamente debemos escribir una nota sobre la discriminación a los discapacitados, quienes deben padecer, no solo los avatares de su condición si no el maltrato que sufren por parte de quienes creen que sus intereses comerciales están por encima de los de la sociedad.
Lucina Farioli, una vecina de Villa Giardino con un hijo discapacitado a su cargo, ha padecido en una serie de atropellos, malos tratos, humillaciones y discriminaciones que son propias de un estado dictatorial y no de la vida democrática en la cual se supone que vivimos.
Los sucesos se produjeron en la Estación Terminal de Ómnibus de La Falda, donde tres empresas de transporte han ignorado las disposiciones legales vigente en una actitud impropia, ya que no solo desconocen el alcance de estas, sino que ponen por encima de ella y de la propia Constitución Nacional a las resoluciones internas de una empresa, lo cual es inadmisible en un estado de derecho en el cual se supone que vivimos.
No es la primera vez que las empresas tienen el mismo trato para con las personas, sino que también se habrían dado en otras oportunidades y con distintos discapacitados, solo que no todos tienen la oportunidad de hacer oír sus quejas y no importan los contactos que aquella pueda tener porque no es ello lo que debe discutirse, si no el acto de avasallar los beneficios que la ley le otorga y que bajo ninguna razón y pretexto pueden ser desoídos.
Hay un desconocimiento de los alcances de los derechos de los discapacitados que son realmente alarmantes, por lo que resulta imposible creer que en la era de las comunicaciones puedan cometerse tantos desatinos y aparte que las empresas, encargados y choferes “gocen de impunidad”, cuando deberían ser sancionados con fuertes multas por los graves actos que comenten.
Antes de pasar a la descripción de los hechos debemos realizar ciertas puntualizaciones para que todos puedan saber de qué se trata y así los responsables tengan al menos un castigo moral de la sociedad, porque las autoridades han brillado por su ausencia en este caso.
Veamos, un discapacitado no debe ser necesariamente alguien que presente dificultades motoras o que tenga síndrome de dawn o que haya sufrido alguna amputación, hay otra serie de patologías que han sido incluidas dentro las discapacidades por su carácter y que son en nuestra realidad cotidiana ninguneadas por quienes deben ser los primeros en respetarlas y hacer observar el trato preferencial que se merecen por tal condición.
Cuando se concurre a una junta médica para obtener el Certificado Nacional o Provincial de Discapacidad o ambos, antes se han debido efectuar una serie de exámenes que son realizados por especialistas, en su mayoría con múltiples posgrados cursados, dictados y hasta Doctorados en la materia, lo que habla a las claras de la complejidad del caso.
Esos antecedentes son llevados ante la citada junta en la que hay también especialistas y allí evalúan desde estudios, análisis, recomendaciones, etc. Es decir no es para nada simple acceder a dicho carné y muchísimo menos existen márgenes para engañar a dicho cuerpo que evalúa cada caso de manera puntual. De tal forma que cuando se extiende uno han actuado una serie de profesionales altamente capacitados lo que hace imposible engaño alguno.
Ahora me pregunto ¿con que saberes un chofer, un encargado de boletería y hasta un policía, como es en este caso, pueden cuestionar un dictamen de un cuerpo de especialistas prohibiendo el ascenso a un vehículo de transporte público? O estamos frente a genios de la medicina, que por estas cosas de la política argentina han debido trabajar en otras actividades ajenas a sus conocimientos, o bien estamos ante verdaderos caraduras que por estar detrás de un volante, una maquina expendedora de boletos o de un uniforme, se creen habilitados para desconocer la trayectoria, saberes y facultades otorgadas por un poder del estado a un tribunal médico.
También debemos preguntarnos ¿quien se hace cargo del daño ocasionado por estos señores?, ¿la empresa, los propios causantes, la Policía de Córdoba o como siempre sucede en esta sociedad nuestra, el gran bonetón? ¿Si por esta negativa a transportar pasajeros discapacitados, éste sufriera un perjuicio irreparable, todo se pretenderá tapar amparándose en el desconocimiento o en la obediencia debida impuesta por las empresas?
La gravedad de los hechos acaecidos merece una amplia investigación y la correspondiente sanción a los causantes, para que jamás vuelvan a cometerse actos de esta índole, si ello no ocurriera habrá por parte de las autoridades, a saber Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Policía de Córdoba, ERSEP y hasta la/s propia/s Municipalidad/es en última instancia porque en su ámbito se han sucedido los hechos y en espacios que les pertenecen.
En efecto el 29 de Octubre la empresa Ciudad de Córdoba en el viaje que sale desde Córdoba a las 18.15, que arribó con atraso a La Falda a las 20.45, lo cual posibilita la total identificación del chofer, porque el mismo se negó a dar su nombre, no quiso trasladar a la citada Lucina Farioli y a su hijo quien padece una discapacidad ampliamente fundamentada y que por ser menor resguardamos el derecho a su intimidad. El conductor dijo que tenía el cupo cubierto de discapacitados negándose a transportarlos, ante la aclaración que la “ley de cupos” había sido derogada y que tenía la obligación de llevarlos, el chofer llamó a un policía que esperaba ser trasladado, él cual le dijo debía pagar el boleto o bajarse porque estaba molestando, al pretender hacer oír sus derechos los perjudicados no pudieron hacerlo ya que el colectivero cerró la puerta, al igual que la encargada de la boletería la cual también corrió los vidrios para no tener dialogo alguno.
A las 20.50 arribó el diferencial de la empresa Transierra, patente JIQ 372, interno 25, quien respondió con el mismo argumento, que tenía el cupo cubierto, y que si boletería autorizaba los llevaba. Nuevamente el mal trato en la misma, el desconocimiento de los derechos, los argumentos falaces como “los discapacitados creen que pueden hacer lo que se les dé la gana”, para terminar cerrando la oficina para tampoco atenderla. El iracundo empleado sería de nombre Juan Pablo.
La afectada debió viajar hasta Giardino en un remis y ser atendida en el Dispensario por una descompensación por todo lo vivido al querer hacer valer los derechos de su hijo. Esto no es nuevo, ya que éste en otras oportunidades y en las que viajaba solo, fue dejado por los supuestos cupos cubiertos, por la Empresa Sarmiento el 13 de octubre a las 20 al querer tomarlo en Huerta Grande lugar a donde concurre a la escuela.
El 17 de Octubre en Giardino sucedió lo mismo, cuando el coche de la empresa LUMASA coche HIN 905 interno 915 que estaba totalmente vacío le dijo que “tenía órdenes de no llevar discapacitados”. Lo mismo pasó con otro colectivo de la misma empresa con patente HUR 74, coche 49, el 22 de Octubre y que sale desde Córdoba a las 19 Hs.
En otra oportunidad en la boletería de la misma Empresa, al pedir la dirección de las oficinas en La Falda para llevar un reclamo, se le manifestó que no sabía donde quedaban. Cuando pudo localizarlas, al hacerlo, se le espetó “que no podían llenar el colectivo de discapacitados por más leyes que existan”
En cuanto a lo que padecen estos vecinos de Giardino, tanto en aquella localidad, como en Huerta Grande y La Falda es totalmente inconcebible y urge que las autoridades de dichas municipalidades, que son las que deben controlar el transporte urbano, realicen de oficio, al conocerse esta serie de atropellos las investigación correspondientes, a la par gestionen se habilite una oficina de la CNRT en una de estas localidades para que se puedan realizar las quejas, denuncias y trámites necesarios, a la par que dicha repartición haga saber a las empresas las disposiciones vigentes y por sobre todo que vele por su observación.
Tampoco sería mala idea que se exhiba en los colectivos y en las boleterías las disposiciones vigentes a los efectos de que todos los discapacitados conozcan sus derechos y puedan hacerlos valer.
Al cierre de esta nota, la Unidad Judicial de La Falda tomó la correspondiente denuncia penal, la cual será girada para su pronta resolución. También se efectuó otra denuncia ante el ERSEP, el cual dijo “era ésta zona liberada” y que se efectuarían los correspondientes controles porque estaban en conocimiento de las graves irregularidades existentes y de los actos de discriminación ocurridos en el centro del Valle de Punilla.