Fiscal rápida para defender a los políticos; lenta para investigarlos

Por Davíd Buccini
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La Justicia que se administra en la Fiscalía de Cosquín, a cargo de María Alejandra Hillman, causa cierto escozor y una gracia amarga.
En los cajones de su escritorio duermen una importante cantidad de denuncias realizadas contra la administración del Intendente Marcos Sestopal y algunos de sus funcionarios. Desde hace varios años se vienen acumulando, sin que se conozca aún la mínima acción tendiente a esclarecerlos por parte de la Fiscalía.
Cuando un ciudadano o concejal de la oposición llega hasta su escritorio para ponerla en conocimiento de la posible comisión de un delito, es porque se han agotado las instancias administrativas tendientes a enderezar una situación cualquiera.

El caso de las facturas truchas sigue impune
En diciembre del año 2004, los entonces concejales por la oposición, Eduardo Adrián Ponte, y Graciela Rosa Piano, recurrieron al ¿servicio? de Justicia para denunciar el caso de las “factura truchas” con las que el Departamento Ejecutivo Municipal pagó servicios de gráfica a una empresa que, a su vez, negó que esas facturas fueran suyas.
“Según manifestaciones de la Sra. Mabel Farías, Presidenta del Tribunal de Cuentas, en la referida empresa “Master SRL” a favor de quien se efectuaba el pago, le afirmaron que la factura en cuestión con membrete de la misma es una burda falsificación, agregando que la Municipalidad de La Falda no es cliente ni le ha solicitado cotización”, expresa parte del escrito presentado ante Hillman por los concejales.
A casi cinco años de aquella presentación con todas las pruebas documentales y testimoniales necesarias, se sigue esperando alguna señal de parte de quienes cobran muy buenos sueldos y gozan de privilegios varios. Lo más probable es que, a este ritmo, esta y otras denuncias terminen prescribiendo. En ese caso, con redacción aséptica y sin mayores detalles, los Tribunales darán un certificado de sobreseimiento a los posibles implicados, que dejará a salvo sus honra e imagen pública, tan celosamente custodiadas por el poder que se supone independiente del poder político de turno.
La peor consecuencia del obrar indiferente de la Fiscalía es que, con el paso de los años y la coherencia de no actuar contra funcionarios públicos, se ha dado a la sociedad de Punilla una clara señal en sentido contrario a la esencia del Poder Judicial: Nadie, o sólo algunos ilusos, o sólo quienes ignoran estas cuestiones, cree que en Cosquín exista una estructura oficial que también sirva, entre otras cosas, para poner límites a los reiterados abusos del poder político.
Más recientemente se han denunciado a otros funcionarios del Ejecutivo faldense por la matanza de perros en Pampa de Oláen. También se hizo una presentación judicial contra el vice Intendente Francisco Mendieta, cuando dio por realizada y terminada una sesión especial del Consejo Deliberante que nunca contó con el número de concejales suficientes para dar inicio, y donde debía tratarse el caso del impuestazo del ciento por ciento con el que el Gran Pez Sestopal le tiró por la cabeza a los vecinos de La Falda a comienzos de este año.

Defendiendo al Poder Político
“Yo no me voy a meter en temas políticos”, se la ha escuchado decir en varias ocasiones a la Fiscal Hillman. La escucharon varios abogados y sus palabras llegaron a los oídos de este cronista. La verdad, nadie le pide que se meta en “esos temas”. Nadie quiere que haga de opositora, o que se postule para algún cargo electivo. Lo que si se pretende, aunque Hillman no lo pueda entender, es que haga lo que debe hacer en función del cargo que ostenta. O sea que investigue las denuncias que llegan a su despacho, también aquellas que involucran a políticos en el poder. Y si esta acción que se le reclama, por la razón que fuera, se viera impedida de llevarse a cabo, pues entonces que deje el lugar a otro.
No se le paga el sueldo para que ponga excusas, sino para que intente poner freno no sólo a los asesinos o ladrones de garrafas, sino también a los políticos corruptos que se quedan con los dineros que le aportan los vecinos para que sean honestamente administrados.
En cualquier caso, parece mentirosa su propia afirmación. Hace menos de dos meses, llegó otra denuncia a su despacho y, en ese corto plazo de tiempo, ya la elevó a juicio. Todo un récord. Se trata del caso de un dirigente del peronismo díscolo y enojado con el intendente de su propio partido, quien aparentemente lo puteó de lo lindo en su despacho. Es el caso ampliamente difundido de Héctor Mendoza, el temperamental peronista histórico.
Más allá de que al Gran Pez Sestopal, por sentirse intimidado, le asiste el derecho de recurrir a la Justicia, lo cierto es que, en el contexto de tanta bochornosa demora judicial por denuncias en su contra, en esta que lo favorece y busca protegerlo, Hillman actuó con una celeridad increíble, como si en lugar de una puteada, se hubiese tratado del asesinato del Intendente.
Hillman se ha escudado públicamente diciendo que sólo tiene capacidad operativa para actuar en casos de crímenes, “cuando hay un muerto”. Tal vez considere todo un crimen que se lo haya puteado a Sestopal.
Tal vez el muerto que la Fiscal no puede ver es la credibilidad en la Justicia que se persigue desde su oficina.