El derecho a la seguridad y sus riesgos

La Provincia de Córdoba con 20.000 efectivos policiales se encontraría con un 100% más de policías por habitante (153:1), en comparación con la media que mantienen los países desarrollados (300:1). Tal proporción manifestaría el fracaso de las políticas de seguridad de un Estado que busca legitimarse con la defensa de un orden público amenazado.

Recientemente el gobierno provincial realizó anuncios sobre los 20.000 efectivos policiales con los que contaría la Provincia de Córdoba, ubicándola por encima de la Provincia de Santa Fe, que contaba con una mayor cantidad de efectivos policiales que nuestra provincia. La lectura de esta nota periodística, nos deja con la impresión de estar ante una crónica internacional de la carrera armamentista entre dos potencias mundiales. La información así vertida, resulta como una tentación a la que no se ha podido resistir para legitimarse, ella brinda un mensaje en el que queda implícito un manejo sutil del miedo social, a través de la exaltación del poder represivo del Estado para enfrentar la inseguridad. En definitiva como lo expresa Sygmunt Bauman(1), es la acción de un Estado que busca legitimarse con la defensa de un orden público amenazado. Esta situación de un número tan importante de policías con los que contará la provincia, nos debería inquietar porque si bien es el Estado el que tiene el monopolio del uso de la fuerza en forma legítima, esta legitimidad de la violencia no puede derivar del carácter monopólico, en este sentido Hannah Arendt (2), nos dice que la verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría medios-fin cuya principal característica, aplicada a los asuntos humanos ha sido siempre que el fin está en peligro de verse superado por los medios que justifica y que son necesarios para alcanzarlos. Es razonable entonces una preocupación ante este acontecimiento por las implicancias sociales que de este hecho se derivan. Una primera reflexión indicaría que, si tenemos la cantidad suficiente de policías que protejan la vida, los bienes y derechos de la sociedad es decir garantizar el imperio de la Ley, presenta cierta lógica desde una racionalidad burocrática.
Ahora bien, cómo se determina la cantidad de policías con que debe contar un Estado, al respecto el licenciado en ciencias sociales y derecho de origen alemán, Peter Waldmann (3) expresa en relación a la densidad policial, es decir al número de habitantes por cada agente de policía, ubicando en 250:1 (argentina), 800:1 (Guatemala) y que la mayoría de los países latinos se mueve alrededor de 400:1 lo que es bastante aceptable si se tiene en cuenta que los países industrializados en general bien dotados con efectivos policiales, su dotación es de 300:1. Por supuesto cabe aquí preguntarnos cuál es la situación particular de nuestra provincia, una operación matemática puede aproximarnos a la repuesta; la densidad policial en Córdoba seria de 153:1. En referencia a los datos aquí citados tendríamos el doble de policías que los países más avanzados. Parafraseando a Waldmann diré que de cualquier forma, y como quiera que se interpreten los datos, no parece ser la falta de personal el principal problema de la inseguridad. La pregunta es por qué el Estado concentra tanto poder represivo; de un primer análisis se podría decir que es un fenómeno producto de la globalización o como le denomina también de las sociedades abiertas, que promueve que los Estado se tornen Seguritarios, o como lo expresa el sociólogo británico David Garland (4), este nuevo orden en el mundo a impuesto La Cultura del Control, en la que existe una nueva sensibilidad cultural que rechaza sistemáticamente la inclusión de aquellos que están fuera del sistema y son tratados como parias, como reflejo de una sociedad patológicamente consumista y laboralmente precaria. En esta cultura el Estado juega el papel del gran controlador, se aplica la estrategia del panóptico, cámaras de videos que nos vigilan las veinticuatro horas del día, substancial aumento de fuerzas de seguridad en las calles. Aun así no se logra garantizar la seguridad de las personas, al decir de Garland los Estados solo pueden garantizar cárcel para los que delinquen. Otro análisis responde a la situación particular de argentina en las que se advierten ciertas deficiencias estructurales de las fuerzas de seguridad, como recientemente lo ha expresado el Dr. Marcelo Fabián Sain (5) en su nota publicada en el Le Monde Diplomatique titulada La corrupción policial, de la que cito a continuación algunas de esas deficiencias: El grado de injerencia o manipulación política de la Institución Policial. La insuficiencia presupuestaria para afrontar la totalidad de los gastos corrientes de su funcionamiento. Un sistema de control interno ineficiente, Condiciones laborales altamente precarizadas, Desarrollo de una educación profesional deficiente enmarcada en una institucionalidad altamente militarizada y articulada básicamente en torno del entrenamiento disciplinario de orden cerrado, centrado en la exaltación de la sumisión ciega del superior en desmedro de la reflexión critica y el discernimiento responsable, y finalmente Ausencia de mecanismos o sistemas de defensa de los derechos humanos del personal policial.
Estas deficiencias se materializan en los resultados obtenidos, por citar un ejemplo, este Estado que posee el poder de intervención racional y calculada sobre los individuos (6), dotado de un gigantesco poder represivo, no ha podido ofrecer una repuesta razonable al problema del narcotráfico.
Será que la complejidad del fenómeno de la inseguridad requiere renovar y diversificar las estrategias represivas que se han venido aplicando hasta el momento; las que tendrán que ver menos con la Razón de la Fuerza y más con la Fuerza de la Razón. Arendt (7), insiste que ante el temor de que la violencia se apodere del mundo, debemos estar vigilantes ante las múltiples formas en que la violencia se disfraza de discurso. Ella hace hincapié en el poder, cuando nos dice que “El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”. La violencia es sólo un instrumento del que se vale el poder político para asegurar la obediencia a sus reglas, pero mientras más necesidad tiene de ella es cuando más se debilita (8). Como ciudadanos se nos impone frente a esta realidad de autoritarismo maniqueo, sostenernos en el esfuerzo de seguir democratizando la democracia, a fin de garantizar lo que legítimamente nos corresponde que es la seguridad de los derechos, puesto que “La libertad sin seguridad no es una sensación menos terrible y desalentadora que la seguridad sin libertad”(9).

Javier Benavidez