El plenario del Consejo de la Ciudad decidió no emitir opinión sobre la consulta efectuada por el Poder Ejecutivo sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de gobierno anterior

El organismo, reunido en plenario, por unanimidad, decidió abstenerse de opinar en la cuestión, pues interpretó que no es el ámbito adecuado para resolver qué hacer en relación a los supuestos hechos, que podrían considerarse delito, que contactó el Poder Ejecutivo y elevó para su consideración y tratamiento. También evaluaron el no verse envueltos en cuestiones político partidarias o mostrarse con tendencia favorable hacia uno u otro gobierno. El Consejo de la Ciudad de La Falda, reunido en plenario, trató la consulta efectuada por el poder Ejecutivo en cuanto a los pasos a seguir con las presuntas irregularidades detectadas en la gestión anterior, documentación que es de conocimiento público y ha sido difundida por este medio. En la ocasión, por unanimidad, se decidió no emitir opinión al respecto por considerar que ese cuerpo no era el ámbito adecuado para resolver sobre la cuestión, y considerar que no tenían interés de verse involucrados en cuestiones de política partidaria o aparecer con tendencia a favorecer a alguno de los gobiernos involucrados. A manera ilustrativa de lo considerado en el plenario, publicamos algunas de las exposiciones concretadas en la oportunidad: “Toda respuesta que pudiéramos dar tenía tendencia para un lado para otro, hasta que surgió la idea de no dar respuesta escrita concretamente. El hecho sería el de dar una respuesta que sin decir que nos parece a lugar, sin decir que es improcedente o no lo es…darnos por informados sin elevar un informe en concreto…al principio parecía una locura, éramos once debatiendo, fue un debate rico y acalorado, porque costo llegar a ciertas conclusiones, porque aparte ya cada uno venía elaborando su propia idea, de qué proyecto, qué respuesta dar, a que nivel involucrarnos como institución, pero por sobre todas las cosas pensamos en dos, en preservar la institución que representamos cada uno…preservar el espacio del Consejo de la Ciudad, el hecho de no entrar en espacios que de acá en más, en eso creemos la mayoría, en temas en los que nosotros no tenemos que tomar partido del tema, de cosas así, y sacamos, no como conclusión definitiva, porque eso lo tenemos que resolver ahora en el Plenario, que lo adecuado no es hacer una respuesta escrita concreta, dejar que los tiempos ocurran, evidentemente en el medio de todos los debates que hemos ido teniendo ha habido novedades , han aparecido cosas nuevas, han desaparecido cosas que parecían muy graves, parece que no eran tanto, y concretamente, si nosotros mandamos un informe al Ejecutivo donde decimos tiene que ir esto a la Justicia, es como que nosotros qué tenemos que decirle al Ejecutivo qué tiene que hacer o dejar de hacer. Si nos mandan un informe que no ha pasado antes por la Justicia que nos vamos a expedir nosotros como jueces. Digamos, siempre queda un espacio donde es como que no es nuestro lugar. Es nuestro lugar como representante de las instituciones representarlas, escuchar, traer la opinión de las instituciones en todos los temas que tengan que ver con el desarrollo, con el interés de la ciudad, creemos que en un tema así, que es un tanto delicado, no nos haría bien tomar partido”. “Es el Ejecutivo el que debe decir qué pasos seguir, que no somos nosotros el ámbito a responder a este interrogante o a la presentación de esto, nos hizo bien a lo mejor leerlo, nos hizo bien interiorizarnos de esto, pero consideramos que el Consejo de la Ciudad no es el ámbito, pero si el Ejecutivo decidiera que tienen que realizar ciertas y determinadas investigaciones, queda en manos del Poder Ejecutivo”. “En principio nosotros escuchamos la palabra del Ejecutivo actual y también tuvo la oportunidad la gestión anterior, se han evaluado ambas consideraciones y consideramos que este no es el ámbito adecuado para resolver cuáles son las medidas que se deben adoptar”. “Creo que esto ya lo habíamos debatido, y habíamos llegado, no lo creo haber dicho yo solo, había alguien más que había hecho el planteo, y me parece que se había aceptado en su momento que más allá de tomar posición o no, con lo que estoy de acuerdo, pero que si como Consejo de la Ciudad decir algo, porque si no tenemos nada para decir y no podemos decir nada, es como que deja al Consejo de la Ciudad en el para qué esta el Consejo de Ciudad. Entonces, creía, sigo creyendo, que dar una respuesta, sin tomar partido, eso quedó saldado, pero si decir algo, qué decir, creo que eso lo que debíamos debatir. Qué decir…en función de que esto no se repita, apuntar al futuro, me parece que hay un montón de cosas que se pueden decir sin meternos a tomar partido por ninguna de las dos expresiones. A eso se había arribado en un momento, ahora veo que la posición cambio totalmente, yo voy a seguir creyendo en lo que inicialmente apunté”. “Creemos que no es el ámbito, y si necesitan una respuesta buscaremos los asesores necesarios…”. “El Intendente y todo el Ejecutivo se nutren por la Cartas Orgánica, esa Carta Orgánica establece claramente que si el Intendente electo entrante encuentra cualquier falencia que sea considerada irregular tiene la obligación de denunciarlo y a posterior informarlo al Consejo de la Ciudad. Así que está lejos de que nosotros podamos opinar si esto está bien o está mal. El Intendente encontró anormalidades, su obligación es denunciarlas en el ámbito donde corresponda, que es la Justicia. Mantengo está posición, y me parece, humildemente, que no es el Consejo el órgano indicado para que nosotros determinemos si está bien o mal…me parece que una opinión nuestra está de más…”. “No es el ámbito creo, porque no tenemos los medios como para hacerlo, no tenemos un equipo de abogados, de asesores, tenemos una cantidad de información que, como se dejo entrever, puede haber otra cantidad igual que desmienta a está. Me parece que no tenemos todos los elementos como para poder expedirnos…”. “Me parece que si entramos en el juego este de lo que hicieron estos y lo que hicieron los otros, porque esto no es verdad y esto es mentira, vamos a navegar en aguas políticas, lo que a nosotros no nos incumbe…”. “Estoy satisfecho, más allá de lo que se resolvió, porque estamos creciendo como equipo de trabajo, como institución, y eso es importante para la visión hacia fuera, a veces lo que parece que únicamente llama la atención es cuando en algún lugar hay piñas, hay diferencias, discutimos todo. Esto también es para tener en cuenta, el hecho de que podamos sumar intereses tan diversos en algo común y poder, aún en la discusión, la diferencia, llegar a un consenso general y poder decir nos entendimos en esto, sabiendo que tenemos nuestras ideas, tendencias y gustos, dejando de lado un poquito eso para hacer algo que hacia al común. Y eso que hacia al común es mantener al Consejo de la Ciudad independiente de cualquier fuerza, interés, partido político, y a la vez con la capacidad de saber que podemos tratar cualquier tema con la confianza de que quienes están al lado nuestro van a valorar más lo que tienen que ver con el bien común por sobre el interés personal egoísta, partidario o sectorial…”. La Gran Pilatos El juego de las representatividades en los niveles oficiales siempre es política, sea rentada o gratuita (ad honorem), porque hay que tomar decisiones en un marco normado determinado y porque hay que responder por ellas ante los representados. El Consejo de la Ciudad de La Falda por normativa incluida en la Carta Orgánica Municipal “Tiene funciones de información, consulta, sugerencias y asesoramiento de las autoridades municipales. Sus dictámenes no son vinculantes; y en materia de desarrollo económico y social su consulta es de carácter obligatorio”. De manera tal que las formas de expresión del órgano son variadas y tendientes a dar libertad absoluta en sus comunicaciones a las autoridades municipales, siempre bajo el concepto del bien común. Cuando se define ese concepto, se entiende que la representatividad excede el marco de la institución que se representa y por lo tanto accede a la representación de “todos” los vecinos de la ciudad. En ese marco, puede decirse que la decisión de no emitir opinión sobre las supuestas irregularidades que se habrían detectado en la gestión anterior de gobierno, que fuera elevada por el Poder Ejecutivo a consulta al Consejo de la Ciudad, para conocer su opinión sobre el qué hacer, aparece como pobre y carente de compromiso ciudadano en lo concerniente a la defensa de los intereses municipales. En virtud, que si existe una deuda, arto considerable para la administración municipal, no informada, cuanto a que aparentemente faltarían elementos que serían de su propiedad, nos encontramos, tal como lo señalara en nota reciente el ex Intendente Juan Carlos Ottobre, que desconocemos “si los dineros de los vecinos fueron empleados bien o mal”, o si estos fueron utilizados en beneficio personal de alguno de los funcionarios que integraron ese gobierno. Esta duda razonable, que seguramente fue motivo de debate en el Consejo de la Ciudad, es la que no aparecerá taxativamente expuesta en su respuesta al Ejecutivo. Es decir, no se trata de juzgar, no se trata de imponer sanción, se trata simplemente de, a la luz de los elementos expuestos, decidirse por sugerir. Que en este caso, no es más ni menos que sugerir se sigan los preceptos marcados por las legislaciones en vigencia y emitir, tal como lo planteaba alguno de los consejeros, una declaración de principios con el objetivo de que a futuro no nos encontremos con situaciones del mismo tenor. O sea, reconocer que de lo que se tiene conocimiento se desprende que aparentemente se ha producido un daño al erario público, que son los bienes de todos, y que este debe ser investigado. Por lo tanto, y en consonancia con la confianza que debemos tener para con las autoridades de gobierno, admitir los documentos elevados como ciertos, y tomar una decisión en consecuencia. Y si, como se mantuvo, hubiese otros que pretendiesen probar lo contrario, solicitarlos a fin de informarse y elevarlos tanto al denunciante como a instancia superior, si se lo considerase necesario, a fin de que las autoridades con decisión en la materia juzguen. Otro de los temas considerados fue la preocupación en no demostrar tendencias de tipo partidario o afines a alguno de los gobiernos involucrados, aquí queda claramente establecido que existe un error conceptual de fondo, porque una vez puestos en funciones los gobiernos dejan de tener bandería política, gobiernan para todos, y por ende dejan de ser radicales, peronistas, de izquierda, centro o derecha, ni son de Sestopal o Arduh, son el gobierno de La Falda y deben responder a sus ciudadanos sin discriminación alguna, de la misma manera recibirán la opinión favorable o crítica que les corresponda. Si entendemos entonces que el Consejo de la Ciudad tiene representatividad vecinal, no puede evadir la opinión, porque sino está yendo contra los intereses del conjunto, queda relegado el principio del fin común, de comunidad, que se tiene y en consecuencia sólo se aporta a la sensación de impunidad y a la desconfianza e incredulidad que existe sobre las autoridades de gobierno. Hay una duda, hay que esclarecerla. Este debe ser el principio básico. Si por consecuencia de la acción u omisión de quienes deben perseguir el esclarecimiento o juzgado de los hechos el fin no se consiguiera, en ese caso la responsabilidad recaerá sobre los funcionarios que no supieron o no quisieron esclarecerlas o juzgarlas, y no -por falta de compromiso, audacia o criterio, que pudieran hacerla suponer o inferir- sobre los vecinos que integran un órgano de representatividad comunitaria. En síntesis, como decía Arnaldo Carulli, el más ferviente de sus defensores y critico desde el control, en referencia a la labor del Consejo de la Ciudad, “o luchamos contra la corrupción y la impunidad con todas nuestras energías o estos enemigos nos destruyen como comunidad. No hay opciones”. Clarísimo, y si se actúa en contrario la única forma de roturarlo que cabe es la de que hicieron La Gran Pilatos. N.H. Hay una duda, hay que esclarecerla Lo cierto es que el tiempo transcurre, que ello favorece a futuras prescripciones, que las expectativas que se generaron en los vecinos no se han visto aún cubiertas, pero aún mantienen la esperanza de que por alguna vía estas supuestas irregularidades lleguen a la Justicia y que ésta investigue y sancione de ser merecido. En algunos círculos se espera que algún fiscal actúe de oficio, de lo que no hay precedentes en la región, por lo cual esa parece una vía muerta. Otros, como el ex intendente Juan Carlos Ottobre manifiestan que el Concejo Deliberante en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 49 de la Carta Orgánica Municipal en sus incisos 12 y 13 puede hacerlo. Otros opinan que el Intendente Eduardo Arduh va a elevar la cuestión a investigación judicial. Otros, lisa y llanamente, que cualquier vecino con la información que se ha hecho pública puede solicitar la investigación judicial. En definitiva, a pesar de que la cuestión entró en un extraño letargo, no son pocos los que admiten que debe llegar a la Justicia. Así debería ser, porque en caso contrario, la situación puede volverse un boomerang para la actual administración, ya que de no cumplirse con este paso, algún cauteloso y eficiente interesado, oportunamente, puede plantear la omisión y en tal caso la situación revertirá de denunciante a denunciado. Hay una duda, hay que esclarecerla, para recuperar la confianza y el respaldo ciudadano.