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Lugar: La Falda, Córdoba, Argentina

El titular ha superado los 25 años en la actividad periodística, habiendo participado de los medios gráficos de la región, ha sido director de medios radiales y ha hecho televisión, fue corresponsal de La Voz del Interior.

jueves, 28 de junio de 2012

La deuda municipal y las supuestas irregularidades cometidas por la gestión de gobierno anterior merecieron dictamen diferenciado de los dos bloques que integran el Concejo Deliberante faldense

Con dictámenes separados y ampliamente disimiles los dos bloques que componen el Concejo Deliberante de La Falda emitieron opinión y la elevaron al Poder Ejecutivo. Ambos documentos dejan temas para el análisis, pero serán difíciles de digerir para una ciudadanía que requiere de esclarecimientos y no de mayor incertidumbre.

Como se venía anunciando, el Concejo Deliberante de la ciudad de La Falda trató la documental elevada por el Poder Ejecutivo sobre las supuestas irregularidades encontradas en el Acta de Transferencia, como en áreas puntuales del municipio, en lo que hace a firmas de convenios y bienes que se habrían adquirido y no se encontrarían ni en inventarios, ni en las dependencias municipales. Las intenciones iniciales fueron las de elaborar un documento que reflejara el pensamiento de todo el Cuerpo, pero evidentemente esto no pudo ser acordado y finalmente cada bloque elevó su dictamen al Poder Ejecutivo. La importancia de este material, hace que lo publiquemos en toda su extensión.

La documental elevada por el Bloque de Unión por Córdoba, detalla: “Ref.: nota enviada por el Poder Ejecutivo referida al Acta de Transferencia de la Gestión Municipal anterior.-

Debido a que el 4 de abril del corriente año, el Intendente Municipal de la ciudad de La Falda, Eduardo Arduh, envió una nota a este Cuerpo Legislativo referente al Acta de Transferencia de la Gestión Municipal anterior y que el bloque de la mayoría emitió una nota de la cual se desprenden datos y procedimientos que no avalamos, es que optamos como bloque minoritario por realizar los siguientes comentarios al respecto.
Lo primero que queremos decir es que desde el 20 de octubre del 2011, venimos escuchando distintas versiones, números y saldos de éste acta de transferencia impugnada parcialmente por el actual gobierno el 24 de octubre del 2011. Hasta acá el anterior gobierno del que esta oposición formó parte, no emitió ningún comunicado al respecto, pero ocho meses después llega a este Concejo Deliberante una nota para que emita una opinión. Estamos seguros de que éste no es el ámbito de discusión y debate del tema, ya que este cuerpo está para deliberar proyectos y legislar para el futuro no para el pasado.
En segundo lugar, afirmar conjuntamente con la documentación que adjuntamos que los números arrojados en la carta abierta enviada a todos los vecinos con el cedulón del mes de noviembre del año pasado, donde se informaba la situación económica del municipio encontrada por el gobierno entrante, son erróneos, ya que el gobierno anterior confeccionó minuciosamente el acta de transferencia, con informes de todas las áreas y hasta se adjuntó a la misma una Auditoría realizada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba al 30/06/2011, donde no se detectaron irregularidades (Anexo I). Que toda la información que se emite desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Tribunal de Cuentas es PÚBLICA, y que todos los vecinos tienen acceso a ella.
Que es necesario repasar algunos conceptos de Administración Gubernamental los cuales resultan ser olvidados por algunos asesores contables; el presupuesto es el instrumento contable de planificación y control institucional de las cuentas municipales. Es el plan y mandato de la gestión patrimonial y económica - financiera de cada ejercicio. El ejercicio económico- financiero comienza el (1º) de enero y finaliza el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Vale aclarar que las obligaciones corrientes son las que resultan del ejercicio anual, teniendo como tal la diferencia entre las obligaciones corrientes (deuda flotante) y las obligaciones a largo plazo.
Detallamos a continuación la deuda al 31/08/2011, declarada en el Acta de Transferencia Administrativa de dicha fecha, la cual es un instrumento público que puede ser requerido y está a disposición de cualquier vecino de la ciudad de La Falda. Como así también se puede solicitar copia de los balances mensuales a fin de chequear la información por este medio aportada.
En relación a la deuda arrojada por el actual gobierno, no sin antes volver a hacer especial hincapié en que el ejercicio económico- financiero comienza el (1º) de enero y finaliza el treinta y uno (31) de diciembre de cada año y que las obligaciones corrientes son las que resultan del ejercicio anual, teniendo como tal la diferencia entre la obligaciones corrientes (deuda flotante) y las obligaciones a largo plazo. Expresamos que de las obligaciones corrientes, se desprende una deuda flotante de $ 7.499.000 y de la deuda a largo plazo con el gobierno provincial de $ 8.500.000 (aproximadamente acuerdo sin publicación oficial al 31/08/2011, e incluye Pacto Fiscal anterior), adjuntamos cuadro detalle deuda corto plazo, cuadro detalle deuda largo plazo, y el saldo bancario al 31/08/2011 de $600.000. (Anexo II). Antes de continuar, queremos recordar que al asumir UPC (Ottobre), en diciembre de 1999, la deuda era de 7.734.514 dólar / peso (que al día de hoy serían aproximadamente en pesos 35.000.000), por lo cual hubo que pagar en estos 10 años más de la tercera parte de la misma y sin embargo se hicieron mientras tanto innumerables obras como: remodelación del área central de la ciudad Av. Edén, obra de gas natural, de remodelación Anfiteatro Municipal, refuncionalización del edificio Municipal, puesta en valor de Plaza San Martín, recuperación balneario Siete Cascadas y Morecabo, nuevo dispensario Río Grande, Villa Ramón Soria, Molino de Oro, recuperación Paseo Trenquel y construcción Skate Park y demás obras públicas,
Vale aclarar que de esta deuda no hay un centavo que haya generado el gobierno anterior, sólo la refinanció gracias al gobierno provincial en el año 2000, 2003 y 2010 y lo que sí hizo el gobierno anterior fue pagarla. Esta deuda viene de la década del noventa, generada por dieciséis años de gobierno radical (con el aval provincial para hacerlo). En diciembre de 1999, al asumir el Sr. Ottobre, se realiza una Auditoria de Corte del Tribunal de Cuentas Provincial nº 12/2000 con fecha 16 de febrero de 2000, de donde se desprenden innumerables elementos (Anexo III). En ese momento la deuda municipal de la ciudad de La Falda, como dijimos anteriormente, ascendía a 7.734.514 dólar /peso (según la auditoría mencionada). Que se fue ampliando con posterioridad a la intervención de los auditores a medida que apareció la información (entre las más importantes hay que recordar los juicios nunca informados).
Con la asunción del gobierno de UPC a nivel provincial, se comienzan con los Pactos fiscales Provincia – Municipio, donde se consolidó y empezó a financiar dicha deuda municipal. El Primer Pacto Fiscal se realiza en el año 2000, el Segundo en el año 2003 y en el año 2010 se realiza el último, donde se pesifica parte de la deuda con la provincia de la década del noventa (ver anexo IV) y que hasta el momento no se había amortizado en los anteriores. Este último pacto no fue agregado en el acta de transferencia porque el momento de la realización del acta el gobierno provincial no había mandado el acuerdo firmado por el Ministro de finanzas y el gobernador; es decir, no estaba el aval contable, pero sí se encontraba en el municipio la ordenanza Nª 2354, donde se avala la firma del convenio con la provincia (que es un documento público). Eso sí figuraba en el acta de transferencia y se adjunta (Anexo IV). La misma fue aprobada por 6 votos positivos en la sesión extraordinaria del 10/01/2011. Tampoco sabemos si al día de la fecha se encuentra ese convenio en la municipalidad.
Luego de esta aclaración nos gustaría finalizar este tema con la ilustración que arroja el siguiente cuadro, de cómo era el estado del municipio cuando en el año 1999 asumía Ottobre (según HTC provincia). Sin olvidar, que en ese año, la relación $/U$S era de 1/1.
El cuadro en cuestión reza: “deuda con Proveedores $ 2.124.601,57; Deudas Salariales $ 421.300; Deudas bancarias $ 189.039,86 y Deudas con Organismos del Estado $ 4.991.572, 43, conformando un total de $ 7.734.514,92.

Otra arista de la deuda de la provincia es la deuda con EPEC, en el año 2000 era de 366.246 pesos/dólar, contra una deuda en el año 2011 de $250.000 pesos, considerando que si antes consumía 1 KW, ahora se utilizan 5000 KW en alumbrado público (ya que en últimos años se iluminó a la ciudad 10 veces más), datos fácilmente verificables con el historial del consumo. Deuda insignificante en relación al consumo y a los datos arrojados por EPEC de municipalidades vecinas, gobernadas por el radicalismo, y que en algunos casos superan los $2.000.000.
Es decir, con respecto a la deuda con la provincia que no generó el gobierno anterior sino que viene de la década del noventa, el mérito es poder pagarla ahora y gracias a la refinanciación.
Como corolario, según un cuadro comparativo emitido por Economía y Hacienda el 1ro de febrero de 2012, ya se habían pagado casi S3.000.000 de los compromisos a pagar según acta de transferencia y al día de la fecha y según versiones oficiales casi $4.000.000. Esto es lógico, ya que de un presupuesto de $40.000.000, si se ejecuta en su totalidad, se tiene un gasto corriente por mes de $3.000.000, como ocurrió durante todo el año pasado (Ver Anexo V). Esto sí da cuenta del estado real de las finanzas en el municipio. Además, parece que esto ya en septiembre lo vislumbraban porque en el presupuesto 2012 elaborado por el actual gobierno se presupuestó en la cuenta deuda del ejercicio anterior $3.300.000 (Anexo VI).
Como conclusión, la deuda con la provincia no fue generada por el anterior gobierno, lo que el anterior gobierno hizo fue a pagar las cuotas de dicha deuda durante 10 años gracias a la refinanciación y pesificación de la misma otorgada por el gobierno provincial. No sin antes destacar que entre el 2000 y el 2004 solo se recibieron $2 mensuales de coparticipación y pese a eso se realizaron infinidad de obras.
El crédito para el polideportivo municipal, fue aprobado por el Concejo Deliberante con ordenanza previa (documento público y fehaciente, que figuraba en el acta), número 2340, y la plata restante para la realización del techo se encuentra en la cuenta corriente Nº 56/04. Ese dinero figura en el saldo bancos al momento de la transferencia (Anexo VII) y asciende a $258.221,37 (además de encontrarse en la misma el detalle de coparticipación año por año hasta el mes de julio de 2011). Lo que no podemos explicar sobre este tema es por qué si el dinero estaba disponible, la obra todavía no está terminada.
Con respecto a cheques no registrados, el acta de trasferencia refleja el informe de tesorería (que le fuera solicitado por la Contadora oportunamente), siendo muy interesante comparar la situación planteada hoy con la existente por las mismas razones en diciembre de 1999 (ver Anexo III). Cabe destacar que antes del traspaso de gobierno, UPC realizó una auditoría de arqueo de caja que dio el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia que se adjunta, donde no se hizo observación de irregularidades (Anexo I).
En referencia a los vales de caja, al momento de la transferencia administrativa de la Intendencia del Dr. Simes al Sr. Ottobre (año 1999) se registraba en la Caja Municipal un faltante de pesos SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 22/100 ($ 607.227,22), según acta de transferencia e informe de auditoría contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba. A esto se debe agregar un importe de cheques por más de cincuenta mil pesos girados sobre el Banco Suquía en aquel entonces, que no fueron declarados en el acta de transferencia y que fueron rescatados por la Tesorería. Es imprescindible remitirse al Informe de la Auditoria de Corte (Anexo III) para tener en claro que lo que fue un faltante pretendió estar registrado como el total de vales a recuperar, ya que no se recibió registro, o listado de los supuestos vales que conformaban este saldo de caja. El método que utilizaba la Tesorería era reponer el dinero adelantado (y rescatar el/los vales) siguiendo un orden cronológico (método utilizado desde antes del año 2000 y no cuestionado por el contador de la gestión de Simes, ni por los Tribunales de Cuentas desde los últimos tres períodos o las oportunas auditorías). Por esta razón el faltante de Caja, al cual se hizo referencia en el segundo párrafo de este informe (Anexo III), se fue cubriendo con cheques generados con trámites posteriores al año 2000. La suma de los vales en caja a setiembre de 2011, representa lo que no se pudo recuperar del faltante inicial mencionado, haciéndose notar que toda otra interpretación deberá entonces explicar cómo o quien repuso aquellos dineros. Se adjunta en el anexo (VIII) vales otorgados a funcionarios con los correspondientes recibos de sueldo y descuentos.
Y también cabe destacar que en la gestión del Dr. Simes tan cuestionada por el Tribunal de Cuentas Provincial y que arrojó tantas deudas al municipio de La Falda, fue funcionario el actual intendente municipal, y que siendo Tribuno de cuentas en el gobierno del Sr. Ottobre no emitió ninguna declaración ni ningún pedido de informe acerca de las irregularidades que recibió este último, resulta extraño que recién ahora le parezca cuestionable que algún dato o información menor haya faltado al recibir la administración municipal .

Pese a todo lo enumerado, creemos que a diez meses del traspaso, esta presentación del intendente es extemporánea, claro está que la deuda no ascendía a 21 millones de pesos como se expresó públicamente. Y lo peor es que se omite deliberadamente señalar quien generó esta situación. No se dice que en el año 2000 no existió otra forma de subsistir que decretar una emergencia económica, pero que lo recibido en el 2011 no sólo mantiene “viable al municipio” (según expresiones del propio Intendente) sin decir quienes lo hicieron viable, por lo que tiene sentido dejar entrever otra posible emergencia (sin recordar el daño que ocasionó al municipio la emergencia del 99, lease Simes), mientras que simultáneamente el actual gobierno se aumentó los sueldos de funcionarios en un 40% y sumó a la planta política ocho funcionarios más entre secretarios y directores.
Esto ocurrió el 19 de octubre en este Concejo Deliberante y el 20 de octubre, mientras se enviaba a todos los medios de difusión local y provinciales, una carta abierta firmada por el actual intendente y viceintendente donde se arrojaban datos de la supuesta situación económica del municipio. Resulta “muy” raro, ya que ese aumento no condice ni con la carta abierta ni con las declaraciones del actual intendente, como por ejemplo: "la municipalidad está en un estado virtual de emergencia", "hay acreedores que comenzarán a cobrar en 2012 porque no existen fondos para la actual deuda corriente", "no voy a convertir al municipio en una máquina de pagar sueldos", "presentamos un pedido de ATN para intentar paliar la situación crítica que vive el Municipio", "voy a hacer todas las gestiones que crea pertinentes para salir del ahogo que tiene el municipio, estamos en un estado virtual de emergencia... la situación es complicada, la deuda es exigible ya".
No estamos de acuerdo ni con la forma ni con el procedimiento. Entendemos como razonable que se deje constancia de lo recibido, pero de ninguna manera que estas constancias se transformen en el arma permanente de difamación y mucho menos de excusa para disimular la incapacidad de prestar los servicios, continuar obras necesarias para nuestros vecinos y/o no promover la actividad turística tan necesaria a la economía local. Todo esto no condice con las promesas electorales de mantener lo que estaba bien y corregir lo que no creían tan bien, y la tan mentada transparencia, muy promocionada por el actual gobierno”.

El bloque oficialista sugiere auditorias

Por su parte el Bloque de la Unión Cívica Radical, elevó el siguiente dictamen:

“TEMA: Presentación del Poder Ejecutivo sobre situación administrativas vinculadas con la anterior gestión municipal

1. Irregularidades en firma de convenios publicitarios.
La información incluye convenios firmados por el Secretario de Turismo en la cual se establece el canje de publicidad en lugares de desarrollo de distintas ediciones del Festival del Tango por mercaderías entregadas por la empresa Meroli.
Del análisis de la documentación surge:
a) El Secretario de Turismo no está habilitado para la firma de convenios que obliguen a la Municipalidad; estos convenios deben ser firmados por el intendente y homologados por el Concejo Deliberante.
b) El monto de las facturas de las mercaderías que justifican la compra de mercaderías por canje de publicidad no coincide con los montos definidos por los convenios.
c) Las facturas de compra de mercaderías no están aprobadas por el Tribunal de Cuentas.
d) De acuerdo a lo informado por el Poder Ejecutivo, parte de las mercaderías mencionadas en los convenios e incluidas en las facturas, no se encuentran en ámbitos municipales ni el inventario recibido al momento de la transferencia de la administración.
Recomendación: El Bloque UCR considera conveniente la realización de una auditoría interna o externa que determine:
1- La existencia en ámbitos municipales de las mercaderías involucradas en los convenios.
2- En el caso de no encontrarse en dependencias municipales, determinar el destino asignadas a las mismas, los documentos que avalen dicha acción y el marco legal que pueda haber avalado dichas acciones.
3- En caso de no encontrarse las mercaderías ni poder se encuadradas dentro del punto 2, determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en dichos faltantes.
4- Las ordenanzas, decretos y reglamentaciones que pudieran haberse violado en la firma de los convenios mencionados.
5- De resultar de la investigación la existencia de irregularidades, si las mismas son pasibles de sanciones administrativas, civiles o penales

2- Omisión de deuda en el acta de transferencia – Deuda con Sadaic
El Poder Ejecutivo presenta copia de la carta documento emitida por SADAIC donde se reclaman diversas acreencias por derechos de autores y compositores, por un importe de $ 113.723.-
Al mismo tiempo el PE informa que dicha deuda no fue incluida en el acta de transferencia y que no se encuentran en ámbitos municipales la documentación que respalde la realización de los eventos citados en el reclamo.

Con posterioridad a esta presentación el Poder Ejecutivo envió al Concejo Deliberante para su homologación un convenio firmado con Sadaic en la cual se acordó una modalidad de pago.
Recomendación: El Bloque UCR considera conveniente la realización de una auditoría interna que determine:
1- Si la omisión de inclusión de la deuda en el acta de transferencia constituye una omisión o una irregularidad pasible de sanciones administrativas, civiles o penales.

3- Omisión de deuda en el acta de transferencia – Deuda con la Provincia.-
El Poder Ejecutivo presentó documentación sobre la deuda que vincula a la Municipalidad con la Provincia, por un importe de 228 cuotas de $ 51.000 cada una.
La documentación que avala dicha deuda es pública; además y en oportunidad de aceptarse el convenio que vinculó a ambas partes se sancionó la ordenanza 2354 que homologó el citado convenio.
Por otra parte diversos adelantos de coparticipación gestionados por la administración anterior y que constituyen acreencias de la Provincia con la actual administración, no fueron incluidos; el importe de estos adelantos es de $ 339.000.-
Finalmente, diversos préstamos gestionados por la administración anterior, cuyos vencimientos llegan hasta el año 2014 por un importe de $362.000 tampoco fueron incluidos en el acta de transferencia.
Recomendación: El Bloque UCR considera conveniente la realización de una auditoría interna que determine:
1- Si la omisión de inclusión de la deuda en el acta de transferencia constituye una omisión o una irregularidad pasible de sanciones administrativas, civiles o penales.

4- Omisión de deuda en el acta de transferencia - Cheques no registrados

El Poder Ejecutivo informó el detalle de cheques que comprometen pagos de la Municipalidad en el futuro y que fueron omitidos del acta de transferencias.
Recomendación: El Bloque UCR considera conveniente la realización de una auditoría interna que determine:
1- La existencia de órdenes de pagos y cualquier otra documentación que avale esa deuda.-
2- Que dichas órdenes de pago hayan sido aprobadas por el Tribunal de Cuentas.
3- En caso de faltar documentación respaldatoria, determinar si este hecho es pasible de sanciones administrativas, civiles o penales.
4- Si la omisión de inclusión de la deuda en el acta de transferencia constituye una omisión o una irregularidad pasible de sanciones administrativas, civiles o penales.

5- Vales de Caja

El Poder Ejecutivo presentó documentación sobre vales de caja encontrados en oportunidad de realzarse la transferencia de administración, por un importe total de $ 340596.-
Recomendación: El Bloque UCR considera conveniente la realización de una auditoría interna que determine:
1- Si los vales de caja correspondientes a empleados municipales fueron descontados de sus respectivos salarios.
2- Si los vales pertenecientes a funcionarios fueron descontados de sus honorarios.
3- Si existen vales de caja correspondientes a personas ajenas al personal municipal, si se trata de contratistas o proveedores; en caso afirmativo si existe documentación contable que avale el vínculo entre proveedor / contratista y municipalidad.
4- De resultar de la investigación la existencia de irregularidades, si las mismas son pasibles de sanciones administrativas, civiles o penales.-

Recomendaciones finales del Bloque UCR:
1- Consideramos que la totalidad de los hechos citados afectan de distinta forma al erario público, y por lo tanto requieren de su investigación.
2- Resulta indispensable que todos los hechos sean aclarados en el marco de una auditoría administrativa, por lo que recomendamos su realización.-
3- Una vez obtenidas sus conclusiones, presentar las mismas a la justicia junto con toda la documentación respaldatoria, para que sea en ese ámbito donde se defina si los actos administrativos investigados constituyen omisiones, errores o irregularidades pasibles de sanción.
4- La ciudadanía de La Falda es acreedora de información precisa sobre este tipo de situaciones; como sus representantes nos corresponde desarrollar acciones que aseguren la transparencia de la gestión de gobierno y la calidad institucional”.


Y ahora?

Sin dudas, que la primera pregunta que se harán los lectores que hayan leído minuciosamente estos documentos será ¿y ahora?. Por qué le aparece este cuestionamiento, porque el juego de las dudas sigue abierto, algunas se acotan y otras se amplían, pero las dudas siguen existiendo, y esto para el ciudadano debe ser el fondo de la cuestión, porque el conocimiento que pueda tener algún o algunos funcionarios puede estar teñido de un determinado criterio que puede no ser el acertado y lo que el vecino necesita saber es si sus dineros fueron bien o mal empleados y si alguien se aprovechó de la función para adueñarse de lo que no le correspondía o era propio, por una parte y por otra el por qué de la desorganización administrativa en un traspaso de gobierno que imposibilita a las nuevas autoridades a ejercer el gobierno de manera adecuada.
Es bueno, que la oposición salga, en forma pública, a defender lo que fue su gobierno, aunque, es obvio, lo hace parcialmente y tiñe su análisis con algunos conceptos de neto corte político partidario. Es entendible, no pueden escapar a la necesidad de cargar tintas sobre lo que a primera lectura puede favorecerlos, lo que le faltó decir es que si las dudas son razonables, el camino para su dilucidación es la Justicia.
El bloque radical por su parte deja claro que también tiene dudas, por ello opta por buscar fundamentos concretos en auditorias, pero mantiene que una vez analizadas, si estas no arrojasen claridad, el paso a seguir es el pedido de investigación a la Justicia.
Lo cierto, es que el ciudadano observa como se dilata el proceso y comienza a componer un cuadro donde la extensión en el tiempo de las auditorias, más las actuaciones investigativas que inicie la justicia, más los planteos que interpondrán los abogados de darse lugar a causa, suman tiempos que facilitan prescripciones, y ya comienza a considerar que la cuestión terminará en lo de siempre, es decir, en no saber, a lo que ya está acostumbrado, pero, lo que es peor, que también comienza a vislumbrar que nada se hará para que este tipo de situaciones anómalas no vuelvan a reiterarse.
Así las cosas, solo resta esperar, sin agotar la paciencia.

Desde esta columna seguiré manteniendo el primitivo principio de que si hay duda hay que esclarecerla y, es obvio, que ninguna de las partes involucradas está en condiciones de hacerlo, por lo tanto, la única supuesta vía imparcial que nos queda es la de los estrados judiciales.

N.H.

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