Una vez más el presupuesto exhibe el verdadero perfil del gobierno municipal

La aprobación del presupuesto 2009 vuelve a demostrar que la gestión del gobierno municipal de La Falda no es ni pretende ser transparente.
La Carta Orgánica Municipal establece que toda contratación debe hacerse mediante un proceso de selección que garantice la imparcialidad de la administración.
En cualquier legislación, esa garantía de imparcialidad se concreta mediante un régimen de concurso o licitaciones que impidan al Estado contratar arbitrariamente en perjuicio de los ciudadanos o en fraude de los licitadores.
Paseando por las páginas de nuestra historia leemos que la corrupción administrativa ha sido motivo de preocupación desde la época colonial. Ya la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias contenía disposiciones que establecían las condiciones en que podían contratar los funcionarios, lo que tuvo continuidad en los gobiernos patrios y especialmente a partir de 1870 se sancionan innumerables leyes que regulan el modo en que se deben formalizar los contratos de la administración pública para cuidar los dineros del pueblo.
Estos regímenes tienen un doble propósito con miras a garantizar los intereses colectivos: el primero es obtener la más conveniente oferta, y el segundo es la moralización de la administración pública.
En síntesis, el objeto de los procedimientos fijados para la contratación es imponer un límite para impedir que el gobierno elija a su antojo o conveniencia al contratante, resguardando de ese modo los intereses comunes.
Pero estas garantías solo pueden funcionar cuando el Estado cuenta con una organización democrática verdadera, lo que no ocurre en la Municipalidad de La Falda, como lo prueba el hecho de haber sorteado nuevamente en la ordenanza de presupuesto las barreras que impiden la libre contratación, estableciendo para ello exorbitantes montos a partir de los cuales rigen los controles.
Cuando dicha ordenanza fija en la suma de $ 100.000 el monto hasta el cual el Intendente puede contratar directamente (digo 100.000 y no lo enmiendo) nadie puede dudar que se autoasigna la más absoluta y temeraria potestad de elegir a la persona que más le conviene en la casi totalidad de las contrataciones que formaliza la Municipalidad. Reservar las licitaciones solo para montos que exceden los $ 200.000 es de una absurdidad tan extrema que exime de comentarios.
La trama del engaño está a la vista. La licitación, como procedimiento que garantiza la transparencia en los negocios del Municipio está regulada en el presupuesto, pero solamente para negocios que por su monto nunca se presentan. Es más, en el colmo del desvarío, si se presentan también está autorizado el Intendente a contratar directamente conforme al art. 60 bis de ese presupuesto.
Afirmo por ello y por muchos otros aspectos de la ordenanza en cuestión, que una vez más el pueblo de esta ciudad ha sido defraudado. Se corrigieron algunos egresos que resultaban insólitos pero no debemos engañarnos porque el gobierno maneja muy bien las compensaciones de partidas y podrá reforzar gastos del festival del tango, de viáticos, o cualquier otro que esta dispendiosa gestión reclame.
De nuestro bloque se levantaron enérgicas voces de protesta y hubo también algún encolerizado edil oficialista que nos sugirió llevar nuestras quejas a la fiscalía, pero todo ello es anecdótico, lo importante, lo grave, es que la transparencia que obligadamente debe exhibir el Ejecutivo Municipal para negar con sustento la corrupción, una vez más ha sido fulminada, con la complicidad de sus concejales.

Luis Kessler