Plan Integral: El sistema de gobierno debe obligar al consenso

Por Davíd Buccini
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Gobernar para los Amigos del Poder es la antítesis de la democracia. La representación política en el Concejo Deliberante no respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas.


Ya lo dijo el filósofo contemporáneo Pastor Montoya: “La democracia es cuando el negocio es para todos”. Y lo dijo aquí en La Falda, hace unos años, entrevistado por este cronista.
Se le había planteado la inquietud por un gobierno, el del Gran Pez Marcos Sestopal, que durante sus primeros dos años de gestión ya había mostrado en plenitud su perfil real, decidiendo de manera inconsulta y errática sobre cuestiones centrales, desmereciendo todo aporte ciudadano o institucional, y favoreciendo de manera clara y notoria, con los negocios municipales, a un puñado de personas allegadas, conocidas desde entonces como los “Amigos del Poder”.
Los mejores negocios del Complejo 7 Cascadas otorgados en licitaciones irregulares y ganadas por quienes se presentaban fuera de término; el manejo oscuro y nunca aclarado de los dineros cuantiosos que allí se cobrar para ingresar al predio; las concesiones directas para dar servicio de bar y cocina en los sucesivos festivales del Tango; la adjudicación por “iniciativa privada” del Hotel Edén por 30 años y su falta de revisión a pesar de las informaciones que indican que se ha cambiado la sociedad que lo explota; la adjudicación directa, sin cotejar otros presupuestos por la controvertida y probadamente costosa obra del gas natural; los aumentos sorpresivos e inconsultos que se impusieron al boleto del Transporte Urbano brindado por la empresa Lumasa, como esta última intentona operada por el súper secretario Miguel Maldonado (informe en esta edición de Ecos); El reciente escándalo por el sobre costo y el pago sin entrega de los bolsones alimentarios. En todos estos casos, citados como ejemplos de muchos más, se benefició de manera directa a un selecto grupo de vecinos que se fueron apropiando así de la renta surgida de negocios controlados por el Poder Ejecutivo.
En este claro sentido, y de manera más profunda aún, se contrapone la definición de democracia sustentada por filósofo Pastor Montoya: “Cuando el negocio es de todos”.
Así, como contrapartida al ejercicio del poder realizado en La Falda, es claro que el punto más alto de la democracia será el momento en que todos se beneficien de su sistema. El día que no haya un pobre, la democracia como sistema político habrá alcanzado su grado máximo de calidad.
Ahora bien, es evidente, dentro del sistema, se puede gobernar para los Amigos del Poder. El tridente conformado por el Gran Pez, Maldonado y el secretario de Turismo Daniel Buonamico, lo demostraron fehacientemente. Y este sentido contrario a los valores políticos que se supone nos ampara, se desarrolla, perfecciona y toma vuelo, impulsado por un gobierno “de la democracia”.
¿Cuál es, entonces, la falla geológica del sistema de gobierno?
Es claro que el pueblo no gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes. Y para bucear una respuesta, debemos ir entonces al origen de la representación política.

La Matemática política y el “5 a 3”
Algo funciona mal en el sistema de representación política que nos gobierna. Y la clave de este funcionamiento errático está en las particularidades de la “matemática política” con la que se establece, de acuerdo a los votos obtenidos, la representación legislativa para cada Partido en pugna en una elección cualquiera.
Es claro que quien gana aunque sea por un voto debe gobernar desde el Poder Ejecutivo. Tan claro como que gobernar en democracia, después de la Revolución Francesa, significa hacerlo mediante un sistema de contrapoderes que se auto compense y auto regule y controle para que nadie, por mucho liderazgo que ostente, se sienta con poderes monárquicos, entendiendo por ello que ese nuevo jefe político de una comunidad cualquiera pueda estar, por caso, más allá del alcance de las leyes.
Una diferencia esencial entre una dictadura y una democracia es, precisamente, el respeto y consideración que debe tenerse por las minorías. Y si bien es harto dificultoso lograr un consenso total entre las fuerzas políticas, el gobernante demócrata es el que hace los esfuerzos necesarios para acercar las posiciones y dirimir los choques de intereses que se producen en el seno de las sociedades.
El sistema electoral prevé de hecho lo que se ha dado en llamar “la cláusula de gobernabilidad”. Esto se basa en la dañina tradición presidencialista de nuestro sistema representativo, que bien podría traducirse a nuestros pueblos y ciudades, donde gobierna el Municipio, como tradición “intendentista”, y que como hemos visto, sólo ha logrado deformar el sentido de la representación real que el pueblo otorga con su voto. Vamos a un ejemplo reciente.
Cuando Marcos Sestopal ganó en las urnas su primer mandato como Intendente de La Falda, lo hizo apenas por un puñadito de votos de diferencia sobre la segunda minoría. Tan fragmentado fue aquel resultado, que por primera vez desde 1983 hubo una tercera fuerza con representación parlamentaria. Sin embargo, y a pesar de que la sociedad fragmentó su voluntad en varias fuerzas políticas que competían por la Intendencia, Sestopal asumió con la mayoría absoluta del Concejo Deliberante.
Ganó con menos del 25 % de apoyo real de los vecinos en condiciones de votar, pero se quedó con el 62,5 % de la representación política en el Concejo Deliberante, o sea con cinco (5) de los ocho (8) concejales que integran el cuerpo.
Esta ficción de la matemática política le dio al oficialismo una mayoría absoluta en la representación proporcional del Concejo Deliberante, que en nada reflejó la voluntad del electorado. De allí la famosa frase del concejal Aquiles Aliverti durante la recordada Audiencia Pública por el 7 Casacadas: “Yo no gobierno para vos. Digan lo que quieran que aquí votamos 5 a 3”. Y a cantarle a Magoya.
Cinco representantes de un total de ocho significan el 62,5 % del Consejo Deliberante.
¿Cómo se entiende, que con cerca del 30 % de los votos, se obtenga la abrumadora mayoría del 62,5 % de los concejales? ¿Dónde se produce semejante distorsión?
Es la maldita “cláusula de gobernabilidad”, que destruye literalmente la representación consagrada por el voto ciudadano en las urnas, vaciándolo de contenido. Y que sostiene que quien gana por un voto, se queda no sólo con el Poder Ejecutivo, que es lo lógico. Sino con la abrumadora mayoría del Poder Legislativo. Y la peor consecuencia de esta deformación del sistema de representación es la que padecimos aquí: Un Gobierno que nunca, jamás, buscó el consenso y siempre, todas las veces, impuso un número que, como vemos, no le correspondía de acuerdo a la burlada voluntad popular.
Hubo de resquebrajarse el Bloque oficial por cuestiones internas para que se empezaran a vislumbrar ciertos frenos, tenues aún, a los avances prepotentes del Ejecutivo.
La más grave consecuencia de toda esta “matemática política” es, como se sabe, la falta de consenso en las medidas de Gobierno. Y resulta así porque el sistema no obliga a encontrar acuerdos, toda vez que permite atropellar con la fuerza del número mal habido de concejales propios.

No hay plan integral sin reforma política
Al Gran Pez no le pudo poner límite la oposición política, aunque de hecho esa fue su intención y es su función parlamentaria. Y no se le pudo poner límites ni controlar su administración porque el sistema de representación actual les amputa las manos ni bien asumen. Son concejales, tienen voz y voto, pero no tienen peso real en el Gobierno de la ciudad. Digan lo que digan, lo sabemos, al Gran Pez no le importa ni los considera. Y es honesto decirlo, no es esta una característica exclusiva del actual Intendente.
Los representantes de los votantes, no tienen poder. El ciudadano gobierna a través de representantes que no tienen poder de gobernar, he aquí la paradoja. No existen en el juego político de la administración por las causas que expresamos. Ahora bien ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de cinco a tres, la representación hubiese sido, por ejemplo, tres, tres, y dos? ¿O cuatro, cuatro y uno?
En ese caso, el Intendente, cualquiera que sea, estaría obligado a buscar el consenso, estaría, por así decirlo, condenado al diálogo político.
La experiencia faldense, como tantas otras en todo el país, ha demostrado que lo único que puede poner un límite al gobernante de turno es la movilización de los vecinos, como el caso de los Autoconvocados del Gas en La Falda. En aquellas asambleas, quedó en claro, tristemente, el vaciamiento de poder sufrido por la oposición, que se manifestó impotente frente al atropello del Ejecutivo. Así, los vecinos autoconvocados revelaron, con su sola existencia, la falla terrible del sistema político de representación, incapaz de frenar los caprichos del Intendente y su clara voluntad de beneficiar a una empresa amiga que quiso meterle la mano en el bolsillo a los vecinos.
¿Para qué votamos, si cuando avasallan nuestros derechos, nuestros representantes no tienen fuerza y sólo queda la protesta y la movilización vecinal?
Se acusa a los vecinos de sólo reunirse para oponerse a algo. Y es que cuando votamos, los que tienen que proponer soluciones no son escuchados, aún dentro del oficialismo.
Ahora que se busca discutir las bases de un plan estratégico para la ciudad, y más allá de la falta de liderazgo y la poca confianza en las autoridades que convocan, todos hablan de “consenso”. Pero si la Carta Orgánica no se reforma para lograr un sistema que asegure la representatividad real a nuestros concejales, será otro gasto, de esfuerzo y dinero, que no dará resultado.
Supongamos por un momento, que se llega a un debate fructífero y a un consenso sobre temas centrales de la administración municipal ¿Por qué estaría obligado el próximo Intendente a cumplir esas propuestas? ¿Y el próximo? ¿Y el que venga luego?
Tal como están las cosas, quien gane, aunque sea por un voto, se quedará con la suma absoluta del poder político municipal. Y puede, otra vez, desoír, como estamos acostumbrados, esta cosa esencial de buscar el consenso. Y tal vez ocurra, no es nada fantasioso, que se encumbren otros nuevos Amigos del Poder.
Sin reforma política, hablar de consenso es una ilusión que sirve, hasta ahora, para que un par de Universidades hagan un lindo negocio, y un Intendente encuentre un poco de oxígeno para terminar su olvidable, intrascendente mandato.