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Lugar: La Falda, Córdoba, Argentina

El titular ha superado los 25 años en la actividad periodística, habiendo participado de los medios gráficos de la región, ha sido director de medios radiales y ha hecho televisión, fue corresponsal de La Voz del Interior.

viernes, 11 de septiembre de 2015

El Defensor del Pueblo de la Nación exhortó a la Secretaría de Ambiente provincial y al municipio de Villa Giardino a controlar el proyecto Pueblo Nativo Hotel

La denuncia, elevada por los vecinos ante el organismo nacional reclamaba por la violación de ordenamientos legales nacionales, provinciales y municipales, fue atendida y respaldada, determinándose en consecuencia solicitar a la provincia y municipio la intervención inmediata en el control del emprendimiento en cuestión.

Los vecinos autoconvocados de Villa Giardino, nucleados en la agrupación Villa Giardino Despierta, consiguieron que la Defensoría del Pueblo de la Nación emita un dictamen a favor de su reclamo ambiental referido al emprendimiento inmobiliario Pueblo Nativo Hotel.
El documento que lleva la firma del Secretario General del organismo nacional, Carlos Haquim, exhorta a la Secretaría de Ambiente de Córdoba a revisar la evaluación de impacto ambiental del proyecto y a "promover la adopción de las medidas necesarias para que en el futuro las evaluaciones se realicen de modo previo al inicio de los proyectos".
En el mismo se determina que “La Defensoría del Pueblo de la Nación, en su actuación Nº 1810/13 caratulada: "Presuntos perjuicios derivados del consumo de agua. Impacto ambiental sobre recursos hídricos", intimó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia a que obligue la presentación del estudio de impacto ambiental del emprendimiento Pueblo Nativo Hotel.
El organismo consideró que tal como lo establece la Ley General de Ambiente Nº 25.675 "toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución".
Y también trajo a colación la nueva Ley Ambiental de Córdoba Nº 7.343 que establece: "Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras y/o acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas a presentar, conforme el reglamento respectivo, un estudio e informe de evaluación de impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada proyecto".
"El proyecto denunciado incumple ambas leyes, ya que se trata de un emprendimiento de gran envergadura cuyo desarrollo se extiende a 61 has, el cual además de la construcción del hotel incluye restaurantes, bares, spa, canchas de tenis, un centro de convenciones, una cancha de golf y una laguna artificial. Ninguno de los componentes mencionados es contemplado en una Evaluación de Impacto Ambiental previa, como tampoco se presentó un estudio que tenga como alcance todas las etapas del proyecto", lamenta la resolución.
La investigación de la Defensoría también puso en evidencia el incumplimiento de la Ley Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331 ya que el predio en el cual se encuentra emplazado el emprendimiento corresponde a bosque nativo de categorías de conservación I (rojo, no deben transformarse) y II (amarillo, aprovechamiento sustentable) según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobado por la provincia de Córdoba bajo el Expediente Nº 5.6449/2010.
En este contexto, el Secretario General exhortó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba a que realice una evaluación de impacto ambiental que cumpla con las leyes vigentes; promueva la adopción de las medidas necesarias para que en el futuro las evaluaciones se realicen de modo previo al inicio de los proyectos; garantice la participación ciudadana; y garantice el cumplimiento de la Ley de Bosques”.

Es de recordar que los reclamos realizados por los vecinos se remontan al momento de presentación del proyecto y que, en reiteradas oportunidades, han generado gestiones ante diversos organismos provinciales, como también lo hicieran en el orden local pues entienden que no se ha respetado legislación municipal que preserva el uso del suelo, la forestación autóctona y el utilizado del agua. Por lo cual oportunamente presentaron una denuncia penal en donde hicieron recaer responsabilidad, por falta a los deberes de funcionarios públicos, sobre el intendente Juan José Ochoa, funcionarios y concejales.
La demanda mantiene como causa el permitir que la empresa AMD, administradora del proyecto, desarrolle un gran complejo turístico cuya cancha de golf consumiría 700.000 metros cúbicos de agua por día violando ordenanzas y leyes vigentes.
La denuncia acompaña los instrumentos legales que, a criterio de los demandantes, demuestra la violación de las ordenanzas del Camino de los artesanos, irregularidades en la aprobación formal del proyecto, incumplimiento de la Ley de Bosques al ubicarse en zona roja de alta protección, falta de audiencia pública y falta de estudio de impacto ambiental de la cancha de golf y del loteo.
Cabe rememorar que también en reiteradas ocasiones el Intendente Ochoa ha deslindado responsabilidades manifestando que la autoridad de aplicación del poder de policía son los organismos provinciales con injerencia en la materia, ya que el municipio no integra al predio en cuestión dentro de su ejido y que no le presta servicio municipal alguno, y que ante el conocimiento a través de la prensa del tratamiento judicial del tema había concretado una presentación espontánea para ponerse a disposición de los magistrados a fin de colaborar en las investigaciones y ejercer la defensa, propia y del municipio, correspondiente.
Con el proceso judicial abierto, será, entonces, la Justicia la que determinará responsabilidades, si las hubiere, de los inculpados.
En tanto, el proyecto turístico, que incluye un hotel de cinco estrellas con cincuenta habitaciones en suite, una cancha de golf, piscina, restaurante y un Spa, entre otras instalaciones, se mantiene vigente, aunque no se estarían cumpliendo los plazos de avance que se habían determinado inicialmente, probablemente por los reclamos vecinales, desconociéndose si hubiesen otras causales.

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