La Ley de Trata de Personas es una ley que llegó para quedarse?

Promulgada la Ley 10060, a los comercios que explotaban este rubro les queda solo el tiempo en que se dicte la reglamentación para la aplicación de la norma para bajar sus persianas. En tanto, se produce la reacción de un importante número de intendentes en la geografía provincial que sostienen que tal situación les provocará inconvenientes con sus vecinos, ya que la prostitución debería ejercerse en la calle, con la pérdida de la tranquilidad ciudadana y el riesgo en salubridad que ello implica. Por su parte, los propietarios de los comercios apuntan que se los deja sin la fuente laboral, que integra a miles de personas en la provincia, e interpretan que la ley es un absurdo. A partir del fin de semana, oportunidad en que fuera publicada en el Boletín Oficial, la denominada Ley de Trata Nº 10060 quedó promulgada, por estas horas se ha abierto un importante debate sobre sus alcances y la forma en que se impondrá su reglamentación. Este es el escaso tiempo que le quedan a los locales comerciales que desarrollaban actividades relacionadas con la prostitución, ya que la Ley determina en su artículo primero que “Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación -de manera ostensible o encubierta- de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de alterne”. En su art. 2º que “Dispónese la inmediata clausura a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, de las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de alterne, en los términos y condiciones de esta norma y de acuerdo al procedimiento que se establezca por vía reglamentaria, facultándose a la Autoridad de Aplicación a adoptar las medidas necesarias y conducentes a tales fines”. Entendiendo que “se entiende por whiskería, cabaret, club nocturno, boite o establecimiento y/o local de alterne: a) A todo lugar abierto al público o de acceso al público en donde se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad; b) A todos los locales de cualquier tipo abiertos al público o de acceso al público en donde los concurrentes y/o clientes traten con hombres y/o mujeres contratados para estimular el consumo o el gasto en su compañía, y/o c) A todo lugar en donde bajo cualquier forma, modalidad o denominación se facilite, realice, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas y/o prostituidas y/o que se prostituyen, su consentimiento para ello”. Cabe apuntar que el régimen de sanciones para quienes contravengan lo determinado por la ley, establece que “Sin perjuicio de las penalidades previstas en otros ordenamientos normativos sobre la materia y la clausura total y definitiva del establecimiento, serán sancionados con arresto de hasta sesenta (60) días, no redimible por multa, quienes violen la prohibición dispuesta en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, de instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de alterne”. Es de destacar que aún se desconoce cuales serán las autoridades de aplicación de la Ley, aunque se estiman varias, entre las que se encontraría, las municipales que adhieran a la norma, para la cual son invitadas en su texto, la Justicia, la Policía y se menciona la colaboración de las Comunidades Regionales. Debe consignarse que la ley es taxativa en definir que “La presente Ley es de orden público y ninguna persona podrá alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos” y que “Todo conflicto normativo relativo a la aplicación de la presente Ley se interpretará y resolverá en beneficio de la misma”. En lo relativo a la consideración que se tendrá para determinar quien sería una víctima de Trata de Persona, señala que “En todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la presente Ley, se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria. Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debiéndoseles brindar protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes” y que “La Autoridad de Aplicación proveerá protección y contención suficiente a las personas -y a su entorno familiar- víctimas de la trata”. En otro orden, impone la creación de la “Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual” y que deberá “Incorpórase como contenido curricular en las escuelas provinciales el estudio de todos los aspectos que hacen a la trata de personas y los medios de prevención para no ser víctimas de ese flagelo”. La discusión de los alcances A nivel del Departamento Punilla, la primera discusión, en cuanto a los alcances de Ley los planteó el Intendente de Villa Carlos Paz Esteban Avilés, quien para Ecos de Punilla, resumió su postura, sosteniendo que “El tema es un poco complicado. Estoy a favor de romper definitivamente con la Trata de Personas, porque la sufrimos en la ciudad. Pero, con la visión de la ciudad, invierto el cuestionamiento y digo si nosotros clausuramos las cinco wiskerias de la ciudad qué va a pasar con las meretrices. Si las tengo en la vía pública, como pareciera la Ley las lleva, voy a tener un conflicto con los vecinos, no creo que ellos quieran tenerlas las 24 horas del día en sus esquinas. Estamos hablando de más de 70 meretrices dando vueltas por la ciudad. Me parece que es una situación especial, que tiene que haber una coordinación entre la provincia, los municipios, la policía y la Justicia. Para meternos en el cumplimiento de las leyes, debemos saber que hay ciudades con idiosincrasias diferentes, nosotros somos una ciudad turística, que como hoy hablábamos con los amigos intendentes de Capilla del Monte y La Falda que tienen leyes que no permiten este tipo de establecimientos, yo me encuentro con una intendencia que tiene establecimientos existentes de este tipo y que tenemos un control de salubridad, que cumplimenten con la Libreta de Salud. El tema también, si vamos a combatir la Trata hay que ver si estos lugares están identificados con eso, porque la Justicia actuó en los últimos diez años en forma permanente y hemos tenido problemas con estos lugares por ejercicio de menores. Pero, me parece que esto no se soluciona con una clausura, sino hay inversión de la provincia, con una policía que hoy no alcanza ni para investigar el impacto de la delincuencia que estamos teniendo en la ciudad, cómo va a hacer para ejercer el contralor de esta Ley, eso es lo que nos preocupa”. Por su parte, el intendente de Huerta Grande Hugo Capdevila, que tiene habilitado el Cabaret Emir en su ejido, ante la consulta de su posición, manifestó que “Creo que la Ley se ha promulgado. Creo que los municipios deberían adherir a esa Ley. Estoy pensando qué vamos a hacer, porque acá nunca hemos tenido un problema, 30 años habilitado, impuestos al día, todo en orden. Muy bien, yo clausuro, el hombre interpone recurso de amparo contra la medida dictada por la Municipalidad y la acompaña por lucro cesante, ese juicio cuando termine quién lo banca. Es alguien a quien se le corta la fuente de trabajo, nunca ha tenido problemas, así que voy a pedir un dictamen de asesoría letrada, a ver qué nos dice nuestro abogado. Yo no tengo intenciones de clausurarle, para mi es un buen comerciante, tiene todo controlado, todo en orden, que en otras partes haga falta, no sé. Me parece que con la inspección municipal y la policía controlando, sin avisarles, alcanza”. Cuando se le expuso que todo indicaría que no tan solo el municipio tendría poder de clausura de los establecimientos, apuntó que “Si la policía u otro organismo va a tener poder de clausura, que lo haga, pero que el recurso de amparo quede bajo responsabilidad de la provincia. Estoy seguro que les van a meter un recurso judicial, ya hay problemas por esto en muchas partes, Carlos Paz y otros. Habrá negocios de este tipo que tendrán problemas, que se controle más. Para mi este problema se soluciona con control municipal y policial, ni hay otra. Si sospechara que hay algo raro en el comercio de Slek, mandaría una inspección, hasta incluso iría personalmente, con la policía, de sorpresa, evitando todo tipo de fugas de la información, yo decido la hora y haya vamos todos y verificamos”. En tanto, el intendente de Valle Hermoso Jorge Caserio que cuenta con la Wiskeria L’ amour habilitada en su localidad, ante la consulta telefónica, aseveró que “ya he enviado el proyecto de adhesión al Concejo Deliberante, ha sido tratado y aprobado por unanimidad, por lo tanto responderemos a todo lo que determine la ley”. La voz de los comerciantes Sin dudas, que quienes son afectados directamente por la ley son los propietarios de los comercios que tienen dispuesto el cierre por lo determinado por la ley. En consecuencia, entrevistamos a Norberto Rossi propietario de la Wiskeria L’ amour, el que mantuvo que “En principio, la Ley nos afecta muchísimo a los propietarios de este tipo de negocio, y quiero aclarar que no son prostíbulos, ni nosotros somos proxenetas. Las chicas en mi negocio son libres de hacer lo que ellas quieran, nadie las obliga a nada. Tampoco nos quedamos, como sostienen algunos, con el 50% de lo que ellas ganan, en eso hay un grave error informativo. Nos parece que el Sr. Gobernador está muy confundido con esto, la prostitución nada tiene que ver con la Trata de Personas, eso es algo distinto. Nadie niega que pueden existir lugares donde se esclavicen personas con fines de comercialización sexual, pero no todos somos iguales, no metamos a todos en la misma bolsa”. Proponiendo que “Creo que en lugar de cerrar nuestros lugares, lo que pueden hacer es controlarlos más, de hecho la municipalidad y la policía, en mi caso, me controlan a rajatabla. Mi comercio es visitado en forma asidua. Las chicas que habitan en el lugar salen libremente a hacer sus trámites y compras en la localidad o en las vecinas, nadie las controla, nada se les prohíbe, son libres, En lo que hace al cumplimiento de las leyes, la policía controla la documentación y el municipio la Libreta de Sanidad, lo que a futuro no sucederá por como se plantea esto. En este momento hay control de análisis de HIV y exudado vaginal cada treinta días, eso lo tengo totalmente controlado, de otra manera sería un desastre total. Por otra parte, la prostitución es el oficio más antiguo, y esto necesariamente va a repercutir en la calle, es algo que no se detiene con leyes. No sé como van a hacerlo, pero hay que contener económicamente a estas trabajadoras sexuales, estamos hablando, según los números que se tiran, de entre 18.000 y 30.000 trabajadoras, las que hay que multiplicar por familias que se quedan sin ingresos, sin la comida diaria y lo demás. A esto hay que agregar al comerciante, al personal de los comercios, y todo lo que es indirecto, hablemos de remiseros, hoteleros y demás. El perjuicio social y económico no es poco. El gobierno habla de contener a las chicas víctimas de Trata, pero nada dice de las trabajadoras sexuales, quién las contiene a ellas y sus familias. Se dice que somos proxenetas y que las protegen de nosotros, pero nosotros les damos seguridad, acá están seguras, nadie permite que se las viole, les pegue o les robe el dinero que hacen. Cuando salgan a la calle, ahí si que van a caer en mano de los “fiolos”, los violentos, los que se aprovechan de la ley, y las seguridades dejan de existir”. Finalizó, reiterando que “llevo 24 años trabajando en el ambiente, 15 de tener negocio propio, desde mi experiencia lo que se requiere es mayor control, de todas maneras hoy la policía llega y hay que presentar la lista de las chicas que están trabajando, los documentos y los análisis. Incluso, mi negocio ha sido visitado por la Fiscal Alejandra Hillman y la División de Protección de las Personas, me han controlado, han estado prácticamente toda una noche, y no han encontrado irregularidades. Insisto, la solución es mayor control, pueden venir todas las noches, es un comercio más, a cualquier hora, nosotros no estamos involucrados con la Trata”. A su turno, José “Rulo” Slek propietario de la Wiskeria Emir, enfatizó que “Mi negocio está habilitado como Wiskería, Confitería y Boite. La ley me parece absurda, porque hay mucha gente que quedará en la calle, sin trabajo, y la estamos expulsando, obligándola a ejercer su comercio en las peores condiciones. Llevo 35 años en esto, debo ser el bolichero con mayor antigüedad, y acá no se ha ejercido nunca la Trata de Personas, que es lo que se trata de perseguir. Está comprobado, nadie puede decir que tenga trabajando una persona en forma incorrecta en mi negocio. Nadie está obligada a trabajar, no albergó a ninguna mujer y a mi comercio ni siquiera entran los menores de edad. Todas las trabajadoras están documentadas y tienen realizados los análisis que las normas exigen. El tema es que estas personas que están hoy resguardadas, mañana, por la necesidad del dinero para vivir, que no puedan desarrollar otra actividad, no todas están en condiciones de hacerlo, salgan a la calle y se enfrenten con la inseguridad absoluta, de que cualquier chanta las explote, las persiga, las golpee, y que cuando le dejen de ser útiles o les moleste atenten contra su vida y la tiren en un basural, porque esa es la realidad de las cosas. Reitero, es un absurdo, no beneficia a nadie, si ellos hacen los controles correspondientes y se cumple con lo que se exige, no veo porque hay que cerrar los negocios. Acá no hay Trata de Personas, se puede preguntar a quien quiera, el Intendente me conoce desde hace 30 años. Soy un jodido en esto, si la mujer no cumple con lo necesario no trabaja, tampoco acepto a las que vienen con “marido” que le dicen, trabajan, cobran todas las noches, se van libremente y hacen su vida”. Concluyó, exponiendo que “Yo voy a tratar de seguir manteniendo mi actividad. Si veo que se me lo va a impedir, buscaré los recursos necesarios para ampararme. Del día a la noche, me parece que no se puede truncar mi actividad, ni la de la gente que trabaja conmigo. En definitiva, empecemos por la base, la prostitución está legalizada por la constitución, quieren provocar cambios, hagan una norma para garantizar que sigan trabajando, aún con mayor resguardo y no las lancen al desamparo”.ç -------------------------------------------------------------------- ¿Solo con la Ley, alcanza? La instrumentación de la Ley 10060, también denominada como Ley de trata de Personas, ha consumido largos debates previos a su aprobación por la Legislatura cordobesa. Una vez promulgada, las voces que se elevan en oposición nos lleva necesariamente a preguntarnos por si alcanza. No parecen desatinados los planteos expuestos por los intendentes, ni tampoco, los que desde la experiencia vuelcan los propietarios de los lugares oficializados. Es decir, hay una serie de riesgos sociales y personales que han quedado sin observación, aparente, de la norma. Con el texto en mano, se puede decir que la prostitución va a pasar a ejercerse en la calle, donde será más difícil su control en todos sus aspectos, a lo que hay que agregar la convulsión que se generará en los vecindarios donde se radicarán las denominadas “zonas rojas”. No es menos cierto, que hay un empleo directo e indirecto que se pierde y que esas familias van a quedarse sin esos ingresos, y para estos la norma no tiene paraguas de contención. A esto, hay que sumar que la prostitución es un comercio que está integrado a la cultura del hombre, que se ha ejercido por siglos, y que en los últimos tiempos hasta fue considerada, estadísticas mediante, como necesaria para reducir el impacto e incremento de los delitos sexuales. De manera, que no es irracional, pensar, como lo hacen muchos por estas horas, que ya habrá un buen número de comerciantes que estarán ajustando las nuevas vías por la que se ejercerá, siempre desde la clandestinidad, que suma mayores riesgos para todos los involucrados, ya sea a través de books de hoteles, agencias de turismo y de personal o de confiterías y bares, cuando no de conejeras con dobles y triples salidas y al amparo de los que se aprovechan de la ley. Hay instintos y necesidades que son propias de los hombres que no se contienen con leyes. No faltan, quienes observan detrás de la ley, el manejo político para que haya círculos privilegiados que se harán del negocio. Esto, en el terreno de lo hipotético y solo referido a la prostitución voluntaria. Yendo al terreno de la Trata, puede cuestionarse en cuánto puede favorecer el cierre de los comercios oficializados y controlados a la reducción de los secuestros y supuestamente venta de víctimas retenidas con fines de comercialización sexual y en cuánto se ampliarán las estructuras que persiguen este delito para que realmente se vea reducido y finalmente erradicado. Parece que por ahí pasa realmente la cuestión, sino hay mayor inversión estratégica, técnica, profesional, de inteligencia, y de cantidad de efectivos dispuestos a la persecución de este aberrante delito, la ley solo será letra muerta. Todo indica que habrá que rever algunas cuestiones antes de poner en vigencia la norma, y que no sea que por el solo compromiso político u otro interés, la sociedad tenga que afrontar una nueva carga no deseada. N.H.