Cada faldense, sin discriminación alguna, en el marco de la deuda municipal proyectada, debe aproximadamente $1.353

Los datos de la deuda municipal oficializada, más una ínfima proyección porcentual por falta de asiento, indican el monto aproximado que adeuda cada faldense. La oposición aún no se reacomoda a su rol. La construcción en altura fue autorizada pero no se sabe quién lo hizo. Reclamos por lo severo de los controles de tránsito.

La edición pasada vino con la carga propia de una vasta acción pública generada desde el municipio de La Falda, tan fue así, que no nos dejo espacio, ni tiempo, para emitir la opinión acostumbrada, por lo tanto, me sentía que estaba adeudando esa expresión, con la que se puede estar de acuerdo, o no, pero que es parte del perfil que tiene Ecos de Punilla. Ya con la edición en la calle, y con el cuestionamiento a cuestas, es que me dedique a tratar de establecer que tipo de reacciones se producían en aquellos que receptaban la información. Una de las primeras, fue la interpelación que un vecino le hacia al Intendente Eduardo Arduh sobre el objetivo buscado con la información de la deuda que se hizo llegar a la mayoría de los domicilios y que tuvo la respuesta, o al menos la opinión pública, del ex intendente Marcos Sestopal, administración con la que, dijo el vecino, no había mantenido serias diferencias. La respuesta de Arduh estuvo dirigida a sostener el marco legal que le impone informar y cumplir con esa formalidad burocrática, si se quiere, que le exige salvar su responsabilidad, así debe hacerse cuando se administran bienes y recursos públicos. De todas maneras, me quedé pensando que las razones expuestas, si bien acertadas, no decían el todo, sólo cubrían las faz legal y política, pero no la ciudadana, la que hace a ese conglomerado de voluntades que hace al Estado Municipal, por tanto, son los 17.000 habitantes aproximadamente que tiene la ciudad los que deben saber cuánto deben, porque a esto no lo va a pagar ni Sestopal, de hecho la incrementó, ni Arduh, ni quienes gobernaron antes, ni quienes lo harán después, los vecinos, de una u otra manera, serán los responsables de pagar lo que se debe. Es decir, que entre lo que se ha verificado como deuda, unos $21 millones y fracción, más lo que falta determinar (EPEC, juicios y algún otro saldito) se terminará globalizando unos $23 millones, pesos más, pesos menos. Lo que significa, que aquel que recién ha lanzado su primer berrido en La Falda, no llega con un pan debajo del brazo, sino con una deuda de $1.353 aproximadamente, así haya sido alumbrado en un centro de salud privado y no le haya exigido gasto alguno al Estado, no sepa lo que es el dinero y menos lo que es una deuda.
Esta es la verdadera importancia de que se conozca la deuda.
Puede entenderse que porque Unión por Córdoba gobernó los últimos doce años y, por lo tanto, se obviase el informar la deuda al final de cada periodo, puede que alguien se haya desacostumbrado a recibir esos datos, pero lo lógico sería que al final de cada año se nos diga cuánto debemos, porque, reitero, la deuda deberán honrarla los vecinos.

El segundo dato relevado, interesante por cierto, fue el que extraje de declaraciones emitidas por miembros del bloque de concejales de Unión por Córdoba a uno de los medios gráficos locales. Las razones para oponerse al aumento de salarios de la planta política, allí expuestos, podían considerarse atinados y dignos de ser considerados en el debate que debió concretarse previo al aprobado, o no, de la Ordenanza que disponía la mejora salarial. Lo cierto, tal como lo señalábamos en la anterior edición, es que en el recinto, al momento de discutir la norma, no se expuso ninguna de esas razones, ni argumentos, y solo la edil Silvia Luján con posterioridad a que la Ordenanza fuese aprobada expuso fundamentos de por qué votaban en contrario el incremento de ingresos del Intendente. Lo llamativo de esto es que, a excepción de Francisco Mendieta, los dos miembros restantes del bloque mencionado aprobaron la mejora que los beneficiaba. En principio, habría que pedir un poco de coherencia, pero, más allá de ello, también habría que solicitar que cuando se cree tener razones fundadas para disentir se las exponga con absoluta claridad y se las defienda en el momento oportuno, que es el del debate en el recinto, ocasión en que todo lo que allí se expresa es lo que a de informarse y pasar a la historia, porque integra el Acta de la Sesión, caso contrario es desperdicio de inteligencia, tiempo y saliva, porque o mejoramos las condiciones de lo que ha de legislarse, porque se tuvo razón y se logró imponer el criterio, o al menos se defendió la posición y queda el precedente la misma. Si con posterioridad se sale a difundir un pensamiento contrario que no se expresó en el ámbito adecuado, lo único que se está demostrando es que no hubo capacidad para discutirlo o que el objetivo perseguido tiene otra finalidad.
En concreto, me dio toda la impresión de que la oposición aún no termina de reacomodarse en su rol, y que, como estaba acostumbrada, salió después a tratar de ampliar conceptos o justificarse.

En el terreno del incrementó salarial, hay manifiestas pruebas de que no los discuto desde hace por lo menos diez años, he mantenido siempre el criterio de que los mismos deben ser acordes a la eficiencia que se demuestre en la función, y debemos esperar, como delegantes del poder público, que quienes se postulan han de poner su más firme voluntad en serlo, lo que, es obvio, no siempre es así y es cuando se expone la disconformidad. Lo que en esta oportunidad he notado es que se discute más sobre la oportunidad de este incremento que por la suma en si, y esto puede ser producto del informado de la deuda y los inconvenientes que supuestamente ello puede provocar en el funcionamiento municipal. En ese marco, aparecería inapropiado negar el incentivo a una gestión de reciente inicio que hace alarde de gestión y expone un sistema de ahorro con prestaciones aparentemente acordes. Por otra parte, cabe preguntarse si una empresa privada con un presupuesto de $42 millones al año, no emplearía en su máximo nivel de conducción el 0,407% (menos de medio punto porcentual anual) de esa inversión. Lo que sucede y hace aparecer a esta cifra como abultada, es que si trazamos una comparativa con el sueldo promedio que esta recibiendo un empleado de comercio (en blanco y con todos sus derechos vigentes, porque los hay –y más de la mitad- que trabajan 9 horas y cobran por media jornada) la diferencia aparece como sustancial, aún considerando la dedicación exclusiva y el estar al servicio las 24 horas, porque así debería ser. Lo que vuelve a llevarnos al reiterado concepto de que hay que nivelar hacia arriba, lo cual no se logra por varios motivos, que van desde lo social a lo económico.

En lo referente a la “normalización” de la construcción en altura, porque cabe recordar que a partir de la Ordenanza 2223 no se podía poner un ladrillo por encima del nivel de vereda, puede decirse que inversores y “desarrollistas”, que no pudieron contar con el “mágico guiño” de la gestión anterior, tendrán que seguir esperando, y por lo que se dice aproximadamente un año, si pretenden exceder los 14 metros y fracción que habilitaba la Ordenanza 941, debiendo, para los proyectos presentados hasta el 31 de agosto, presentar toda la documentación que habilite su autorización dentro de los 60 días de haber sido promulgada la modificación.
Lo del “mágico guiño” es un eufemismo, podría utilizar adjetivaciones más duras. La realidad nos indica que se continuó construyendo a pesar de violarse los alcances de la 2223 y que alguien autorizó desde el municipio esos proyectos. Ahora, quién lo hizo, porque Francisco Mendieta fue clarísimo al sostener que el Concejo Deliberante no aprobó excepción alguna, es más, sobre el particular dijo que si había que llevar la cuestión ante la Justicia la llevaran y que vayan presos los que tengan ir. Con ese antecedente fue oportuno saber qué se conocía en la Secretaría que tiene que ver con el tema, allí no se sabe nada, se dice que no hay documento alguno que diga quién habilitó a construir, que no hay previas (esos croquis, que se presentan previo a los planos), que no hay expedientes, en síntesis que hay que trabajar en obra para ponderar lo que se está haciendo.
Es obvio, que se supone quién autorizó, pero es eso, un supuesto.
Con estas declaraciones en conocimiento, usted seguramente se cuestionará por la audacia que tenía quien habilitaba estas construcciones (a extremo de hacerlo sobre Av. Edén, en el sector residencial, que se ubica hacia el Este del 600 –Av. Argentina- donde ningún instrumento legal permitía construcciones en altura como la que se está construyendo) porque aquí entra en juego no tan sólo la responsabilidad pública, sino también la profesional, por posibles inconvenientes emergentes en la actualidad y a futuro. Lo que seguramente lo llevará a colegir que la cuestión no sólo es de llevarse ante los estrados judiciales sino que también habrá que informar y pedir dictamen a los colegios profesionales, porque se supone que todo profesional debe respetar la normativa vigente en su espacio de actuación.
Mejor no seguir ahondando y esperar lo que las acciones determinen.

Por último, otro de los temas que dejo la semana anterior fue un marcado reclamo a la severa aplicación de normas que viene instrumentando Inspección General. Hay quejas de todo tipo, desde los motociclistas que aún y a pesar de la profusa información presentan inconvenientes de documentación o no llevan casco, a lo que sumó la nueva Ordenanza que prohíbe el tránsito de los cuadriciclos en la zona urbana. Es decir, que los cuadriciclos solo podrán ser utilizados en el ejido de La Falda en lo que se determina como zona rural. Los fundamentos expresados para la toma de la medida fueron contundentes, cuando se adquiere el vehículo el manual señala que es para uso “fuera de ruta”. También hubo algunas discrepancias ante la exigencia de uso de cinturón de seguridad en el entramado urbano, tema que, cabe decir, carece de la información necesaria aún. De todas maneras habrá que reconocer que la administración municipal está manifestando, desde su asunción, una apreciable ocupación en el ordenamiento del tránsito y que precisamente con ese objetivo, en las últimas horas, comenzaba a hablarse de la instrumentación de lo que se denomina “Playa Seca”, lugar donde deberían mantenerse estacionadas las unidades de gran porte que accedan a la ciudad, pero que por su magnitud tengan prohibida la circulación en la trama urbana.

Los temas antes apuntados desplazaron del centro de la escena a los análisis políticos que se esperaban tras las elecciones nacionales -a excepción de la fuerte crítica hacia la dirigencia partidaria provincial concretada por el intendente de Huerta Grande Hugo Capdevila- una de las razones fundamentales seguramente fue que nos encontrábamos ante una compulsa con final anunciado. Aunque sorprende, un tanto, que los medios nacionales especializados hayan recuperado como tema central el beneficio político electoral que a la reelecta Presidenta de la Nación le representara la muerte de su conyugue Néstor Carlos Kirchner, quién, por otra parte, parece se instala en la idolatría necrológica de los argentinos y del pueblo peronista en particular, y será motivo de conmemoraciones anuales tanto en el fastuoso monumento funerario que guarda sus restos en su ciudad de origen, como en la mayoría de las provincias, aún en sus lugares más recónditos. Sin dudas, que el político marcó un momento del país con su impronta, pero parece demasiado apresurada su integración a estadios similares a Juan Domingo Perón y Eva Duarte cuando es reciente su desaparición física y la historia política del país guarda signos de su paso que no han sido analizados rigurosamente, esto sin entrar en juicios de valor, ni evaluar posibles aciertos o equívocos.

N.H.