Con votación dividida se aprobó el nuevo valor del boleto del Servicio de Transporte Urbano cuyo costo será de $4,50

El empate en la votación del proyecto obligó al voto del Presidente del Concejo Deliberante, decidiéndose así el incremento de $3,50 a $4, 50. La Ordenanza especifica que el aumento es provisorio y que se evaluará dentro de los sesenta días la calidad en la prestación del servicio y el cumplimiento del contrato de concesión, lo que deja dudas en cuanto a la real posibilidad de concretarlo.

En la última sesión del Concejo Deliberante de La Falda quedó aprobado el nuevo valor del boleto del Servicio de Transporte Urbano, el que pasará a costar $4,50, la mejora es de un peso sobre el anterior costo.
La ordenanza Nº 2678 en los fundamentos sostiene que “Que la tarifa actual es de $ 3.50.- (pesos, tres con cincuenta centavos), como boleto único;
Que efectuados los análisis correspondientes se desprende que es necesario autorizar a incrementar la Tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros;
Que el aumento de los insumos para prestar el servicio, es de manera constante, como asimismo los aumentos salariales otorgados al personal perteneciente al gremio AOITA del cual dependen los trabajadores;
Que nos hemos reunido con miembros de los Concejos Deliberantes de las localidades afectadas al servicio (Valle Hermoso, La Falda y Huerta Grande) para intercambiar las diferentes opiniones y necesidades y así llegar a un acuerdo que beneficie a todos;
Que la Empresa Lumasa S. A. ha solicitado $5.- y hasta $5,30.- en notas dirigidas a este Cuerpo Deliberativo y después de las reuniones realizadas con los demás Concejos Deliberantes y el Titular del servicio se llegó a la conclusión de llevar la tarifa a $4,50.- la que se mantendrá durante sesenta días”.
En la parte resolutiva impone que “Artículo 1º) AUTORÍZASE el incremento de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros en hasta $ 4,50.- (pesos, cuatro con cincuenta centavos) como boleto único a partir de la promulgación de la presente Ordenanza de manera provisoria por el término de sesenta días los que se destinarán a la evaluación de la calidad del servicio y cumplimiento del contrato de concesión”.

El proyecto fue aprobado por mayoría, contando con cuatro votos de los concejales del Bloque de la UCR Susana Ghilardi, Adriana Braiza, Gisele Gómez y Luis Pacha, votando por la negativa el concejal Darío Almada de la UCR y los tres integrantes del Bloque de Unión por Córdoba, Susana Tuzio, Silvia Luján y Francisco Mendieta, el empate obligo al voto del Presidente del Cuerpo, Alberto Mainero, que se inclinó por respaldar los votos del oficialismo y otorgar el incremento tratado.
Durante el debate Almada sostuvo que el servicio era “malo”, que había viajado en las líneas B y C para comprobar fehacientemente, por encima de la opinión del usuario, las condiciones en que se presta el servicio, definiéndolo como “calamitoso”. Incluso observó “la falta de higiene, deterioro y falta de mantenimiento de los colectivos, falta de ventanillas”, entre otras.
Manifestó también que como representante del Concejo Deliberante de La Falda, junto a los representantes de los otros municipios involucrados, en la reunión que habían mantenido con el Sr. (Luis) Gómez se le dijo que había que mejorar el servicio, “a treinta días de eso la situación no mejoró, al contrario, empeoró”. Con esa tendencia, definió que no podía votar a favor. “El sólo hecho de darle un aumento provisorio y determinar que se va evaluar la calidad del servicio a sesenta días está admitiendo que hoy no es bueno”, dijo.
En respuesta a consultas de la prensa, informó que la representante del municipio de Huerta Grande en su informe había concluido en que el servicio era pésimo, pero que había que otorgar el aumento. La calificación para el servicio fue similar para el representante de Villa Giardino.
Finalmente habría destacado que su interés está direccionado “a responder a los reclamos de los contribuyentes y usuarios a quienes nadie defiende”.
Otra de las cuestiones que apuntó estuvo referida a algunos conceptos vertido por la prensa “escucho por ahí que un periodista dice que se me había dado la oportunidad de participar en este tema para facilitar la relación en el bloque, esto no es así bajo ningún punto de vista, porque fui elegido por el Concejo en pleno. Acá no hubo intención alguna de facilitar nada, tanto del bloque como del oficialismo en su plenitud. Por otra parte, hasta el momento en que asumí se hizo todo lo posible para que no lo hiciera, primero votando en contra de lo que me correspondía y después invirtiendo cifras importantes en abogados para que la Justicia me lo impidiera, algo que no consiguieron porque la razón me asistía. Así que lo único que puedo decirle a ese periodista es que es frágil de memoria”.


Una cuestión de derechos, obligaciones y garantías

Las decisiones de gobierno casi siempre llevan implícitas cuestiones que tienden a equiparar derechos, obligaciones y garantías. En este caso, puede entreverse que los vaivenes de la situación económica que afecta al país en los últimos tiempos hacen considerar la necesidad del incremento del valor del boleto del transporte urbano y así lo consideró la mitad de la composición del Concejo Deliberante, en tanto la otra mitad ha puesto en la balanza la calidad del servicio y en consonancia con ello se determinó por no acordar el incremento hasta tanto el servicio no se preste en óptimas condiciones. Este empate, en el orden legislativo, tuvo que ser definido con la intervención del Presidente del Concejo Deliberante que optó por el aumento del boleto. No obstante se hace constar, como lo habrán notado, que el aumento es provisorio y que dentro de los sesenta días se evaluará la calidad del servicio y el cumplimiento del contrato de concesión.
Y aquí es donde aparecen algunos cuestionamientos, en primer lugar, con los antecedentes jurídicos recientes que tenemos en la provincia y por el hecho mismo de haber otorgado el aumento, no hay posibilidad alguna de que ese incremento pueda ser revisado en menos, de manera que los $4.50 quedan firmes de aquí en más. En segundo orden, que se recuerde, nunca un tratamiento de aumento del boleto pudo admitir que el prestador del servicio había cumplido con todas las exigencias del contrato de concesión, entre ellas por ejemplo, pago del canon a los municipios, siempre estuvo en deuda a pesar de que los boletos no se fían, se cobran en efectivo y por adelantado, tampoco pudo lograrse que algunos recorridos solicitados por los intendentes pudieran conseguirse a pesar de las necesidades de los usuarios, no se sabe a qué costo y ruego se obtuvo alguno, no se pudo lograr el control de los boletos cortados, y estos son sólo algunos que tienen que ver con el fondo de la cuestión y que ponen en duda todo tipo de control posterior a lo decidido.
En esta ocasión, “como nunca”, admitido por los propios funcionarios, que llegaron a establecerlo temporalmente entre “ocho y nueve meses”, los usuarios reclamaron por la mala prestación del servicio.
Si consideramos que el representante de La Falda que participó en la evaluación previa votó en contra, con los antecedentes apuntados, no se entiende como sus pares se inclinaron por acordar el incremento. Se estima que si se envía a alguien a corroborar para tener una base de sustentación a la hora de decidir, lo razonable es que se acepte su opinión, caso contrario, puede inferirse que no se confiaba en quien se depositó la responsabilidad, por la razón que fuese, para lo cual no le hubieran dado mandato, o que sólo se lo hizo para cubrir formalidades. En ambos casos, lo que se traslada es un poco serio tratamiento del tema, que deja al usuario con un mayor costo y con serias dudas de que el servicio mejore, lo que significa que la decisión no ha equiparado los derechos, obligaciones y garantías del conjunto.

N.H.