Piden el Juicio Político de la intendente Roxana Olmos
En un ámbito cargado de versiones y de ocultas opiniones, las miradas se centran en lo que sucederá el jueves, en horas de la mañana, donde el Concejo Deliberante tratará la denuncia y pedido de Juicio Político interpuesto. Los intereses parecen estar más cerca de la futura elección municipal que de la supuesta mala administración actual. Será difícil que algún sector logré los cinco votos necesarios que habilitarían el juicio político. En la opinión de la oposición descansa el futuro de Olmos.
Tal como se venía adelantando en los diversos medios de comunicación de la región, el jueves pasado, el Concejal Cesar Imbellone presentó ante el Concejo Deliberante la denuncia que abre la posibilidad de que la intendente Roxana Olmos sea sometida a Juicio Político. En el extenso texto, Imbellone acusa por cinco hechos a la Intendente, entre los cuales se destaca el de haber incurrido en abandono del vecino que requirió de una ambulancia para ser trasladado al Hospital Municipal para su atención y no consiguió asistencia, resultando de ello su muerte. La tragedia familiar se profundizó cuando horas después, y a consecuencia de aquella, según interpreta Imbellone, falleció el padre del occiso. Sostiene esta acusación en las diferentes declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por esos días y en particular la del Ministro de Salud de la Provincia Oscar González que sostuvo “...responsabilizo a las autoridades sanitarias de Capilla del Monte por la muerte por falta de atención en un hospital de la localidad de Punilla. “Ignoro lo que pasó. Han fallado. No sé por qué no se hizo algo. La Provincia financia un sistema para que, cuando viene un paciente cuyo problema no puede ser resuelto ahí, pueda ser trasladado. Cada municipio tiene un mecanismo para enfrentar las llamadas de emergencias domiciliarias”. Además expone que “por dichos de vecinos e incluso personal del Hospital, parecería existir una orden emanada directamente del Departamento Ejecutivo Municipal, por la cual se habría prohibido al personal del dicho nosocomio, la atención de este tipo de emergencias y el uso de la ambulancia para tales casos, lo cual de ser cierto sería gravísimo.
Ahora bien, tales conductas descriptas a más de haber sido la posible causa de la pérdida innecesaria y absurda de una vida humana, podrían encuadrarse en varios tipos penales como ser el abandono de persona (art. 106 del C.P.) en concurso real con violación de los deberes del funcionario público (art. 248 del C.P), entre otros.
En tal sentido cabe señalar que el Estado representado en este caso por el Ejecutivo Municipal, dejó abandonada a su suerte a esta persona respecto de la cual tenía un deber ineludible de asistencia”. La obligación de atención se sustenta en que “…la directora del hospital, Raquel Daniele, dijo que no pudieron asistir al hombre en su casa, donde residía con su familia en barrio Las Flores, porque no cuentan con un servicio de emergencias hacia los domicilios" ... "Sólo hay un médico de guardia las 24 horas y una enfermera por turno", explicó y añadió a Mitre 810 que conocían al hombre desde hacía tiempo y que presentaba retraso mental y motriz y tenía problemas intestinales".
La segunda de las causas esta referida a la no concreción de obras para provisión y reserva de agua potable, entre las que se cuentan “el desbarrado y limpieza del Dique Los Alazanes y la realización de la obra de acueducto desde el Dique El Cajón, obras estas que necesitan una pronta respuesta y ejecución por parte del Municipio a fin de no volver a transitar por la gravísima situación acontecida” por la falta del vital elemento. Funda esta acusación en los dichos, ante ese cuerpo, del Ingeniero Osvaldo Alie “donde luego de dar diversas explicaciones y gestiones realizadas ante la DIPAS al Concejo Deliberante y a los vecinos concurrentes en el recinto, justificando el por que no se puede dar comienzo a las obras, en un momento particular expresó que se encontraba solo y sin el apoyo necesario de la Intendente Municipal, esta expresión se encuentra transcripta en el acta de sesión de la referida fecha”.
La tercera causa esta referida a una obra municipal que se desarrolla en el ámbito de la ex Estación de Ferrocarril la que fuera detenida a raíz de una denuncia efectuada por un vecino, con actuaciones de los Tribunales de la Ciudad de Cosquin, ante ello el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza suspendiendo la obra hasta el pronunciamiento judicial, que con posterioridad el Poder ejecutivo solicitó autorización para continuar con la obra, la que le fue negada. Inbelloni funda esta acusación en que la Intendente “en forma avasalladora y totalmente ilegal el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 003/10 de fecha 14 de enero de 2010, dispuso la reanudación de las obras sobrepasando, desconociendo y desobedeciendo una ordenanza actualmente vigente dictada por este Concejo Deliberante y promulgada por el propio Departamento Ejecutivo, situación esta reitera, que a criterio del suscripto también constituye una seria irregularidad”.
La cuarta causa esta referida a la falta de información en relación a un robo de cheques y la negativa a aportar datos de la deuda flotante municipal en el ejercicio del año 2008, haciendo caso omiso de las solicitudes efectuadas por el Tribunal de Cuentas y el propio Concejo Deliberante, al cual elevó recién informe el 3 de diciembre de 2009 “en absoluta forma extemporánea”.
La quinta causa esta referida a la venta de un terreno, en la suma de $20.000, por decisión inconsulta del Poder Ejecutivo Municipal, Imbellone manifiesta que cuando esto sucedió “se encontraba vigente la Ordenanza Nº 1808/05, la cual en su Art. 3, segundo párrafo establecía: “Las ventas de inmuebles que se realicen a través de la oficina de inmuebles creada por ordenanza Nº 1392/00, deberán realizarse con autorización del Concejo Deliberante mediante Ordenanza Especial, en la que se fijarán EL VALOR DEL INMUEBLE tomando como parámetro los valores de mercado dentro de la localidad, Y LAS CONDICIONES DE LA VENTA”, y califica de total gravedad la conducta de la Intendente en el caso.
El escrito de Imbellone se cierra advirtiendo que deja su banca para que sea ocupada por su sustituto de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.
Recuadro
Final incierto
Sin dudas que la denuncia y búsqueda del Juicio Político de la Intendente Roxana Olmos interpuesta por Cesar Imbellone ha convulsionado, en lo político, a Capilla del Monte. Por estas horas, los asesores legales son los que más trabajo tienen, ya que deben conformar y trasladar fundamentos a los concejales, antes de las 09,30 horas del jueves, momento en que se iniciará la sesión que podrá dar lugar o no al Juicio Político. Es difícil prever lo que sucederá, porque no debe olvidarse que el Concejo Deliberante de la localidad del norte de Punilla está compuesto por el bloque oficialista que posee cuatro integrantes, y por tres bloques independientes que responden al Partido Nuevo, a la UCR y al Movimiento Patriótico que es el que presentó la denuncia.
Ecos de Punilla trató de pulsar el pensamiento de los concejales, con el siguiente resultado: el único, de los consultados, que se prestó al diálogo fue el Presidente del Concejo Deliberante Marcelo Rodríguez, el que señaló “la verdad es que el Concejal Imbellone toma la iniciativa, pero estos temas han venido siendo tratados por el cuerpo, de manera que hasta pudo haber existido un proyecto de consenso, por unanimidad, sobre algunas de las denuncias que planteó. Digo algunas, porque no mantenemos el mismo criterio en algunas cuestiones. Adelantar qué es lo que sucederá es difícil, hay que reunir 2/3 para dar lugar al juicio político, por tanto, se requiere de cinco votos, y acá no tan sólo están en juego las cuestiones institucionales sino también las de política partidaria a un año de una elección. Nos estamos haciendo asesorar por los abogados y se decidirá de acuerdo con esas directivas, tratando de aportar lo mejor para la localidad y su gente”.
Contactado el Concejal Miguel Tagliani del Frente Nuevo, se excusó de hacer declaraciones sosteniendo que “la situación es verdaderamente difícil y no voy a adelantar opinión, finalizada la sesión del jueves hablamos”.
El Concejal Dante Carrizo de la UCR no se encontraba en la localidad y no fue posible conseguirlo por vía telefónica. De todas maneras los referentes históricos del radicalismo capillense que fueron consultados afirmaron que “ni Carrizo, ni nadie va a opinar antes del jueves, después hablaremos sobre todos los temas que ustedes quieran”.
La percepción periodística nos dice que la sesión del jueves será realmente interesante y sorprendente porque podríamos encontrarnos ante un oficialismo que en su mayoría no respaldaría a la Intendente, y una oposición que sin defenderla no prestaría acuerdo. Todo indica que habrá que trabajar, y mucho, para intentar reunir los cinco votos que darían lugar al juicio político. Sobre todo por cuestiones electorales “no vaya a ser que la cambien y venga uno que haga las cosas bien y recompongan su imagen electoral” o porque “Imbellone pretende sacar un rédito político que nadie está dispuesto a darle graciosamente”. Como se aprecia la cosa pasa más por la elección futura que por la supuesta mala administración actual. El jueves se verá que intereses prevalecen.
N.H.
Tal como se venía adelantando en los diversos medios de comunicación de la región, el jueves pasado, el Concejal Cesar Imbellone presentó ante el Concejo Deliberante la denuncia que abre la posibilidad de que la intendente Roxana Olmos sea sometida a Juicio Político. En el extenso texto, Imbellone acusa por cinco hechos a la Intendente, entre los cuales se destaca el de haber incurrido en abandono del vecino que requirió de una ambulancia para ser trasladado al Hospital Municipal para su atención y no consiguió asistencia, resultando de ello su muerte. La tragedia familiar se profundizó cuando horas después, y a consecuencia de aquella, según interpreta Imbellone, falleció el padre del occiso. Sostiene esta acusación en las diferentes declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por esos días y en particular la del Ministro de Salud de la Provincia Oscar González que sostuvo “...responsabilizo a las autoridades sanitarias de Capilla del Monte por la muerte por falta de atención en un hospital de la localidad de Punilla. “Ignoro lo que pasó. Han fallado. No sé por qué no se hizo algo. La Provincia financia un sistema para que, cuando viene un paciente cuyo problema no puede ser resuelto ahí, pueda ser trasladado. Cada municipio tiene un mecanismo para enfrentar las llamadas de emergencias domiciliarias”. Además expone que “por dichos de vecinos e incluso personal del Hospital, parecería existir una orden emanada directamente del Departamento Ejecutivo Municipal, por la cual se habría prohibido al personal del dicho nosocomio, la atención de este tipo de emergencias y el uso de la ambulancia para tales casos, lo cual de ser cierto sería gravísimo.
Ahora bien, tales conductas descriptas a más de haber sido la posible causa de la pérdida innecesaria y absurda de una vida humana, podrían encuadrarse en varios tipos penales como ser el abandono de persona (art. 106 del C.P.) en concurso real con violación de los deberes del funcionario público (art. 248 del C.P), entre otros.
En tal sentido cabe señalar que el Estado representado en este caso por el Ejecutivo Municipal, dejó abandonada a su suerte a esta persona respecto de la cual tenía un deber ineludible de asistencia”. La obligación de atención se sustenta en que “…la directora del hospital, Raquel Daniele, dijo que no pudieron asistir al hombre en su casa, donde residía con su familia en barrio Las Flores, porque no cuentan con un servicio de emergencias hacia los domicilios" ... "Sólo hay un médico de guardia las 24 horas y una enfermera por turno", explicó y añadió a Mitre 810 que conocían al hombre desde hacía tiempo y que presentaba retraso mental y motriz y tenía problemas intestinales".
La segunda de las causas esta referida a la no concreción de obras para provisión y reserva de agua potable, entre las que se cuentan “el desbarrado y limpieza del Dique Los Alazanes y la realización de la obra de acueducto desde el Dique El Cajón, obras estas que necesitan una pronta respuesta y ejecución por parte del Municipio a fin de no volver a transitar por la gravísima situación acontecida” por la falta del vital elemento. Funda esta acusación en los dichos, ante ese cuerpo, del Ingeniero Osvaldo Alie “donde luego de dar diversas explicaciones y gestiones realizadas ante la DIPAS al Concejo Deliberante y a los vecinos concurrentes en el recinto, justificando el por que no se puede dar comienzo a las obras, en un momento particular expresó que se encontraba solo y sin el apoyo necesario de la Intendente Municipal, esta expresión se encuentra transcripta en el acta de sesión de la referida fecha”.
La tercera causa esta referida a una obra municipal que se desarrolla en el ámbito de la ex Estación de Ferrocarril la que fuera detenida a raíz de una denuncia efectuada por un vecino, con actuaciones de los Tribunales de la Ciudad de Cosquin, ante ello el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza suspendiendo la obra hasta el pronunciamiento judicial, que con posterioridad el Poder ejecutivo solicitó autorización para continuar con la obra, la que le fue negada. Inbelloni funda esta acusación en que la Intendente “en forma avasalladora y totalmente ilegal el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 003/10 de fecha 14 de enero de 2010, dispuso la reanudación de las obras sobrepasando, desconociendo y desobedeciendo una ordenanza actualmente vigente dictada por este Concejo Deliberante y promulgada por el propio Departamento Ejecutivo, situación esta reitera, que a criterio del suscripto también constituye una seria irregularidad”.
La cuarta causa esta referida a la falta de información en relación a un robo de cheques y la negativa a aportar datos de la deuda flotante municipal en el ejercicio del año 2008, haciendo caso omiso de las solicitudes efectuadas por el Tribunal de Cuentas y el propio Concejo Deliberante, al cual elevó recién informe el 3 de diciembre de 2009 “en absoluta forma extemporánea”.
La quinta causa esta referida a la venta de un terreno, en la suma de $20.000, por decisión inconsulta del Poder Ejecutivo Municipal, Imbellone manifiesta que cuando esto sucedió “se encontraba vigente la Ordenanza Nº 1808/05, la cual en su Art. 3, segundo párrafo establecía: “Las ventas de inmuebles que se realicen a través de la oficina de inmuebles creada por ordenanza Nº 1392/00, deberán realizarse con autorización del Concejo Deliberante mediante Ordenanza Especial, en la que se fijarán EL VALOR DEL INMUEBLE tomando como parámetro los valores de mercado dentro de la localidad, Y LAS CONDICIONES DE LA VENTA”, y califica de total gravedad la conducta de la Intendente en el caso.
El escrito de Imbellone se cierra advirtiendo que deja su banca para que sea ocupada por su sustituto de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.
Recuadro
Final incierto
Sin dudas que la denuncia y búsqueda del Juicio Político de la Intendente Roxana Olmos interpuesta por Cesar Imbellone ha convulsionado, en lo político, a Capilla del Monte. Por estas horas, los asesores legales son los que más trabajo tienen, ya que deben conformar y trasladar fundamentos a los concejales, antes de las 09,30 horas del jueves, momento en que se iniciará la sesión que podrá dar lugar o no al Juicio Político. Es difícil prever lo que sucederá, porque no debe olvidarse que el Concejo Deliberante de la localidad del norte de Punilla está compuesto por el bloque oficialista que posee cuatro integrantes, y por tres bloques independientes que responden al Partido Nuevo, a la UCR y al Movimiento Patriótico que es el que presentó la denuncia.
Ecos de Punilla trató de pulsar el pensamiento de los concejales, con el siguiente resultado: el único, de los consultados, que se prestó al diálogo fue el Presidente del Concejo Deliberante Marcelo Rodríguez, el que señaló “la verdad es que el Concejal Imbellone toma la iniciativa, pero estos temas han venido siendo tratados por el cuerpo, de manera que hasta pudo haber existido un proyecto de consenso, por unanimidad, sobre algunas de las denuncias que planteó. Digo algunas, porque no mantenemos el mismo criterio en algunas cuestiones. Adelantar qué es lo que sucederá es difícil, hay que reunir 2/3 para dar lugar al juicio político, por tanto, se requiere de cinco votos, y acá no tan sólo están en juego las cuestiones institucionales sino también las de política partidaria a un año de una elección. Nos estamos haciendo asesorar por los abogados y se decidirá de acuerdo con esas directivas, tratando de aportar lo mejor para la localidad y su gente”.
Contactado el Concejal Miguel Tagliani del Frente Nuevo, se excusó de hacer declaraciones sosteniendo que “la situación es verdaderamente difícil y no voy a adelantar opinión, finalizada la sesión del jueves hablamos”.
El Concejal Dante Carrizo de la UCR no se encontraba en la localidad y no fue posible conseguirlo por vía telefónica. De todas maneras los referentes históricos del radicalismo capillense que fueron consultados afirmaron que “ni Carrizo, ni nadie va a opinar antes del jueves, después hablaremos sobre todos los temas que ustedes quieran”.
La percepción periodística nos dice que la sesión del jueves será realmente interesante y sorprendente porque podríamos encontrarnos ante un oficialismo que en su mayoría no respaldaría a la Intendente, y una oposición que sin defenderla no prestaría acuerdo. Todo indica que habrá que trabajar, y mucho, para intentar reunir los cinco votos que darían lugar al juicio político. Sobre todo por cuestiones electorales “no vaya a ser que la cambien y venga uno que haga las cosas bien y recompongan su imagen electoral” o porque “Imbellone pretende sacar un rédito político que nadie está dispuesto a darle graciosamente”. Como se aprecia la cosa pasa más por la elección futura que por la supuesta mala administración actual. El jueves se verá que intereses prevalecen.
N.H.
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