Sólo el 2011 permite una esperanza

El Concejal Luis Kessler define que la Ordenanza que se encuentra en tratamiento para otorgar los servicios del complejo turístico municipal nace viciada por el autoritarismo oficialista que sólo busca aprobarla por mayoría, condición que alerta sobre la posibilidad de entrega a través de algún “negocio fraudulento”, y advierte a los futuros concesionarios sobre la posibilidad de nulidad de los contratos.

En la sesión extraordinaria del C.D. celebrada el día 09/01/2009 se aprobó en primera lectura el pliego de condiciones para la adjudicación de los servicios que se prestan en los locales del Balneario Municipal 7 Cascadas.

Este proyecto constituye otra aberrante medida concebida desde el autoritarismo, que cobra vida con la complicidad de los concejales oficialistas, quienes, salvo algún caso muy excepcional, renuevan su fidelidad aprobando cualquier cosa proveniente del Poder Ejecutivo, aunque no sepan de qué se trata.

La Carta Orgánica dispone que los pliegos de bases y condiciones para la prestación de un servicio público deben ser aprobados por los dos tercios de los miembros del Concejo (arts. 138 y 64 inc 3).

Los servicios públicos son aquellos que tienen por objeto un beneficio común, que en algunos casos los presta directamente la Municipalidad (ej.: recolección de residuos) o bien mediante un concesionario (ej.: provisión de agua).
Se caracterizan estos servicios, porque al estar direccionados hacia la utilidad general, deben tener continuidad y no se pueden interrumpir. Es por ello que, si supuestamente una empresa concesionaria del transporte de pasajeros decidiera paralizar el servicio, la Municipalidad le incautaría las unidades y el transporte seguiría funcionando.
De igual modo, como el 7 Cascadas es un complejo turístico municipal por el cual se presta un importante servicio de esparcimiento, la ordenanza que regula esa prestación garantiza su continuidad para desarrollo del turismo -principal fuente productiva de la ciudad- y beneficio de los usuarios en general. Es por ello que en el mismo pliego que se aprobó, además de imponerle una serie de condiciones, se deja constancia que si el adjudicatario de cualquiera de los locales dejara de explotarlo, la Municipalidad continuará su funcionamiento utilizando los elementos de propiedad del concesionario incumplidor.

Por otra parte, dicho pliego hace reiteradas referencias a los “servicios” que se prestan en los locales, lo que no admite duda sobre el carácter de la concesión a licitar.

A mayor abundamiento cabe señalar que hasta hace poco más de un mes se licitó conforme a la normativa que reglamenta la concesión de servicios, por lo cual es absurdo que mediante un nuevo pliego se le pueda cambiar esa naturaleza.

El Poder Ejecutivo ha titulado el nuevo pliego como “concesión de bienes del dominio público”. Esas concesiones, a diferencia de las que refieren a un servicio u obra pública, no tienen en miras un interés común, sino que se otorgan en beneficio del concesionario, como por ejemplo cuando se autoriza a un particular a poner un kiosco en la vereda para vender diarios. No se le exige continuidad alguna y el adjudicatario lo puede interrumpir cuando quiera.

La pregunta obligada es entonces por qué razón quiere el Poder Ejecutivo desconocer la indiscutida naturaleza de la contratación. Simplemente porque de la forma que lo plantea, el pliego se aprueba con los cinco votos de la mayoría, lo que le permite hacer una licitación a medida de amigos o tal vez de testaferros.
Si reconoce que se trata de la concesión de un servicio, necesitaría al menos un voto de los concejales que desde la oposición bregamos por la transparencia en los actos de gobierno, y con ese obstáculo los negocios fraudulentos se caen.

Es claro que esto se puede llevar a la Justicia para obtener la nulidad. Sin embargo, salvando algunas excepciones sobre las que me he pronunciado, muy poca confianza merece la Justicia de Córdoba cuando se litiga contra un gobierno, razón por la cual la promoción de una acción judicial es un tema que se debe analizar.

Lo que abre una esperanza es que este gobierno municipal va a cesar en 2011 y debemos confiar en que si asumen funcionarios honorables habrán de restablecer la legalidad rescindiendo todos los negociados formalizados ilícitamente, como por ejemplo la entrega del Edén Hotel y de estos servicios del 7 Cascadas (si se otorgan en las programadas condiciones).

Lo dicho es una advertencia, porque según el pliego los locales se facilitarán por cuatro años y sus adjudicatarios deben pagar en los primeros tres meses el precio total. Si los contratos son rescindidos por el futuro gobierno antes de cumplirse tres años, aquellos no podrán pretender indemnización alguna por el período faltante, dado que desde antes de la contratación saben que van a concertar un negocio ilegal.
Luis A. Kessler