Si el sistema político es corrupto, es hora de cambiarlo
Parece ser que cada vez que nos asomamos al mundo de la política nacional, tenemos que encontrarnos con un sistema atacado por un virus que la corrompe. Así lo señalan las opiniones de amplios sectores de la sociedad y lo admiten y execran los mismos dirigentes que la integran, algunos sólo en el discurso y otros en los hechos. Lo cierto es que unos y otros atentan contra su propia investidura y agravian a la política, cuando está conceptualmente es la herramienta que, en el marco de la democracia, debería proveer al bienestar común.
Bien común que esta muy lejos de conseguirse cuando se arremete contra el sector más carenciado de la sociedad.
Es lo que ha sucedido en La Falda, cuando con una maniobra de características oscuras un Poder Ejecutivo hace notar, a la comunidad que gobierna, que amparado en una circunstancia de cambio de método en la atención a los más desposeídos - transición entre el programa “El hambre más Urgente” y la instauración de la Tarjeta Solidaria - todo indicaría pretendieron quedarse con esos fondos, vaya a saber con qué fin. Puede decirse de esta manera, ya que, con el conocimiento público de los hechos, para muchos no quedan dudas de que si no se hubiese publicado la investigación periodística, que llevará adelante Mario Thibault, en este medio, nunca los módulos alimentarios hubiesen llegado a sus destinatarios. Pero, más allá de estas opiniones, están los indicios que marcan el accionar irregular, entre ellos, las declaraciones del intendente Marcos Sestopal, donde sostiene que la distribución de los bolsones se demoró por la transición en el cambio de autoridades del área de Acción Social, algo que podría entenderse si la adquisición de los módulos se hubiese producido en fecha cercana al 31 de julio del corriente año, oportunidad en que fue desplazada la Directora de Acción Social, pero no como se ha contactado que sucedió, de acuerdo a las fechas de las facturas respectivas, el 28-04-09 Facturas 645 y 646, 18-06-09 Facturas 649 y 650, 07-07-09 Factura Nº 759 todas de GMC Representaciones Comerciales, ya, en el primero de los casos, 9 meses después del último bolsón entregado (agosto de 2008) por el programa mencionado, a excepción de que las autoridades municipales pensaran que el hambre de los pobres podría esperar hasta que ellos resolvieran sus cuestiones funcionales.
Claro que lo que viene a respaldar, en forma contundente, los indicios, es la declaración realizada por Héctor Ramón Mendoza ante los miembros del Concejo Deliberante, la semana pasada, cuando sostuvo que a su esposa Miriam Arnedo, aún en ejercicio de la Dirección de Acción Social, el Secretario de Economía y Hacienda Jorge Pafundo le pidió que realizará una maniobra de las características de la expuesta y que la funcionaria se negó, denunciando la situación ante el Intendente, como superior directo, y que esté se mostró sorprendido por lo solicitado.
Esta declaración hecha por tierra cualquier intento de justificación, y seguramente será un punto a esclarecer ante la Justicia cuando está actué, la que procederá si, tal como lo mantuvo, Mendoza hace la presentación correspondiente.
Por lo pronto, esta es la única posibilidad existente de que estos hechos sean investigados judicialmente, en razón de que, más allá de alguna demostración de voluntad, todo indica que desde los sectores políticos de gobierno o políticos partidarios, por diversas causas, algunas con escasísimo fundamento, no habría posibilidad o intención de llevarla a los tribunales.
Y esté es otro hecho que atenta contra la credibilidad de la política y de quienes la integran, porque el ciudadano ha elegido, en su momento, a representantes para que custodien el interés común, por lo tanto al enterarse de que existe una irregularidad, que se dan pruebas de que la misma incurriría en posibles figuras delictivas, como lo son las de probable peculado y asociación ilícita, espera de que esos representantes asuman la responsabilidad que les compete y eleven las causas a investigación judicial, para que exista un esclarecimiento profundo, por encima de las cuestiones político partidarias y de los supuestos sociales. Esta, y no otra, es la forma en que se resuelven estas tramas que perjudican la credibilidad social y desentrañan el sistema corruptor que se ha instalado en la política.
De poco sirve la condena pública cuando el sistema de poder se escuda en la impunidad, porque de ahí no hay retorno, sólo la posibilidad de que los hechos futuros guarden mayor riesgo para los fondos públicos, que son el dinero de todos, para que no se garantice la atención de los más desposeídos y, sin lugar a dudas, para la generación de insaciables delincuentes que crecen a la sombra del poder.
No es esta la política que los ciudadanos pretenden, la que se persigue es la conformada por hombres y mujeres de bien, que hagan valer su compromiso social, que se muestren como abanderados de la ley y la justicia, que sean incorruptibles y verdaderos ejemplos de civismo. Y esto no significa imponerles un sacrificio desmedido sino, apenas, que ejerzan el mismo resguardo que tienen para consigo mismo, para con su familia, para con sus ingresos y patrimonio, porque que se sepa todas son personas hábiles y, es obvio, no atentan contra sus propios intereses.
Los hombres y mujeres que integran, y los que se proponen incursionar en, la política deben entender que ha llegado la hora de terminar con la paupérrima justificación de que el sistema es corrupto. Si lo es, pues es tiempo de cambiarlo, exponiendo y desechando la corrupción. Así, y sólo así, se recuperará la salud del sistema y se fortalecerá la democracia, para bien de la sociedad en su conjunto.
N.H.
Recuadro entre columnas
“De poco sirve la condena pública cuando el sistema de poder se escuda en la impunidad, porque de ahí no hay retorno, sólo la posibilidad de que los hechos futuros guarden mayor riesgo para los fondos públicos, que son el dinero de todos, para que no se garantice la atención de los más desposeídos y, sin lugar a dudas, para la generación de insaciables delincuentes que crecen a la sombra del poder”.
N.H.
Recuadro
Ultimo momento
Sobre el cierre de esta edición, y como para hacer realidad aquello de que “la esperanza es lo último que se pierde”, la concejal Ana Nieto (UCR) adelantó que ha concluido con el recabado de la información necesaria que, en su criterio, le imponen la decisión de solicitar ante la Justicia Federal la investigación sobre los hechos de público conocimiento.
Bien común que esta muy lejos de conseguirse cuando se arremete contra el sector más carenciado de la sociedad.
Es lo que ha sucedido en La Falda, cuando con una maniobra de características oscuras un Poder Ejecutivo hace notar, a la comunidad que gobierna, que amparado en una circunstancia de cambio de método en la atención a los más desposeídos - transición entre el programa “El hambre más Urgente” y la instauración de la Tarjeta Solidaria - todo indicaría pretendieron quedarse con esos fondos, vaya a saber con qué fin. Puede decirse de esta manera, ya que, con el conocimiento público de los hechos, para muchos no quedan dudas de que si no se hubiese publicado la investigación periodística, que llevará adelante Mario Thibault, en este medio, nunca los módulos alimentarios hubiesen llegado a sus destinatarios. Pero, más allá de estas opiniones, están los indicios que marcan el accionar irregular, entre ellos, las declaraciones del intendente Marcos Sestopal, donde sostiene que la distribución de los bolsones se demoró por la transición en el cambio de autoridades del área de Acción Social, algo que podría entenderse si la adquisición de los módulos se hubiese producido en fecha cercana al 31 de julio del corriente año, oportunidad en que fue desplazada la Directora de Acción Social, pero no como se ha contactado que sucedió, de acuerdo a las fechas de las facturas respectivas, el 28-04-09 Facturas 645 y 646, 18-06-09 Facturas 649 y 650, 07-07-09 Factura Nº 759 todas de GMC Representaciones Comerciales, ya, en el primero de los casos, 9 meses después del último bolsón entregado (agosto de 2008) por el programa mencionado, a excepción de que las autoridades municipales pensaran que el hambre de los pobres podría esperar hasta que ellos resolvieran sus cuestiones funcionales.
Claro que lo que viene a respaldar, en forma contundente, los indicios, es la declaración realizada por Héctor Ramón Mendoza ante los miembros del Concejo Deliberante, la semana pasada, cuando sostuvo que a su esposa Miriam Arnedo, aún en ejercicio de la Dirección de Acción Social, el Secretario de Economía y Hacienda Jorge Pafundo le pidió que realizará una maniobra de las características de la expuesta y que la funcionaria se negó, denunciando la situación ante el Intendente, como superior directo, y que esté se mostró sorprendido por lo solicitado.
Esta declaración hecha por tierra cualquier intento de justificación, y seguramente será un punto a esclarecer ante la Justicia cuando está actué, la que procederá si, tal como lo mantuvo, Mendoza hace la presentación correspondiente.
Por lo pronto, esta es la única posibilidad existente de que estos hechos sean investigados judicialmente, en razón de que, más allá de alguna demostración de voluntad, todo indica que desde los sectores políticos de gobierno o políticos partidarios, por diversas causas, algunas con escasísimo fundamento, no habría posibilidad o intención de llevarla a los tribunales.
Y esté es otro hecho que atenta contra la credibilidad de la política y de quienes la integran, porque el ciudadano ha elegido, en su momento, a representantes para que custodien el interés común, por lo tanto al enterarse de que existe una irregularidad, que se dan pruebas de que la misma incurriría en posibles figuras delictivas, como lo son las de probable peculado y asociación ilícita, espera de que esos representantes asuman la responsabilidad que les compete y eleven las causas a investigación judicial, para que exista un esclarecimiento profundo, por encima de las cuestiones político partidarias y de los supuestos sociales. Esta, y no otra, es la forma en que se resuelven estas tramas que perjudican la credibilidad social y desentrañan el sistema corruptor que se ha instalado en la política.
De poco sirve la condena pública cuando el sistema de poder se escuda en la impunidad, porque de ahí no hay retorno, sólo la posibilidad de que los hechos futuros guarden mayor riesgo para los fondos públicos, que son el dinero de todos, para que no se garantice la atención de los más desposeídos y, sin lugar a dudas, para la generación de insaciables delincuentes que crecen a la sombra del poder.
No es esta la política que los ciudadanos pretenden, la que se persigue es la conformada por hombres y mujeres de bien, que hagan valer su compromiso social, que se muestren como abanderados de la ley y la justicia, que sean incorruptibles y verdaderos ejemplos de civismo. Y esto no significa imponerles un sacrificio desmedido sino, apenas, que ejerzan el mismo resguardo que tienen para consigo mismo, para con su familia, para con sus ingresos y patrimonio, porque que se sepa todas son personas hábiles y, es obvio, no atentan contra sus propios intereses.
Los hombres y mujeres que integran, y los que se proponen incursionar en, la política deben entender que ha llegado la hora de terminar con la paupérrima justificación de que el sistema es corrupto. Si lo es, pues es tiempo de cambiarlo, exponiendo y desechando la corrupción. Así, y sólo así, se recuperará la salud del sistema y se fortalecerá la democracia, para bien de la sociedad en su conjunto.
N.H.
Recuadro entre columnas
“De poco sirve la condena pública cuando el sistema de poder se escuda en la impunidad, porque de ahí no hay retorno, sólo la posibilidad de que los hechos futuros guarden mayor riesgo para los fondos públicos, que son el dinero de todos, para que no se garantice la atención de los más desposeídos y, sin lugar a dudas, para la generación de insaciables delincuentes que crecen a la sombra del poder”.
N.H.
Recuadro
Ultimo momento
Sobre el cierre de esta edición, y como para hacer realidad aquello de que “la esperanza es lo último que se pierde”, la concejal Ana Nieto (UCR) adelantó que ha concluido con el recabado de la información necesaria que, en su criterio, le imponen la decisión de solicitar ante la Justicia Federal la investigación sobre los hechos de público conocimiento.
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