El deterioro de un proceso político sin conducción

Sin relación institucional entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo el gobierno faldense se conduce sin respeto por la persona y las instituciones. La falta de una real conducción política en ambos poderes, la crisis en los ingresos y la distribución mezquina de los negocios que se generan en torno a la gestión, anticipan la atomización del proyecto político y con ello la perdida del poder de gobierno. Ante ello, los funcionarios deberían decidirse por defender los derechos e intereses de los faldenses.

Mientras una gran parte de la comunidad está ocupada en exigir se den respuestas inmediatas a las situaciones negativas que aparecen como resultado de las crisis económicas nacional e internacional, pocos logran vislumbrar y exigir soluciones para la profunda crisis institucional que parece instalarse en los diversos niveles del Estado. Si bien es cierto que hay estadios a los cuales se nos hace difícil acceder y hacer escuchar nuestras opiniones, hay otros, caso el municipal que nos afecta en forma directa, en los que podemos actuar en busca de prevenir los daños ocasionados por falta de respeto a la Ley, a las personas y a la investidura que representan.

Mucho se ha hablado y se habla de la existencia de una crisis de relación institucional en el gobierno municipal de La Falda, veamos cuánto de cierto hay.

Un poco de historia
En los cinco años de gobierno de la gestión Sestopal siempre se han notado indicios de un manejo egocéntrico y autoritario por parte del Intendente y una imagen de obsecuencia de parte de los concejales y tribunos oficialistas que aparecen respaldando pensamientos y acciones para los cuales carecen de fundamentos y razones. Esta es una apreciación general, en función de que en el período anterior de gobierno hubo controversias muy marcadas entre Marcos Sestopal y Miguel Maldonado, quien conducía el Poder Legislativo, teniendo éste último, más allá del compromiso partidario y con la acción de gobierno, cierto poder a la hora de debatir cuestiones de fondo y toma de decisiones. Es decir que Sestopal y Maldonado en algún momento tenían que acordar algunas decisiones, de todas maneras no fue un lecho de rosas para ninguno de los dos, y era una cuestión natural que chocaran a más de los intereses personales y políticos, improntas absolutamente distanciadas en lo que hace a una conducción caprichosa e inexperta y otra con experiencia política y funcional generada desde la militancia permanente en la construcción del poder que llevo al partido al gobierno. Hubo muchas broncas y desencuentros, pero la relación pudo mantenerse y hasta fortalecerse cuando hubo que mantener el poder, ahí, tanto uno como el otro, se dieron cuenta que se necesitaban para mantener el gobierno, y hoy que son los pilares de la gestión siguen manteniendo diferencias, pero conviven. Esa convivencia a la que ellos han arribado y es evidente que les ha sido beneficiosa, no han podido o no han querido trasladarla al resto de la estructura de gobierno. En la etapa en que Maldonado presidía el Concejo Deliberante era él el que imponía los respaldos puertas adentro, más allá de que estuviera al borde de la ruptura con Sestopal, y esto no hacia tan notorio hacia fuera las disparidades que existían o recaían dentro de la interna entre ambos sin ampliarse al resto de los ediles, al menos en la apreciación del vecino.

Las falencias del hoy
No es así en la actualidad por la falta de un conductor que ponga sobre sus espaldas la responsabilidad de definir en el seno del Legislativo lo que pretende, es natural que así sea, ya que no aparece quien tenga todas las condiciones para liderar, que pudiendo existir alguno es notorio que no se le tiene la confianza necesaria, sus antecedentes de deslealtad son conocidos, que, asimismo, aparece como superado, en más de una ocasión, por las argumentaciones de la oposición, y porque, precisamente, el bloque opositor tiene formación técnica y política que exige de razones y fundamentos ajustados para debatir y ganar la posición. Es así que, por estas horas, comienza a notarse un profundo distanciamiento entre los concejales oficialistas y el ejecutivo municipal. No es necesario abundar en pruebas porque a la vista está que el vecino recepta de los funcionarios posiciones absolutamente diferenciadas, dependiendo la óptica en que si forman parte del legislativo o ejecutivo.
En la opinión de los vecinos, los ediles oficialistas son un grupo de obsecuentes, incapaces de determinar por si el pensamiento de los faldenses, a extremo tal de carecer de iniciativas que les permitan proponer proyectos y sólo sirven para aprobarle decisiones al Ejecutivo, sin debatir ni exigir razones. Lo que es consecuencia de que cada vez que ha tenido que debatirse un tema de fondo ha quedado demostrada la falta de capacidad para tomar decisiones. Decisiones de las cuales ya se debería llegar imbuido al recinto y con las argumentaciones precisas para esgrimir, que no los hagan aparecer como que necesariamente dependen de la orden, sea quien sea el que la de, que llega desde el ejecutivo. Para que ello no suceda se debe estar interiorizado del tema a tratar, no puede caerse infantilmente en la declaración “qué quieren que haga, me enteré cuando empezaba la sesión y había que aprobarlo urgente. Todo siempre es así”. Y parece que siempre es así. Lo que manifiesta el ninguneo que el ejecutivo administra a sus propios ediles.

El resultado del no diálogo
Veamos algunos ejemplos recientes donde queda patentizada la falta de diálogo en el oficialismo: la modificación del costo de los aforos tras debate con profesionales que les hicieron notar el mamarracho que habían instrumentado en la oportunidad de aprobarlo, como el que cometerían si mantenían la modificación en los términos en que había sido elaborada, llegó a la segunda lectura en el Concejo Deliberante donde se consensúa, razón para la votación por unanimidad, la retroactividad al 1 de enero del año en curso. Días después debieron soportar que el Intendente en una actitud de total injusticia para con la acción de los ediles (y para con los vecinos que pagaron la aprobación de sus planos con los incrementos exorbitantes) vetaba la disposición que dio lugar al consenso, dejándolos frente a la oposición y la comunidad portando el atributo de la vergüenza del incumplimiento del compromiso y la palabra empeñada. (El nivel de confianza entre Legislativo y Ejecutivo puede medirse a través de una versión aparecida en los últimos días que dice que el presupuesto aprobado para 2009 llevará la firma de todos los ediles, hoja por hoja, para evitar sorpresas. Habría quienes sostienen que el incremento de los aforos fue incorporado después de la aprobación del Presupuesto 2008).
Pocos días después, les enviaba la renovación del contrato de procuración del Estudio Piñeiro y Asociados, sin que tuviesen el conocimiento necesario y con la presión de la urgencia para aprobar no bien se diera tratamiento legislativo, lo que fue tan notorio que los concejales oficialistas en busca de encontrar algún tipo de argumentación en favor y no obtenerla, desconocieron la información de los diarios y se negaron, contradictoriamente, la posibilidad de consultar en el juzgado que lleva la megacausa del Registro de la Propiedad donde se encuentra involucrado el titular del estudio de abogados en cuestión y por el que Guillermo Piñeiro ha tenido que pagar una fianza de un cuarto de millón de pesos para mantenerse en libertad ante el dictado de la prisión preventiva. En medio de la tensión, tuvieron que soportar, a todas luces, una mentira, que fuera dilucidada por David Buccini en la edición anterior de Ecos de Punilla, que los obligaba en base a la presunción ¿del mal menor? aprobar el instrumento y soportar el escarnio público que representa la información periodística emitida hace pocos días.
Para cerrar, recientemente se discutió el incremento del costo del boleto del Servicio Urbano de Pasajeros que explota la empresa Lumasa, tema que llevaba un tiempo de tratamiento y que el ejecutivo había defendido a rajatabla persiguiendo el aumento a $1,80. Pero como la falta de diálogo del Intendente no tan sólo es con los funcionarios propios y con la comunidad, sino también con los Intendentes de los pueblos vecinos, algunos de los cuales no lo pueden ni ver, ni se molestó en acordar el aumento y lo mandó bajo decisión propia. Desde Villa Giardino había llegado una Resolución del Concejo Deliberante donde se manifestaba que en el ejido de la localidad el costo debía ser $1,40 y que el interurbano fuese de $1,80, planteo que sustentaba también, en el extremo opuesto, otro municipio. Lo cierto es que a pesar de todas las argumentaciones a favor esgrimidas, la sorpresa fue mayúscula para el oficialismo cuando quedo aprobado un boleto de dos secciones: la local a $1,40 y la interurbana a $1,80, ya que el Concejal Rudolf Lescano votó en contra y el Concejal Pedro Agost se abstuvo, dejando en inferioridad al bloque mayoritario y preguntándose qué se había hecho mal.

Lo que hicieron mal
Lo que habían hecho mal caía de maduro, una vez más les quedaba demostrado que una cosa es mantener la libertad de criterio y otra es ser obsecuentes al extremo, sobre todo cuando no existe la contrapartida de buena relación, respeto, y predisposición al diálogo. Lógico que en esta determinación también perdió el ejecutivo, pero el comportamiento fue, en el colmo de lo injusto, cargar la culpa sobre los concejales propios, habrá que ver qué explicaciones le dieron al transportista.
Lo cierto es que estos escasos ejemplos, en un lapso menor a un mes, dejan demostrado que existe una verdadera crisis de relación institucional en el gobierno faldense y que tal situación puede traer aparejado problemas mayores en medio de una situación critica que anticipa bajos ingresos, cuando se está muy cerca de la cesación de pagos, cuando es evidente que no hay una conducción colegiada ni individual porque cada uno pretende ocupar el espacio que ha negociado y que no lo molesten ni molestar, donde parece que la cuestión de los negocios que se generan a la sombra del poder se acotan y que han sido distribuidos en forma mezquina y que quienes los detentan no tienen intención alguna de repartir. Cuando se conjugan estas variables en situación de crisis se está muy cercano a la atomización del proceso político. Lo que en otras palabras significa que se ha agotado la razón para mantener el poder de gobierno ya sea porque se han cumplido los objetivos proyectados, sean estos políticos o personales (lo dejo a su criterio), o porque media otra circunstancia que se hace imposible de revertir porque esta relacionada con el mal desempeño o con la liviandad con que se ha administrado el poder.
Ante la posibilidad, sólo resta sugerir a aquellos que aún pretenden un espacio en la política local y mantener su condición de vecino – no olvidemos que ya tenemos algunos “exiliados” – que revisen su conducta y actitud ante la comunidad, porque la historia nos va marcando que cuando se pierde el poder hay otro que lo sustenta, y que en la mayoría de los casos, por obra de la memoria colectiva, exige de esclarecimiento y justicia.
N.H.