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Lugar: La Falda, Córdoba, Argentina

El titular ha superado los 25 años en la actividad periodística, habiendo participado de los medios gráficos de la región, ha sido director de medios radiales y ha hecho televisión, fue corresponsal de La Voz del Interior.

jueves, 1 de octubre de 2009

En La Falda los bolsones se pagan, pero no se entregan, aunque se trate de “El Hambre Más Urgente”

La investigación periodística arrojó como resultado el que módulos alimentarios que fueran facturados al municipio nunca llegaron a manos de los beneficiarios del Plan El Hambre Más Urgente. La operatoria podría encuadrar dentro de los delitos de peculado y asociación ilícita. El bloque opositor (UCR – PN) confeccionaba una presentación judicial sobre el tema. El fuero investigativo podría ser el federal.

En el año 2003 el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social creo el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que fundamentalmente ejecutaba políticas por intermedio de una Red Federal (Provincias – Municipios) que “articulaba acciones concebidas en forma directa a las necesidades sociales detectadas en cada territorio promoviendo la participación activa de todos los actores locales para dar respuestas a las mismas”
Este plan se dirige a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Desde su puesta en marcha se constituyó en una política de Estado en materia alimentaria, más allá de la emergencia, porque tiende a elevar la calidad de vida de toda la población y abarca el mejoramiento de la salud y la nutrición en el mediano y largo plazo.
Los titulares de derecho de este plan son las familias con niños menores de 14 años, las mujeres embarazadas, desnutridos, discapacitados y los adultos mayores que viven en condiciones socialmente desfavorables y presentan una situación de vulnerabilidad nutricional.
Se llega a 1.830.899 familias con ayudas alimentarias en todo el país incluidas 126.013 de la Provincia de Córdoba, y dentro de ella a 975 beneficiarios de la Ciudad de La Falda.

En el año 2006, la Provincia de Córdoba mediante Ley Nº 9311 aprueba un convenio denominado de “Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre más Urgente”. Abordaje focalizado celebrado entre la Secretaria de Gestión Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de la Solidaridad de la Provincia, la misma se sanciono el 16-08-06 y se publicó en Boletín Oficial el 24-08-06.
A través del citado Convenio, se procurará financiar la adquisición de alimentos para el armado, embalaje y distribución de módulos alimentarios nutricionales, a los efectos de la atención de hasta 126.103 beneficiarios de la Provincia de Córdoba.
La miembro informante del despacho de las Comisiones de Solidaridad, Economía y de Legislación General, Mirta Mussi (UPC), dijo que “el objeto del mencionado acuerdo será complementar la alimentación indispensable de familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza mediante la entrega de alimentos que significan un progreso en su calidad de vida”.
Para ello, la Nación transfiere a la Provincia, aportes financieros por la suma de $34.362.000, con el carácter de subsidio No Reintegrable sujeto a rendiciones de cuentas, a fin que esta última jurisdicción financie la asistencia alimentaria que constituye el eje medular de dicho convenio que recibió ratificación Legislativa.

El plan en La Falda
En el caso de La Falda una vez consolidado el Plan y mediante un empadronamiento se asiste a novecientos setenta y cinco (975) beneficiarios, esta asistencia, administrativamente, hasta el mes de Junio del año 2008, se realizaba mediante la entrega de un módulo alimentario (vulgarmente llamado Bolsón) de un valor comercial de treinta pesos ($ 30) c/u que generalmente contenía: 1 paq. Fideo sopa - 1 paq. Fideo guisero - ½ kg. Yerba - 1 Kg. Azúcar - 1 bot. Aceite X 900cc - ½ Kg. Arroz - 1 Caja leche en polvo por 400cc - 1 Kg. Harina leudante - 1 Puré de tomate X 520 grs.-

Era común el retraso del envió de los fondos que enviados por la Nación, previo paso por el Ministerio de la Solidaridad de Córdoba, lo que generó un letargo en la compra y provisión de módulos de tres meses promedio. Es así que la entrega de los últimos 975 módulos correspondiente al mes de Junio/08 se efectuaron en el mes de Agosto del mismo año.

Llega la Tarjeta Solidaria
En el mes de Octubre del año 2008, La Falda pasó a ser uno de los quince (15) municipios de la Provincia que reemplazó el modulo por la Tarjeta Social que no es ni más ni menos que una Tarjeta de Debito que goza de un beneficio mayor por cuanto a los treinta pesos ($ 30) asignados por la Nación, la Provincia agrega veinte pesos ($ 20) más lo que significa un total de cincuenta pesos ($ 50) que el beneficiario puede utilizar en determinados comercios y supermercados de la ciudad.

Como, desde mis programas de FM Única, La Información de Una y Hablemos Claro, acompañamos, a la Dirección de Acción Social del Municipio en la información y esclarecimiento de este nuevo sistema iniciado, como decía, en OCTUBRE/08 sabíamos que por el atraso promedio de tres meses los módulos correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre del año 2008 habían quedado sin entregar.

GMC y sus caros productos
Recordarán que hace dos semanas atrás en el Ecos Nº 332 publicamos la investigación relacionada a los sobre-precios en productos de almacén que las autoridades del municipio faldense abonaban a la Empresa GMC Representaciones Comerciales, perteneciente, como su sigla lo indica al Comerciante Gustavo Marcelo Correa.
De la documentación observada para la determinación de los exagerados precios surge que los mismos, en la casi totalidad de las órdenes de compra, órdenes de pago y facturas son producto de la supuesta compra de módulos alimentarios conforme al siguiente detalle:
28-04-09 Facturas 645 y 646 Por $ 15.000 c/u Productos p/ 1.000 módulos
18-06-09 Facturas 649 y 650 Por $ 15.000 c/u Productos p/ 1.000 módulos
07-07-09 Factura Nº 759 Por $ 29.250 Productos p/ 975 módulos

Ante la certeza de que después de agosto de 2008 (Correspondiente a Junio/08) nunca más se había entregado módulo alguno a los beneficiarios, que los adeudados de los meses de julio; agosto y septiembre del mismo año los titulares ya asumían que jamás recibirían los mismos; y, fundamentalmente, recordando las declaraciones del Dirigente, Héctor Mendoza, en unos de los programas de radio citados, entrevistado por el suscripto y el Director de este medio ( donde también se publicó la entrevista), Nicolás Heredia, ante el despido del cargo de Directora de Acción Social de su esposa, Miriam Arnedo de Mendoza, por ordenes del Sr. Intendente Marcos Sestopal, nos desafió a que investigáramos que había sucedido con los módulos de los meses mencionados ante de la puesta en marcha del sistema de Tarjetas Sociales.

Los bolsones que nunca se entregaron
De la investigación surge con “visos claros de absoluta certeza” (parafraseando al filosofo, ex Senador Antonio Cafiero) que esos 2.975 módulos alimentarios nunca, jamás, se entregaron a los beneficiarios del Plan “EL HAMBRE MAS URGENTE” y estos son los principales puntos para sostener la existencia, casi segura de la figura de Peculado (Apropiación indebida de fondos públicos por quienes estaba confiada su administración) y posible comisión del delito de Asociación Ilícita (Cuando existe acuerdo de más de dos personas para cometer un delito):
*Todas las entregas de los módulos, desde la propia existencia de los mismos, las realizó la entonces Directora de Acción Social, Miriam Arnedó de Mendoza, quien confeccionaba el padrón, hacia firmar a los beneficiarios la recepción del módulo y en la mayoría de las veces firmaba la factura del proveedor.
*La misma, trabajo, antes de ser destituida, hasta los primeros días de agosto de 2009, los módulos en cuestión fueron abonados en Abril; Junio y Julio de este Año. Estoy en condiciones de afirmar que los últimos módulos que entregó son los de Agosto del 2008 y que fueron abonados a la empresa Masabores en Diciembre del mismo año con factura firmada por ella, según puedo comprobar de la copia de documentación obrante en mi poder.
*Al menos los últimos seis meses de vigencia de la entrega de módulos los mismos se le compraban a Masabores y no a Correa, y casi todas esas facturaciones fueron firmadas por la Sra. Mendoza.
*Las Facturas 645 y 646 de Abril/09 y las Facturas 649 y 650 de Junio/09 las firma el Secretario de Coordinación General Miguel Maldonado; la factura Nº 759 de Julio/09 la firma el propio Intendente Marcos Miguel Sestopal aunque (colaborando con algún Fiscal o Perito Calígrafo) la rubrica podría ser la que su Secretaria Fanny, dicen, suele hacerle, autorizada, en alguna documentación.

*Cuando investigue los sobreprecios del rubro almacén que pagaba el Municipio, en la nota publicada en el Ecos 332, siempre mencione que GMC Representaciones Comerciales facturaba y no la palabra proveía a la Municipalidad y hable de desprolijidad, al menos, por la correlatividad de números, y, sostuve que parecía ser más una empresa para facturar que para proveer (en ese caso que importaban los precios, No?).
*La Factura Nº 759 firmada por El Intendente Sestopal, aprobada por el Tribunal de Cuentas, con la sola reserva de la Tribuno Nora Piaggio, es confeccionada y supuestamente cobrada por Correa el 07-07-09 y en la base de la misma en la fecha de impresión dice 27 de julio de 2009. (AFIP: DANGER).

*Consultas realizadas a Karina (Bº Villa Caprichosa); Silvia, Ricardo y Liliana (Bº Rió Grande); Claudia y Liliana (Bº Molino de Oro); Norma (Bº Santa Rosa); Cristina (Bº Alto del Gigante); Carlos (Bº I.P.V.); Maria del Carmen (Bº Centro) y Marta y Maria (Bº San Jorge), todos beneficiarios del Plan con ocultamiento de sus apellidos, por razones de preservación de los mismos, indican que: el último bolsón (módulo) recibido fue el de agosto del año 2008 que correspondía a junio del mismo año, que desde entonces jamás , ni para las elecciones, les fue entregado módulo alguno, que se manejan desde octubre/08 únicamente con la Tarjeta Social.

Resumen: En los meses de Abril, Junio y Julio de 2009 consta la compra de 2.975 módulos alimentarios, ordenes de compra, ordenes de pago y facturas por ochenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos ($ 89.250) la investigación arroja un resultado de absoluta certeza que los mismos nunca fueron entregados a los beneficiarios del Plan “El Hambre mas urgente”
El firmante de esta nota llega hasta esta instancia de informar lo investigado en su función de comunicador y en la convicción, sin arrogarme para nada semejantes atributos, del argumento sostenido por el destacado periodista Omar Hefling en Pág. 2 del Ecos anterior, que dijo: “Desde los orígenes más remotos de esta profesión, los buenos periodistas pusieron su esfuerzo y valentía en cuestionar, controlar, denunciar las acciones de los poderes que inciden PERJUDICIALMENTE SOBRE EL INTERES COMUN”.

Otro posible ilícito
Por razones de falta total de documentación, las que son difíciles de conseguir hasta para la propia miembro del Tribunal de Cuentas, por la minoría, Nora Piaggio, a quien agradezco su colaboración, no lo puedo comprobar con la contundencia de estos tres casos que expongo, pero una posibilidad de auditoria sobre las cuentas del municipio podría arrojar la existencia de otro ilícitos con los módulos alimentarios en años anteriores.
Como el retraso en la transferencia de fondos por parte de la Nación originaba la utilización de fondos municipales a modo de “préstamo” hasta que llegase el oficial existiría la posibilidad y en algún caso lo tengo más o menos probado que: Por un lado le compraban a la Empresa Masabores los módulos “de verdad” con fondos municipales y cuando llegaban los fondos nacionales por el mismo periodo se facturaban los “módulos fantasmas” a Correa sin devolver el préstamo municipal.

Responsabilidad funcional
Llego hasta aquí, pero, a los funcionarios que lean esta nota, les recuerdo que el Art. 317 inc 1 del Código Procesal Penal “… obliga a denunciar a los Funcionarios Públicos que tomen conocimiento de algún delito con motivos de sus funciones” y que el Art. 277 del Código Penal “… impone penas de 6 meses a 3 años a quien no denunciare un delito cuando esta obligado a hacerlo…”.
También aclaro que, al cierre de esta edición, el Bloque de Concejales del PN-UCR definía la presentación de una denuncia o pedido de investigación y un conocido dirigente del PJ local llevaría los elementos de pruebas a un destacadísimo Abogado Penalista de Córdoba Ciudad.

Alcance federal
Por tratarse de subsidios con fondos nacionales la jurisprudencia correspondería a la Justicia Federal lo que posibilitaría obviar a la instancia de Cosquin generalmente dispuesta a cajonear denuncias a las que considera “políticas” aunque se trate de temas como este de apropiarse de los dineros que corresponden a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional, concretamente, y, parafraseando a otro conocido filosofo, Diego Armando Maradona: “le habrían tomado la leche al gato”.

Mario C. Thibault

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