La Justicia Federal tiene competencia e investigará el robo del Museo Arqueológico Argentino Ambato

El foro dejó como saldo datos de importancia, como el referido a que la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado la competencia de la Justicia Federal en el planteo de Tráfico Ilícito que realizará la Asociación de Amigos del Museo Ambato. Se estableció que, a criterio de uno de los profesionales disertantes, las causas por robo que se sustancian en los Tribunales coscoinos están “cajoneadas”. La participación como querellantes en la causa penal federal está decidida, como también la solicitud de que el primer citado a comparecer sea el intendente Marcos Sestopal.


La Asociación Civil Amigos del Mueso Ambato concretó, en el ámbito que debería albergar la invalorable colección arqueológica, un foro de debate bajo las consignas de “preservación de la colección Ambato, la aplicación de la Ley Federal en el caso y el rescate de la institución como espacio social y público destinado a la preservación de los bienes del patrimonio histórico”.
Esas premisas fueron ampliamente superadas, con una importante participación de los asistentes, los que volcaron opinión y propuestas.
Entre los expositores se incluyó al abogado Carlos Gonella - Docente Universitario de Derecho Penal, Representante en Córdoba de la Unidad Fiscal del Ministerio de Justicia de la Nación para la Persecución de Delitos Tributarios y Contrabando e integrante del Comité Argentino contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales - que departió sobre el derecho de los ciudadanos a hacer uso de los bienes culturales.
El profesional señalo que “es deber del Estado nacional, provincial y municipal el proteger el patrimonio cultural, la propia Constitución establece de deberes y derechos para esa protección. En la Constitución Nacional de 1853 ya se establecían los derechos de autor sobre su obra literaria, y este es el germen de la protección del patrimonio cultural, ya en aquella época, y que se ha ido modificando favorablemente, a través del tiempo, en cada reforma constitucional. Lo que es traslativo a las constituciones provinciales y al ámbito legislativo municipal. Es donde se consagra el acceso y goce universal del patrimonio cultural. Todo ello respaldado por los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.
La UNESCO en 1970 celebró un convenio para prohibir el tráfico internacional de bienes culturales, dos años después se remarca la protección del patrimonio natural y cultural mundial, subscripta por nuestro país. Aún con toda esta estructura legal vigente, no sólo el tráfico ilícito no ha mermado sino que se ha incrementado, a tal punto que los especialistas lo sitúan entre los tres mercados ilegales que más dinero mueven después del narcotráfico.
Las leyes nacionales tienen alcancen administrativo y represivo, previendo hasta dos años de prisión para quienes contravengan sus alcances y sin embargo se producen hechos como los que han sucedido acá en La Falda…
Está a la vista que el Estado, nacional, provincial y municipal, no ha respondido a esa legislación.

Sólo dos provincias tienen el Comité Argentino contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales funcionando, nosotros estamos tratando de conformar el provincial, y hay que adaptarse a la realidad de cada provincia y región, y hemos llegado a la conclusión de que Córdoba es “Zona Roja” lo que demuestra su gravedad.

La responsabilidad del estado Provincial es la de generar un inventario de los bienes a proteger y por lo tanto debe tener un registro de los bienes arqueológicos y paleontológicos que existen en su ámbito, hasta donde sé este registro en la provincia no existiría.

Lo que queda claro es la desidia de los gobiernos en la protección y es por ello que aparecen los vecinos cubriendo ese rol, representa un claro abandono por parte del estado. Si la provincia hiciera lo que debe hacer nosotros no deberíamos estar aquí tratando el tema, es decir que debería este museo estar montado, las piezas exhibidas y protegidas como corresponde, para goce de los habitantes del lugar y de los que vendrían a visitarla y gozarla”.
En otro pasaje de su alocución y en referencia a la investigación sobre los robos perpetrados a la Colección Ambato, señalo que en cumplimiento de sus funciones “Pedí informe a la Fiscal (María Alejandra) Hillman sobre carátula del expediente, imputados y estado. Me respondió que se encontraba sin imputados, en estado de sumario. Esta es la muletilla que utilizan para decir que esta cajoneado, planchado. Aún la causa por el primer robo que data de 2002”.

El ex intendente Carlos Enrique Pérez, recordó que oportunamente se presentó ante la justicia “un relevamiento, a manera de inventario, con fotos, detallado de todas las piezas que existían en el momento de la desaparición del Sr. Aroldo Rosso, con testigos… Cuando el Juez Federal Sánchez Freites ordena al Intendente elevar un informe de situación, pusieron apenas un candadito y permitieron el último robo, y quisieron engañarnos posteriormente con unas puntas de flechas que encontraron en Carlos Paz, de acá desaparecieron las piezas, y no se ha imputado al Intendente… Tenemos derechos a pensar que hay connivencia entre el Estado provincial y municipal, hay indolencia y negligencia, no se ha pintado los dedos a nadie, qué pasa con todo esto, qué pasa con la Justicia Provincia…l”.
A este planteo respondió el abogado Eduardo Gabino Guerra, quien lleva la causa desde la presentación del amparo, apuntando que “este grupo de ciudadanos reafirma la justicia de esta lucha que lleva varios años, lo que no significa desconocer la tragedia, hoy estamos aquí en la sede del museo, se ha pintado, esperamos que no nos vayamos más, este es un triunfo de la ciudadanía de La Falda, tiene una importancia invalorable, es el primer museo recuperado por los vecinos, por la comunidad, se debe a ustedes y tiene un valor incalculable. Me siento jubiloso por ello”. Para luego pasar a sostener que “Hasta hoy no se ha podido nombrar un perito oficial. Desde el amparo, la idea era salir de la competencia provincial, la zona roja determinaba eso, autoridades del gobierno provincial y municipal se interponían con cuestionamientos como los relativos al origen, si pertenecían a la provincia o a la nación, aquí se nos decía que estábamos locos que era una colección privada, que pertenecía a la familia Rosso. Hoy, lo reafirmó, se ha establecido la responsabilidad del Estado y que la propiedad es indudable de la Municipalidad de La Falda y de la comunidad. Jurídicamente no hay heredad, sino que pertenece al Estado… No hemos podido acceder al expediente penal en la Justicia Provincial. Al hacer la denuncia en el fuero federal, el fiscal comienza a actuar y pide el expediente a la Fiscalía Provincial, la Fiscal Hillman se niega sosteniendo que es robo y que pertenece a su ámbito, tiene parte de razón, pero sostenemos que hay tráfico y esto depende de de la Justicia Federal, y no estamos equivocados…Pero hay un avance significativo, la Corte Suprema, en Resolución de noviembre de 2008, resuelve el conflicto planteado con la Fiscal Hillman, y dictamina que la competencia es Federal en el tráfico ilícito que plantean los Amigos del Museo Ambato.
Nos vamos a presentar, una vez que concluya la feria, como querellantes particulares de esta denuncia, lo que nos permitirá ser parte del expediente y la investigación aportando elementos de prueba. Queremos llegar al fondo, no sé si se recuperaran las piezas, pero alguien tiene que quedar imputado, porque se han robado una colección de valor incalculable. Estoy seguro de que todas las piezas no han salido de la provincia, que las sacan en cuenta gotas. Estamos hablando de que un jarrón Ambato, de las tres generaciones precolombinas, en el tráfico ilícito tiene un valor que puede ir de los 10 a los 50 mil dólares, hablamos de una valuación de la colección que tiene como piso los 50 millones de dólares. Voy a solicitar en esa presentación que el primer citado a comparecer sea el Intendente de La Falda
Esto, con un fiscal federal con atribuciones de investigación podrá avanzar con mayor libertad, con mayor margen de maniobra que la Justicia provincial, esto en la investigación penal…por otra parte, nos vimos obligados, con temor, tras el robo, a que las piezas restantes fueran trasladadas a la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentran en custodia, como depositaria Judicial la directora del Museo de Antropología. La idea es que las piezas regresen acá, en un acuerdo tripartito por ejemplo, que el estado nacional ejerza la tutela, con la participación de la provincia y municipio, además de la de los vecinos, que imponga la obligación provincial de hacer el registro de bienes arqueológicos y paleontológicos y dar al museo continuidad y formalidad”.
En la oportunidad, se dio a conocer que “el informe que hizo la universidad de lo que tiene en custodia responde al 45%, lo que significa que se ha robado el 55% de lo que oportunamente se trasladó del Edén Hotel y que fuera relevado por el Oficial de Justicia en noviembre de 2004”.
En opinión de los profesionales, la responsabilidad del Intendente es manifiesta por “desidia, incumplimiento de una obligación que le corresponde, es una irregularidad manifiesta el hacer caso omiso a una imposición judicial de custodia, y esto está penado en la legislación vigente”.

Entre los aportes vecinales más destacados, se inscriben el dar a conocimiento de la existencia de una tesis presentada ante la Universidad de Florencia, con un trabajo de tres meses sobre la colección Ambato, que podría aportar datos de significado a la investigación. Como también el ofrecimiento de la generación de un proyecto escolar, para todos los niveles educativos, sobre el patrimonio cultural de la ciudad.

Otro de los temas que mostró preocupación vecinal fue el referido al Edén Hotel, escuchándose que “es un monumento fundacional y creo que lo están destrozando”, como también advertencias por “la tala indiscriminada de árboles por el sólo objeto de que molestan a las canchas de tenis que se están construyendo”.

Los organizadores del encuentro se mostraron satisfechos por la convocatoria y el nivel de participación conseguido, señalando que han cumplido con las imposiciones emergentes del convenio marco que oportunamente firmaran con el municipio, y que esperan que el municipio actúe de igual manera, “les estamos exigiendo a las autoridades que se comporten como tales, que sean autoridades, los reconocemos en forma absoluta y los hacemos responsables” manifestaron.