El peor momento de la gestión Sestopal
Lumasa por aproximadamente sesenta días impuso su poder al institucional y político de Marcos Sestopal. El incremento de las tasas por servicios a la propiedad, los “errores” en los cedulones y la forma en que se solucionarían provocan cuestionamientos vecinales, a más de los cortes de ruta concretados y los probables a concretar. Jorge Pafundo confrontó, en forma descarada, con los concejales oficialista. Estas circunstancias marcan una profunda crisis en la gestión Sestopal.
Si bien es cierto que al intendente faldense Marcos Sestopal le es innecesario un diario que le confirme su visión más que optimista de lo que es la ciudad y la realidad social imperante, de acuerdo con lo por él apuntado en el discurso de apertura de la Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, no es menos cierto que ese análisis es equivocado y que su gestión atraviesa el peor momento en los cinco años que lleva al frente del municipio.
Sin dudas que el mes que ha pasado dejara marcas difíciles de borrar en la agenda municipal. Una que será indeleble es la producida por la Empresa Lumasa, encargada del servicio público de transporte de pasajeros, que hizo caso omiso de los dictados de dos ordenanzas y enfrentó al poder institucional y político que representa Sestopal. Le importó muy poco a Lumasa poner en duda a todo el poder gubernamental faldense, arrastrando con ello a los otros tres municipios involucrados en el sistema de transporte, y por el término de alrededor de sesenta días burló los alcances de la ley, se salió con la suya exigiendo un boleto único y cobrando lo que le vino en ganas. No será necesario hacer muchos números como para saber que las cifras en pesos por las diferencias de centavos son interesantes cuando se las multiplica por la cantidad de boletos cortados en forma diaria, como que esa cifra se amplia cuando no se le da el vuelto al usuario por la supuesta falta de monedas, multiplique ese resultado por sesenta o más días y verá lo jugoso del resultado final. Tal vez suficiente jugo, dicen los usuarios, como para que alcance a calmar la sed de los funcionarios que durante todo este período dieron la impresión de estar mirando para otro lado. Cabe apuntar que recién el lunes último aparecieron los carteles de boleto a $1,60 en los colectivos.
Dejando de lado esta mácula pasamos a la que originó el “impuestazo”. El tema sigue sin tratarse en el Concejo Deliberante y ya han conseguido que esa posibilidad se dé dentro de lo que serían las sesiones ordinarias con lo que puede pasar a ser cajoneada en “Comisión” hasta que al oficialismo se le ocurra tratarla, seguramente cuando hayan conseguido sus objetivos, que lejos estamos de saber cuales son, pero que por la forma en que accionan los funcionarios parecieran ser non sanctos. Puede decirse esto porque hemos recibido, recién cuando ya se han vencido todos los plazos de pago, un mapa donde se determinan los porcentajes de aumento por zona. Se publica tal cual fue elevado desde el municipio, es decir desprolijo, para demostrar el poco interés en la comunicación que le otorgan los funcionarios. La oportunidad de esta comunicación es extemporánea porque se entiende que debió hacerse antes de enviar los cedulones y no después que la gran mayoría de los contribuyentes han efectuado sus pagos, lo que significa que deberán perder tiempo y ocuparse de acudir al municipio para que se les de alguna nota de crédito por las diferencias, en algunos casos sustanciales, entre lo que se ha pagado y lo que verdaderamente correspondía. No debe escapar a nadie, seguro que a los funcionarios no, de que habrá contribuyentes que no se enterarán de esta nueva situación y no harán el pertinente reclamo, la pregunta es ¿Cómo figurarán en los asientos contables del municipio esos casos? ¿Lo harán con el monto que se pagó o con el supuesto descuento? ¿Si se diera el último caso dónde irían a parar esos dineros? Es de esperar que no haya bolsillos ansiosos por esos fondos ¿Los habrá?
De todas maneras siempre es el contribuyente el que tiene que diligenciar por los “errores” cometidos por los funcionarios que paga para que administren los dineros públicos. Mientras tanto ninguno de estos infieles y desleales renuncia.
Sólo un simple ejemplo para definir la incomprensión de estos errores en el sistema informático que provee los cedulones al municipio: hace pocos días fuimos a comprar 36 cervezas, de tres marcas diferentes, a Cordiez, recibimos un ticket por los envases vacíos entregados, a la hora de pagar en la caja se cargan los datos y se nos pide el ticket de los envases, inmediatamente el sistema dejo de operar, la cajera no encontraba la causa, llamó al encargado, en principio no encontró el por qué, pero al revisar los datos
descubrió que de una de las marcas sólo se había cobrado una cerveza y no las doce que correspondían, incorporó el dato faltante y el sistema volvió a ser operable. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Digo que nos mintieron cuando nos dijeron que habían adquirido un sistema informático a prueba de errores o que existiría la decisión de provocar estos errores para quedarse con la plata de los vecinos en forma irregular.
Seguramente para el Intendente será “un costo político que pagamos” como les dijo a las autoridades de los centros vecinales que se reunieron con él por el tema impuestos, lo que también podría ser traslativo al caso Lumasa. Está claro que los costos políticos no se miden en pesos y nada representan para quién no tiene posibilidad legal de volver a postularse en próxima elección; al que si le duelen es al vecino que debe enfrentarlos con sus dineros y, por momentos, comienza a cuestionarse sobre la posibilidad de ser timado, de hecho lo ha sido.
¿Los cortes de ruta quedarán en los dos ya concretados o habrá más? Otro logro de la gestión Sestopal.
Para cerrar, y para que la cosa no quede sólo en el poder Ejecutivo y alcance también al Poder Legislativo, puede decirse que los papelones que se han vivido en la intención de aprobar el proyecto de concesión de los servicios del Complejo 7 Cascadas no tienen calificativo. A lo que publicamos en nuestra anterior edición se sumó un bloque de concejales de la mayoría disminuido a sólo dos de sus miembros, Iván Aliverti y Pedro Agost, en la sesión que se llevó a cabo en el salón del Automóvil Club Argentino. Acto que tuvo por característica el claro posicionamiento del bloque del Frente de Todos y con Todos (UCR – PN) decidido a hacer reconocer la naturaleza del convenio en el marco del Art. 64 Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal (COM) por tratarse de servicios públicos (para lo cual se requiere el voto de los 2/3 del cuerpo) y el oficialismo manteniendo que debe hacérselo por el Art. 64 inc. 5 porque es la única manera en que lo pueda aprobar con el voto de los cinco integrantes de su bloque (es de destacar que fue la única razón esgrimida). Los concejales oficialistas hicieron notar que en dos oportunidades anteriores no habían logrado aprobar los pliegos y que por ende se veían obligados a imponer condiciones, lo cual no es cierto porque en la primera oportunidad que se discutió este tema se lo hizo en el marco del actual debate y por ello fracaso; en la segunda, el concejal Luís Kessler acordó que si se mantenía el espíritu del Art.64 Inc. 3 aprobaba el proyecto, lo que cumplió, lo que sucedió fue que el oficialismo no manejo su propia tropa y se quedó sin los votos necesarios. Al inicio de este nuevo tratamiento, Kessler, en reiteradas oportunidades, pidió que se reconociera la naturaleza del convenio y que él votaba a favor, incluso bajó el tenor de sus pretensiones referidas a algunos mecanismos de control, no consiguiendo su objetivo.
En la observación de este debate y de la falta de argumentación por parte del oficialismo, los vecinos participantes de la audiencia pública manifestaron su descontento para con los ediles oficialistas, los nervios hicieron presa de estos funcionarios y así pudo escucharse como Francisco Mendieta invitaba “a salir afuera” con claras intenciones pugilísticas a un vecino o a Aliverti manteniendo que “no representa” a algún vecino y que “mierda voy a devolver lo que he cobrado y voy a cobrar por tres años más, porque yo trabajo…y para eso hemos ganado”.
No se hace necesario abundar en esto porque se siente vergüenza ajena. Pero, si es de consignar que en medio de esta discusión tomó la palabra el Secretario de Economía y Hacienda Jorge Pafundo sosteniendo que los vecinos tenían razón y que este debería ser un “proceso de total transparencia” (una vecina le increpó preguntándole “qué entendés por transparencia”), con lo que hacia recaer toda la responsabilidad en los concejales de la mayoría, y que “debería instrumentarse una nueva Audiencia Pública”, aunque esto atentaba contra los dictados de la COM, “pero como ya ha sido trasgredida en otras oportunidades”, tras el asesoramiento legal correspondiente. (Aquí quedo demostrada la absoluta anarquía que reina en el gobierno faldense, la impronta de Mendieta evitó lo que pudo ser un fuerte choque, porque Pafundo con su actitud se desligaba de toda responsabilidad, cuando es el más importante o el único autor del proyecto. Cualquier otro funcionario hubiese enfrentado el descaro de Pafundo otorgándole el sitio que ocupaba y solicitando que les explicara él a los vecinos lo que parecía tener tan claro y que minutos antes lo había puesto en dudas).
El planteo vecinal inmediato fue el de evitar violar los alcances de la COM y se logró un acuerdo para que se iniciara la segunda lectura y se convocara a una nueva Audiencia Pública, lo que se consiguió con seis votos a favor y uno en contra del edil Aliverti. En tanto se establece la fecha para ese acto, se elevó, desde el oficialismo, un pedido de dictamen a la Dirección de Municipalidades sobre la controversia.
Estos tres casos, esbozados aquí en forma sintética, marcan la crisis de gobierno por la que atraviesa la gestión Sestopal y son lo suficientemente conocidos como para confrontar con el discurso optimista que trasmitió el Intendente en su último acto público.
N.H
Recuadro
Presentarán tres recursos de amparo por el impuestazo
En la última reunión de vecinos para tratar el tema de los impuestos, el abogado Alejandro Conti, en su representación y en el de dos clientes, adelantó que habiendo agotado la vía administrativa se aprestaba a presentar tres recursos de amparo con el objetivo de “obtener un no innovar y hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión no se paga nada”. Prosiguió sosteniendo que “es violatorio a la Constitución Nacional el cobro de estas tasas. La discusión aquí centra en cuánto es el valor de estos servicios, acá tenemos un caso por el que se cobra mil pesos por mes, cuánto se cobra por barrido, cuánto gana ese barrendero, cien mil pesos por mes podrá ganar, y entonces aquí aparece la irracionalidad entre el servicio que se presta y el que se cobra. La tasa es el pago de un servicio y no pueden cobrar lo que pretenden cobrar, a primer análisis se debería pensar que todo hace entrever que se quieren quedar con las propiedades, este parece ser el fondo de la cuestión. Esta imposición es confiscatoria…”.
Si bien es cierto que al intendente faldense Marcos Sestopal le es innecesario un diario que le confirme su visión más que optimista de lo que es la ciudad y la realidad social imperante, de acuerdo con lo por él apuntado en el discurso de apertura de la Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, no es menos cierto que ese análisis es equivocado y que su gestión atraviesa el peor momento en los cinco años que lleva al frente del municipio.
Sin dudas que el mes que ha pasado dejara marcas difíciles de borrar en la agenda municipal. Una que será indeleble es la producida por la Empresa Lumasa, encargada del servicio público de transporte de pasajeros, que hizo caso omiso de los dictados de dos ordenanzas y enfrentó al poder institucional y político que representa Sestopal. Le importó muy poco a Lumasa poner en duda a todo el poder gubernamental faldense, arrastrando con ello a los otros tres municipios involucrados en el sistema de transporte, y por el término de alrededor de sesenta días burló los alcances de la ley, se salió con la suya exigiendo un boleto único y cobrando lo que le vino en ganas. No será necesario hacer muchos números como para saber que las cifras en pesos por las diferencias de centavos son interesantes cuando se las multiplica por la cantidad de boletos cortados en forma diaria, como que esa cifra se amplia cuando no se le da el vuelto al usuario por la supuesta falta de monedas, multiplique ese resultado por sesenta o más días y verá lo jugoso del resultado final. Tal vez suficiente jugo, dicen los usuarios, como para que alcance a calmar la sed de los funcionarios que durante todo este período dieron la impresión de estar mirando para otro lado. Cabe apuntar que recién el lunes último aparecieron los carteles de boleto a $1,60 en los colectivos.
Dejando de lado esta mácula pasamos a la que originó el “impuestazo”. El tema sigue sin tratarse en el Concejo Deliberante y ya han conseguido que esa posibilidad se dé dentro de lo que serían las sesiones ordinarias con lo que puede pasar a ser cajoneada en “Comisión” hasta que al oficialismo se le ocurra tratarla, seguramente cuando hayan conseguido sus objetivos, que lejos estamos de saber cuales son, pero que por la forma en que accionan los funcionarios parecieran ser non sanctos. Puede decirse esto porque hemos recibido, recién cuando ya se han vencido todos los plazos de pago, un mapa donde se determinan los porcentajes de aumento por zona. Se publica tal cual fue elevado desde el municipio, es decir desprolijo, para demostrar el poco interés en la comunicación que le otorgan los funcionarios. La oportunidad de esta comunicación es extemporánea porque se entiende que debió hacerse antes de enviar los cedulones y no después que la gran mayoría de los contribuyentes han efectuado sus pagos, lo que significa que deberán perder tiempo y ocuparse de acudir al municipio para que se les de alguna nota de crédito por las diferencias, en algunos casos sustanciales, entre lo que se ha pagado y lo que verdaderamente correspondía. No debe escapar a nadie, seguro que a los funcionarios no, de que habrá contribuyentes que no se enterarán de esta nueva situación y no harán el pertinente reclamo, la pregunta es ¿Cómo figurarán en los asientos contables del municipio esos casos? ¿Lo harán con el monto que se pagó o con el supuesto descuento? ¿Si se diera el último caso dónde irían a parar esos dineros? Es de esperar que no haya bolsillos ansiosos por esos fondos ¿Los habrá?
De todas maneras siempre es el contribuyente el que tiene que diligenciar por los “errores” cometidos por los funcionarios que paga para que administren los dineros públicos. Mientras tanto ninguno de estos infieles y desleales renuncia.
Sólo un simple ejemplo para definir la incomprensión de estos errores en el sistema informático que provee los cedulones al municipio: hace pocos días fuimos a comprar 36 cervezas, de tres marcas diferentes, a Cordiez, recibimos un ticket por los envases vacíos entregados, a la hora de pagar en la caja se cargan los datos y se nos pide el ticket de los envases, inmediatamente el sistema dejo de operar, la cajera no encontraba la causa, llamó al encargado, en principio no encontró el por qué, pero al revisar los datos
descubrió que de una de las marcas sólo se había cobrado una cerveza y no las doce que correspondían, incorporó el dato faltante y el sistema volvió a ser operable. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Digo que nos mintieron cuando nos dijeron que habían adquirido un sistema informático a prueba de errores o que existiría la decisión de provocar estos errores para quedarse con la plata de los vecinos en forma irregular.
Seguramente para el Intendente será “un costo político que pagamos” como les dijo a las autoridades de los centros vecinales que se reunieron con él por el tema impuestos, lo que también podría ser traslativo al caso Lumasa. Está claro que los costos políticos no se miden en pesos y nada representan para quién no tiene posibilidad legal de volver a postularse en próxima elección; al que si le duelen es al vecino que debe enfrentarlos con sus dineros y, por momentos, comienza a cuestionarse sobre la posibilidad de ser timado, de hecho lo ha sido.
¿Los cortes de ruta quedarán en los dos ya concretados o habrá más? Otro logro de la gestión Sestopal.
Para cerrar, y para que la cosa no quede sólo en el poder Ejecutivo y alcance también al Poder Legislativo, puede decirse que los papelones que se han vivido en la intención de aprobar el proyecto de concesión de los servicios del Complejo 7 Cascadas no tienen calificativo. A lo que publicamos en nuestra anterior edición se sumó un bloque de concejales de la mayoría disminuido a sólo dos de sus miembros, Iván Aliverti y Pedro Agost, en la sesión que se llevó a cabo en el salón del Automóvil Club Argentino. Acto que tuvo por característica el claro posicionamiento del bloque del Frente de Todos y con Todos (UCR – PN) decidido a hacer reconocer la naturaleza del convenio en el marco del Art. 64 Inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal (COM) por tratarse de servicios públicos (para lo cual se requiere el voto de los 2/3 del cuerpo) y el oficialismo manteniendo que debe hacérselo por el Art. 64 inc. 5 porque es la única manera en que lo pueda aprobar con el voto de los cinco integrantes de su bloque (es de destacar que fue la única razón esgrimida). Los concejales oficialistas hicieron notar que en dos oportunidades anteriores no habían logrado aprobar los pliegos y que por ende se veían obligados a imponer condiciones, lo cual no es cierto porque en la primera oportunidad que se discutió este tema se lo hizo en el marco del actual debate y por ello fracaso; en la segunda, el concejal Luís Kessler acordó que si se mantenía el espíritu del Art.64 Inc. 3 aprobaba el proyecto, lo que cumplió, lo que sucedió fue que el oficialismo no manejo su propia tropa y se quedó sin los votos necesarios. Al inicio de este nuevo tratamiento, Kessler, en reiteradas oportunidades, pidió que se reconociera la naturaleza del convenio y que él votaba a favor, incluso bajó el tenor de sus pretensiones referidas a algunos mecanismos de control, no consiguiendo su objetivo.
En la observación de este debate y de la falta de argumentación por parte del oficialismo, los vecinos participantes de la audiencia pública manifestaron su descontento para con los ediles oficialistas, los nervios hicieron presa de estos funcionarios y así pudo escucharse como Francisco Mendieta invitaba “a salir afuera” con claras intenciones pugilísticas a un vecino o a Aliverti manteniendo que “no representa” a algún vecino y que “mierda voy a devolver lo que he cobrado y voy a cobrar por tres años más, porque yo trabajo…y para eso hemos ganado”.
No se hace necesario abundar en esto porque se siente vergüenza ajena. Pero, si es de consignar que en medio de esta discusión tomó la palabra el Secretario de Economía y Hacienda Jorge Pafundo sosteniendo que los vecinos tenían razón y que este debería ser un “proceso de total transparencia” (una vecina le increpó preguntándole “qué entendés por transparencia”), con lo que hacia recaer toda la responsabilidad en los concejales de la mayoría, y que “debería instrumentarse una nueva Audiencia Pública”, aunque esto atentaba contra los dictados de la COM, “pero como ya ha sido trasgredida en otras oportunidades”, tras el asesoramiento legal correspondiente. (Aquí quedo demostrada la absoluta anarquía que reina en el gobierno faldense, la impronta de Mendieta evitó lo que pudo ser un fuerte choque, porque Pafundo con su actitud se desligaba de toda responsabilidad, cuando es el más importante o el único autor del proyecto. Cualquier otro funcionario hubiese enfrentado el descaro de Pafundo otorgándole el sitio que ocupaba y solicitando que les explicara él a los vecinos lo que parecía tener tan claro y que minutos antes lo había puesto en dudas).
El planteo vecinal inmediato fue el de evitar violar los alcances de la COM y se logró un acuerdo para que se iniciara la segunda lectura y se convocara a una nueva Audiencia Pública, lo que se consiguió con seis votos a favor y uno en contra del edil Aliverti. En tanto se establece la fecha para ese acto, se elevó, desde el oficialismo, un pedido de dictamen a la Dirección de Municipalidades sobre la controversia.
Estos tres casos, esbozados aquí en forma sintética, marcan la crisis de gobierno por la que atraviesa la gestión Sestopal y son lo suficientemente conocidos como para confrontar con el discurso optimista que trasmitió el Intendente en su último acto público.
N.H
Recuadro
Presentarán tres recursos de amparo por el impuestazo
En la última reunión de vecinos para tratar el tema de los impuestos, el abogado Alejandro Conti, en su representación y en el de dos clientes, adelantó que habiendo agotado la vía administrativa se aprestaba a presentar tres recursos de amparo con el objetivo de “obtener un no innovar y hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión no se paga nada”. Prosiguió sosteniendo que “es violatorio a la Constitución Nacional el cobro de estas tasas. La discusión aquí centra en cuánto es el valor de estos servicios, acá tenemos un caso por el que se cobra mil pesos por mes, cuánto se cobra por barrido, cuánto gana ese barrendero, cien mil pesos por mes podrá ganar, y entonces aquí aparece la irracionalidad entre el servicio que se presta y el que se cobra. La tasa es el pago de un servicio y no pueden cobrar lo que pretenden cobrar, a primer análisis se debería pensar que todo hace entrever que se quieren quedar con las propiedades, este parece ser el fondo de la cuestión. Esta imposición es confiscatoria…”.
entrada de Nicolas Heredia | 18:01
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