Narcotráfico, Justicia y Política
Desde diferentes sectores se apunta en la necesidad de detener el avance del narcotráfico, sin embargo los funcionarios públicos involucrados en el tema sólo reaccionan en función de sus intereses políticos.
El Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico,
Sebastián García Díaz, remitió al Gobernador Juan Schiatretti un informe alertando sobre el crecimiento del narcotráfico en la Provincia, la “fabelización” de algunos barrios y la necesidad de exigir al Gobierno Nacional -con el mismo énfasis con que se está reclamando otras urgencias.
Previo a ingresar en las necesidades para la lucha contra el narcotráfico, García Díaz hace un balance de la gestión desarrollada donde señala que “hemos logrado avances importantes en la Sistematización de la Prevención de la Drogadicción, tanto desde el punto de vista Institucional-Educativo, a través de la instrumentación del Programa Quiero Ser en las Escuelas Primarias, como en la organización de la comunidad a través de la Red Social de Prevención Córdoba Libre, ambos con proyección provincial. No hemos tenido iguales resultados en lo que hace a la asistencia a adictos, más allá de los esfuerzos que hemos realizado desde la Secretaría por canalizar las inquietudes de los que se han contactado con nosotros. Sin embargo, la ley nos brinda una competencia sólo de coordinación y no de acción directa.
El trabajo de coordinación que hemos llevado adelante con el Ministerio de Salud, todavía no arroja, en este sentido, resultados objetivos para la ciudadanía. Urge avanzar en un Sistema Complementario de Becas de apoyo para tratamiento de adictos sin recursos ni cobertura social en centros privados y organizaciones no gubernamentales, mientras extendemos la respuesta desde la órbita pública, a escala provincial.
Mi mayor preocupación está concentrada, sin embargo, en los pocos avances realizados en lo que respecta a la Lucha Contra el Narcotráfico en Córdoba.
Más allá de los esfuerzos positivos que hemos hecho en conjunto con la Policía de Córdoba, por canalizar de forma ordenada las denuncias anónimas que puede hacer la ciudadanía, a través del 0-810-888-3368, hay una necesidad imperiosa latente de exigir al Nivel Federal -a los poderes correspondientes- la decisión de luchar contra el narcotráfico con otra escala y otra profundidad.
Ha llegado la hora, en ese sentido, de presionar al gobierno nacional, con la misma firmeza con que lo hacemos por otras cuestiones, también respecto a este tema. Urge instrumentar un Plan Nacional para combatir las redes de narcos que se están apoderando paulatinamente del país…Las señales que se reciben, por ahora, desde el Estado Nacional son muy confusas. No es un tema menor el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo y que ha supuesto un duro golpe. En primer lugar a la propia tarea de prevención, por las distorsiones que produce el mensaje despenalizador en los miles de chicos que tenían esa barrera legal como un límite a su curiosidad por experimentar. En igual medida a la Lucha contra el Narcotráfico, puesto que deja abierta la puerta para que -aprovechando la confusión entre el simple tenedor y el comercializador al menudeo- se multipliquen los jóvenes vulnerables enlistados para el microtráfico impune. Pero la cuestión no se agota en ese fallo. La oferta de droga crece en forma exponencial en todo el territorio nacional… Para tener una idea, me circunscribo a Córdoba. Si calculamos que a esta altura ya existen unos 5.000 puntos de venta de drogas en la Provincia hablamos de por lo menos unos 40.000 kilos, sólo de marihuana, al año para proveerlos. Esta cifra nos da la pauta del esfuerzo que debemos hacer para aspirar a dar un golpe certero al tráfico de estupefacientes. Si la multiplicamos por todas las provincias, el cálculo se vuelve alarmante…Por aire están aterrizando todos los días del año avionetas de vuelos clandestinos en nuestro territorio provincial con total impunidad. Para controlarlo necesitamos del gobierno federal, el largamente prometido Radar con la tecnología adecuada, a ser instalado en la zona norte de Córdoba...Las noticias indican, sin embargo, no sólo que no tendremos novedades en este sentido, sino que además es irregular el funcionamiento del radar que ya existe en la Provincia de Misiones. Hablamos de 220 vuelos ilegales diarios que se calcula ingresan por dicha frontera norte y que aterrizan en más de 1.000 pistas clandestinas. Exige en función del efectivo resultado la Ley de Derribo…No es la única asignatura pendiente por parte de nuestros representantes legislativos. Urge que los Diputados y Senadores nacionales avancen en mejorar las regulaciones necesarias respecto a Lavado de Dinero. Argentina cuenta con una legislación al respecto, pero casi no se registran condenas…Por tierra, las fronteras del país son demasiado flexibles. Además de un control fronterizo más eficiente, necesitamos instrumentar un Sistema de Postas Móviles en todas las rutas del país, similar a la tarea de la Policía Caminera de Córdoba, que ha dado excelentes resultados…Por Ferrocarril no hay controles efectivos, y tampoco lo hay en lo que llega por Correo Postal, ni por tránsito de Personas. Esta Unidad de Control Preventivo, también debe extender su competencia en forma paulatina a estos otros canales críticos de ingreso de droga al país…La Justicia Federal, no sólo en Buenos Aires sino en cada distrito, requiere ser provista de una fiscalía exclusiva en la materia. O al menos el Poder Nacional debe brindar el equipamiento y la escala necesaria para dar respuesta. La cantidad de personas y los recursos con los que cuentan hoy las fiscalías locales no resultan adecuadas para liderar el proceso de investigación y captura…La Policía Federal, más allá del valor de sus hombres, concentra su mayor efectividad en la Capital Federal y a esta altura es un insulto para los provincianos que tengamos a la mayoría de sus efectivos haciendo tareas ordinarias en la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de concentrarse en investigar y perseguir delitos complejos de órbita federal, con equipamiento y recursos humanos, adecuadamente distribuidos en todo el territorio nacional…Las policías provinciales están desbordadas, en su asistencia diaria a la Justicia Federal, por la lucha contra los “kiosquitos” de venta de droga que los vecinos denuncian alarmados y que se multiplican como hongos en los barrios. Este año la Policía de la Provincia de Córdoba ha elevado los procedimientos a una cifra histórica de 1.736 pero en un porcentaje mayoritario se trata de este tipo de vendedores al menudeo.
¿Quién está concentrado en investigar y atrapar a los narcotraficantes principales en Argentina? Hoy la respuesta no es clara y determinante. Las investigaciones grandes, que llevan dinero, esfuerzo, tiempo y perseverancia, no son dirigidas ni recompensadas por ningún poder directivo concreto que tenga los recursos suficientes. Crear esta instancia es prioridad uno…En verdad lo que se necesita es una Fuerza Nacional de Elite…No puedo terminar sin remarcar el modo en que las redes de narcotráfico se han instalado en barrios de todo el país (no sólo en el Gran Buenos Aires). En Córdoba ya operan en forma incipiente como carteles, subordinando a la comunidad a su propuesta económica y a su dinámica de funcionamiento ilegal. ¿Podemos ver impávidos como repetimos el proceso de Río de Janeiro, de Juarez o de Calí?...Por ese motivo, solicito autorización para peticionar ante los organismos nacionales pertinentes -ejecutivos, legislativos y judiciales- a los fines de solicitar avances en cada uno de estos puntos, así como volver a intentar convocar a todas las instituciones con asiento en Córdoba que están involucradas en la Lucha contra el Narcotráfico, para consensuar la importancia de exigir estas políticas y decisiones aquí resumidas, conformando un Consejo de Lucha contra el Narcotráfico…”
Este planteo de García Díaz ha generado una verdadera conmoción en el gobierno provincial que dijo no estaba enterado de la opinión del funcionario, aunque este sostiene que elevo la documentación hace varias semanas, tal controversia, de acuerdo a las declaraciones gubernamentales que se han hecho públicas, llevarían a que Díaz deba dejar su función.
En otro orden, no menos preocupante, el abogado Aurelio García Elorrio en declaraciones públicas consideró como un “verdadero genocidio” lo que está sucediendo en algunos barrios de Córdoba, agregando que “…tiene responsables con nombres propios, especialmente en la mala dirigencia política vinculada al narcotráfico…”. Las declaraciones fueron publicadas el 13 de enero y hasta el momento no hay información alguna de que algún fiscal haya iniciado una investigación de oficio, que es lo que corresponde. Si, sobran los anuncios políticos que manifiestan que el enfrentamiento originado con García Díaz, además del ya apuntado, está íntimamente relacionado con que el gobierno provincial no quiere enfrentamientos con el nacional tras los acuerdos que le han permitido mejorar su situación económico financiera y por ende su posibilidad de gestión.
Mientras los dirigentes discuten minucias, los jóvenes caen en la droga y los cárteles acumulan dinero, con el cual toman a poblaciones empobrecidas de rehén, las conducen a la complicidad y las utilizan de mano de obra violenta a bajo costo.
El Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico,
Sebastián García Díaz, remitió al Gobernador Juan Schiatretti un informe alertando sobre el crecimiento del narcotráfico en la Provincia, la “fabelización” de algunos barrios y la necesidad de exigir al Gobierno Nacional -con el mismo énfasis con que se está reclamando otras urgencias.
Previo a ingresar en las necesidades para la lucha contra el narcotráfico, García Díaz hace un balance de la gestión desarrollada donde señala que “hemos logrado avances importantes en la Sistematización de la Prevención de la Drogadicción, tanto desde el punto de vista Institucional-Educativo, a través de la instrumentación del Programa Quiero Ser en las Escuelas Primarias, como en la organización de la comunidad a través de la Red Social de Prevención Córdoba Libre, ambos con proyección provincial. No hemos tenido iguales resultados en lo que hace a la asistencia a adictos, más allá de los esfuerzos que hemos realizado desde la Secretaría por canalizar las inquietudes de los que se han contactado con nosotros. Sin embargo, la ley nos brinda una competencia sólo de coordinación y no de acción directa.
El trabajo de coordinación que hemos llevado adelante con el Ministerio de Salud, todavía no arroja, en este sentido, resultados objetivos para la ciudadanía. Urge avanzar en un Sistema Complementario de Becas de apoyo para tratamiento de adictos sin recursos ni cobertura social en centros privados y organizaciones no gubernamentales, mientras extendemos la respuesta desde la órbita pública, a escala provincial.
Mi mayor preocupación está concentrada, sin embargo, en los pocos avances realizados en lo que respecta a la Lucha Contra el Narcotráfico en Córdoba.
Más allá de los esfuerzos positivos que hemos hecho en conjunto con la Policía de Córdoba, por canalizar de forma ordenada las denuncias anónimas que puede hacer la ciudadanía, a través del 0-810-888-3368, hay una necesidad imperiosa latente de exigir al Nivel Federal -a los poderes correspondientes- la decisión de luchar contra el narcotráfico con otra escala y otra profundidad.
Ha llegado la hora, en ese sentido, de presionar al gobierno nacional, con la misma firmeza con que lo hacemos por otras cuestiones, también respecto a este tema. Urge instrumentar un Plan Nacional para combatir las redes de narcos que se están apoderando paulatinamente del país…Las señales que se reciben, por ahora, desde el Estado Nacional son muy confusas. No es un tema menor el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo y que ha supuesto un duro golpe. En primer lugar a la propia tarea de prevención, por las distorsiones que produce el mensaje despenalizador en los miles de chicos que tenían esa barrera legal como un límite a su curiosidad por experimentar. En igual medida a la Lucha contra el Narcotráfico, puesto que deja abierta la puerta para que -aprovechando la confusión entre el simple tenedor y el comercializador al menudeo- se multipliquen los jóvenes vulnerables enlistados para el microtráfico impune. Pero la cuestión no se agota en ese fallo. La oferta de droga crece en forma exponencial en todo el territorio nacional… Para tener una idea, me circunscribo a Córdoba. Si calculamos que a esta altura ya existen unos 5.000 puntos de venta de drogas en la Provincia hablamos de por lo menos unos 40.000 kilos, sólo de marihuana, al año para proveerlos. Esta cifra nos da la pauta del esfuerzo que debemos hacer para aspirar a dar un golpe certero al tráfico de estupefacientes. Si la multiplicamos por todas las provincias, el cálculo se vuelve alarmante…Por aire están aterrizando todos los días del año avionetas de vuelos clandestinos en nuestro territorio provincial con total impunidad. Para controlarlo necesitamos del gobierno federal, el largamente prometido Radar con la tecnología adecuada, a ser instalado en la zona norte de Córdoba...Las noticias indican, sin embargo, no sólo que no tendremos novedades en este sentido, sino que además es irregular el funcionamiento del radar que ya existe en la Provincia de Misiones. Hablamos de 220 vuelos ilegales diarios que se calcula ingresan por dicha frontera norte y que aterrizan en más de 1.000 pistas clandestinas. Exige en función del efectivo resultado la Ley de Derribo…No es la única asignatura pendiente por parte de nuestros representantes legislativos. Urge que los Diputados y Senadores nacionales avancen en mejorar las regulaciones necesarias respecto a Lavado de Dinero. Argentina cuenta con una legislación al respecto, pero casi no se registran condenas…Por tierra, las fronteras del país son demasiado flexibles. Además de un control fronterizo más eficiente, necesitamos instrumentar un Sistema de Postas Móviles en todas las rutas del país, similar a la tarea de la Policía Caminera de Córdoba, que ha dado excelentes resultados…Por Ferrocarril no hay controles efectivos, y tampoco lo hay en lo que llega por Correo Postal, ni por tránsito de Personas. Esta Unidad de Control Preventivo, también debe extender su competencia en forma paulatina a estos otros canales críticos de ingreso de droga al país…La Justicia Federal, no sólo en Buenos Aires sino en cada distrito, requiere ser provista de una fiscalía exclusiva en la materia. O al menos el Poder Nacional debe brindar el equipamiento y la escala necesaria para dar respuesta. La cantidad de personas y los recursos con los que cuentan hoy las fiscalías locales no resultan adecuadas para liderar el proceso de investigación y captura…La Policía Federal, más allá del valor de sus hombres, concentra su mayor efectividad en la Capital Federal y a esta altura es un insulto para los provincianos que tengamos a la mayoría de sus efectivos haciendo tareas ordinarias en la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de concentrarse en investigar y perseguir delitos complejos de órbita federal, con equipamiento y recursos humanos, adecuadamente distribuidos en todo el territorio nacional…Las policías provinciales están desbordadas, en su asistencia diaria a la Justicia Federal, por la lucha contra los “kiosquitos” de venta de droga que los vecinos denuncian alarmados y que se multiplican como hongos en los barrios. Este año la Policía de la Provincia de Córdoba ha elevado los procedimientos a una cifra histórica de 1.736 pero en un porcentaje mayoritario se trata de este tipo de vendedores al menudeo.
¿Quién está concentrado en investigar y atrapar a los narcotraficantes principales en Argentina? Hoy la respuesta no es clara y determinante. Las investigaciones grandes, que llevan dinero, esfuerzo, tiempo y perseverancia, no son dirigidas ni recompensadas por ningún poder directivo concreto que tenga los recursos suficientes. Crear esta instancia es prioridad uno…En verdad lo que se necesita es una Fuerza Nacional de Elite…No puedo terminar sin remarcar el modo en que las redes de narcotráfico se han instalado en barrios de todo el país (no sólo en el Gran Buenos Aires). En Córdoba ya operan en forma incipiente como carteles, subordinando a la comunidad a su propuesta económica y a su dinámica de funcionamiento ilegal. ¿Podemos ver impávidos como repetimos el proceso de Río de Janeiro, de Juarez o de Calí?...Por ese motivo, solicito autorización para peticionar ante los organismos nacionales pertinentes -ejecutivos, legislativos y judiciales- a los fines de solicitar avances en cada uno de estos puntos, así como volver a intentar convocar a todas las instituciones con asiento en Córdoba que están involucradas en la Lucha contra el Narcotráfico, para consensuar la importancia de exigir estas políticas y decisiones aquí resumidas, conformando un Consejo de Lucha contra el Narcotráfico…”
Este planteo de García Díaz ha generado una verdadera conmoción en el gobierno provincial que dijo no estaba enterado de la opinión del funcionario, aunque este sostiene que elevo la documentación hace varias semanas, tal controversia, de acuerdo a las declaraciones gubernamentales que se han hecho públicas, llevarían a que Díaz deba dejar su función.
En otro orden, no menos preocupante, el abogado Aurelio García Elorrio en declaraciones públicas consideró como un “verdadero genocidio” lo que está sucediendo en algunos barrios de Córdoba, agregando que “…tiene responsables con nombres propios, especialmente en la mala dirigencia política vinculada al narcotráfico…”. Las declaraciones fueron publicadas el 13 de enero y hasta el momento no hay información alguna de que algún fiscal haya iniciado una investigación de oficio, que es lo que corresponde. Si, sobran los anuncios políticos que manifiestan que el enfrentamiento originado con García Díaz, además del ya apuntado, está íntimamente relacionado con que el gobierno provincial no quiere enfrentamientos con el nacional tras los acuerdos que le han permitido mejorar su situación económico financiera y por ende su posibilidad de gestión.
Mientras los dirigentes discuten minucias, los jóvenes caen en la droga y los cárteles acumulan dinero, con el cual toman a poblaciones empobrecidas de rehén, las conducen a la complicidad y las utilizan de mano de obra violenta a bajo costo.
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