Un cadáver como garantía de pago
La familia Ponce de la ciudad de La Falda, recurre a los medios periodísticos y a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ante el avasallamiento de sus derechos. Por orden judicial debieron depositar el cadáver de un familiar en el Cementerio Los Angeles de La Falda, hoy para retirarlo les exigen un pago de 900 pesos. Si no pagan, el Intendente y su secretaria les dijeron que enterrarán el cadáver en fosa común.
En el mes de diciembre de año 2005. Orlando Ponce, ciudadano de La Falda, dueño y trabajador de taxi, fue brutalmente asesinado, mientras realizaba uno de sus cotidianos viajes trasladando pasajeros. La noticia impactó fuertemente en la sociedad faldense, pues era un trabajador conocido de muchos años en la zona.
La familia debió afrontar un traumático y penoso juicio, que finalizó en el mes de junio del presente año, dejando "inculpados" a los acusados.
Según el relato de la hija, Nora Ponce y la esposa Florencia Aguirre, tomó participación -en un principio- la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la Dra. Hillman, cuya secretaria la Dra. Fernández, comunicó en su oportunidad a los familiares, la determinación de que el cuerpo de la víctima debería quedar en "depósito judicial", es decir no podría ser sepultado ni mucho menos cremado, durante el desarrollo del juicio, previendo la posibilidad de una segunda autopsia.
Ante esta situación, la familia se presenta en la Municipalidad de La Falda, para que le indique el lugar donde sería depositado, en "guarda judicial", el féretro. La Municipalidad ofreció el espacio físico de la "capillita" del cementerio, donde fue colocado y aún permanece el cajón, es decir hace exactamente 2 años y 9 meses.
Al finalizar el juicio, en el mes de junio del presente año, los deudos, en uso de sus más íntimos, legítimos y postergados derechos (dar cristiana sepultura a su familiar), se presentaron nuevamente en la Municipalidad para solicitar el retiro del cajón.
Pero nunca imaginaron -según sus propias palabras-, la respuesta del Intendente Marcos Sestopal, quién les comunicó que podrían retirar el féretro, previo pago de la deuda que mantenían en concepto de "estadía" y que ascendía a $ 900.
Sorprendidas con un nuevo dolor, por la exabrupta respuesta, le recordaron que fue por una orden judicial y no por decisión propia, que el cuerpo del ser querido en cuestión, permanecía en la "capillita" del cementerio, donde inclusive habían observado falta de higiene.
En este marco de impotencia, recurrieron a sus abogados, Pedro y Ricardo Agost, para que intercedieran ante el intendente solicitando la entrega de los restos. Los abogados así lo hicieron, pero con resultados negativos, obteniendo la misma respuesta: tienen que pagar.
Ya conscientes de que estaban siendo avasallados sus derechos, solicitaron la presencia del Sr. Ricardo Orlando, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, quién constituyó en las oficinas municipales y solicitó la condonación de la pretendida deuda, obteniendo como respuesta por parte de la secretaria del Intendente, Srta. Fany, que el municipio podía "hacer una atención" y rebajarles $200.
Considerando que no era una respuesta adecuada y satisfactoria para esta delicada situación, el Sr. Orlando, manifestó a la Srta. Fany, que recurriría al Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Raúl Hernando Sánchez, a través de una nota que ya fue presentada por mesa de entradas, pero que a la fecha no ha sido respondida, pues el Intendente Marcos Sestopal estuvo de vacaciones en Australia.
La familia, por su parte, también elevó una carta al Intendente, que tampoco fue respondida.
Hasta aquí, el relato del calvario que transita la familia Ponce, víctima -primero- de la inseguridad social y luego "rehenes" de un arcaico e ineficiente sistema judicial y de un Intendente que se adjudica -con total falta de humanidad- la decisión de retener y no entregar un cuerpo para que sea cristianamente sepultado por sus familiares.
Se han avasallado derechos humanos básicos y producido daños irreversibles, de los cuales deberían hacerse cargo los responsables y afrontar las consecuencias de semejante atropello.
Coty Leiva
Periodista
Mesa de Trabajo Permanente
por los Derechos Humanos
En el mes de diciembre de año 2005. Orlando Ponce, ciudadano de La Falda, dueño y trabajador de taxi, fue brutalmente asesinado, mientras realizaba uno de sus cotidianos viajes trasladando pasajeros. La noticia impactó fuertemente en la sociedad faldense, pues era un trabajador conocido de muchos años en la zona.
La familia debió afrontar un traumático y penoso juicio, que finalizó en el mes de junio del presente año, dejando "inculpados" a los acusados.
Según el relato de la hija, Nora Ponce y la esposa Florencia Aguirre, tomó participación -en un principio- la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la Dra. Hillman, cuya secretaria la Dra. Fernández, comunicó en su oportunidad a los familiares, la determinación de que el cuerpo de la víctima debería quedar en "depósito judicial", es decir no podría ser sepultado ni mucho menos cremado, durante el desarrollo del juicio, previendo la posibilidad de una segunda autopsia.
Ante esta situación, la familia se presenta en la Municipalidad de La Falda, para que le indique el lugar donde sería depositado, en "guarda judicial", el féretro. La Municipalidad ofreció el espacio físico de la "capillita" del cementerio, donde fue colocado y aún permanece el cajón, es decir hace exactamente 2 años y 9 meses.
Al finalizar el juicio, en el mes de junio del presente año, los deudos, en uso de sus más íntimos, legítimos y postergados derechos (dar cristiana sepultura a su familiar), se presentaron nuevamente en la Municipalidad para solicitar el retiro del cajón.
Pero nunca imaginaron -según sus propias palabras-, la respuesta del Intendente Marcos Sestopal, quién les comunicó que podrían retirar el féretro, previo pago de la deuda que mantenían en concepto de "estadía" y que ascendía a $ 900.
Sorprendidas con un nuevo dolor, por la exabrupta respuesta, le recordaron que fue por una orden judicial y no por decisión propia, que el cuerpo del ser querido en cuestión, permanecía en la "capillita" del cementerio, donde inclusive habían observado falta de higiene.
En este marco de impotencia, recurrieron a sus abogados, Pedro y Ricardo Agost, para que intercedieran ante el intendente solicitando la entrega de los restos. Los abogados así lo hicieron, pero con resultados negativos, obteniendo la misma respuesta: tienen que pagar.
Ya conscientes de que estaban siendo avasallados sus derechos, solicitaron la presencia del Sr. Ricardo Orlando, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, quién constituyó en las oficinas municipales y solicitó la condonación de la pretendida deuda, obteniendo como respuesta por parte de la secretaria del Intendente, Srta. Fany, que el municipio podía "hacer una atención" y rebajarles $200.
Considerando que no era una respuesta adecuada y satisfactoria para esta delicada situación, el Sr. Orlando, manifestó a la Srta. Fany, que recurriría al Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Raúl Hernando Sánchez, a través de una nota que ya fue presentada por mesa de entradas, pero que a la fecha no ha sido respondida, pues el Intendente Marcos Sestopal estuvo de vacaciones en Australia.
La familia, por su parte, también elevó una carta al Intendente, que tampoco fue respondida.
Hasta aquí, el relato del calvario que transita la familia Ponce, víctima -primero- de la inseguridad social y luego "rehenes" de un arcaico e ineficiente sistema judicial y de un Intendente que se adjudica -con total falta de humanidad- la decisión de retener y no entregar un cuerpo para que sea cristianamente sepultado por sus familiares.
Se han avasallado derechos humanos básicos y producido daños irreversibles, de los cuales deberían hacerse cargo los responsables y afrontar las consecuencias de semejante atropello.
Coty Leiva
Periodista
Mesa de Trabajo Permanente
por los Derechos Humanos
entrada de Nicolas Heredia | 17:39
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