La concejal Ana María Nieto presentó su renuncia al cargo

La edil ordenó la confección de la Ordenanza de Convocatoria a Audiencia Pública para tratar una compensación de partidas que habilitaría el pago de salarios a subsidiados y becados, la que fue considerada viciada de nulidad. Ante ello, asumió la responsabilidad en el hecho y decidió dimitir pues entendió que el error cometido afectaba la armonía del cuerpo legislativo y consideró que era lo más aconsejable para el gobierno municipal.

Creo que nunca me ha sido tan difícil encarar la crónica y opinión sobre un hecho político como en esta ocasión. Porque más allá del apego que tengo al respeto de lo normado y el valor que entiendo representa la renuncia de Ana María Nieto, no es menos cierto que siento la sensación de encontrarme ante una situación que tiene una resolución injusta.

Pero, vayamos a los hechos, que son los que cuentan, el día 9 de noviembre, en sesión ordinaria el Concejo Deliberante de La Falda trata un proyecto de compensación de partidas, con el objetivo de contar con los fondos necesarios en la partida que hace frente a las obligaciones de pago a subsidiados y becados. En la oportunidad se encuentra presente el Secretario de Economía y Hacienda Javier Dieminger quien resume los alcances del proyecto, el que a continuación se trata de la siguiente manera:
Alberto Mainero: ¿Quién vota por la afirmativa?
Los cinco votos de la bancada radical lo hacen por la afirmativa y los tres concejales del bloque de Unión por Córdoba se abstienen, en primera lectura.
Ana Nieto: Solicito se fije la Audiencia Pública, para tratar este tema.
Susana Tuzio: ¿Pero van a ser dos Audiencias Públicas o vamos a tratar todo junto?
AN: No, dos. En una tratamos este tema y en la otra Presupuesto, Tarifaria e impositiva.
AM: La Audiencia Pública va a ser el día martes 15 de noviembre, a las 20Hs., en el recinto del Honorable Concejo Deliberante.
ST: Acuérdense que hay que darle amplia difusión.
AM: La Secretaria se va a encargar de comunicarse con el Secretario de Prensa, para trasmitirle todo.

Ese es todo el tratamiento que se la da al tema, y es obvio que “todo el cuerpo” omite la votación de la Ordenanza de Convocatoria a la Audiencia Pública. Es aquí donde se produce el inicio del problema que concluirá con la renuncia de la concejal Nieto, porque la misma informada por la secretaria, en la jornada siguiente, de que hay que elevar la convocatoria al Poder Ejecutivo decide que se confeccione y se le de curso. La Ordenanza cursada es promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que podría haberse obviado porque el instrumento tiene carácter administrativo informativo y de orden para que habilite los pasos públicos de convocatoria, los que se cumplen de acuerdo a lo reglamentado. Pero, la Ordenanza no había sido aprobada, y de acuerdo con lo señalado por la concejal Susana Tuzio, recién se dio cuenta de la omisión momentos antes del inicio de la Audiencia Pública, convocando a la concejal Susana Ghilardi para comunicarle del error, recibiendo como respuesta que la Ordenanza se encontraba en vigencia, a lo que Tuzio responde que no se había votado y que por tanto carecía de legalidad y era un documento viciado de nulidad por no responder a lo normado. Ante ello, Tuzio ofrece buscar una forma del salvar la situación, ya que interpreta que se ha actuado de buena fe. Ante la situación se generan una serie de cabildeos y se arriba a la conclusión de confeccionar una resolución por la cual se deja sin efecto lo actuado, se procede a aprobar el proyecto de Ordenanza de Convocatoria a Audiencia Pública y se fija como fecha de la misma el 23 de noviembre, a la hora 20, en el Salón Leopoldo Marechal. Como sucedió, previo al tratamiento de la Ordenanza la concejal Nieto asumió el error y pidió públicamente las disculpas del caso.
Claro está, que durante ese proceso se han vivido momentos tensos que indudablemente han afectado a la concejal en lo político y personal lo que la llevó a elevar su dimisión en forma indeclinable.
Con posterioridad a que la información de la decisión transcendiera, a lo que dimos conocimiento público junto a Mario Thibault, en el Programa Hablemos Claro, se supo que sectores del radicalismo se entrevistaron con Nieto a objeto de hacerle rever su decisión, pero todo indica que no tuvieron éxito.

El texto de la renuncia, dirigido al Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de La Falda Alberto Mainero, de fecha 21 de noviembre de 2011,
al que he accedido, señala que “Por la presente, me dirijo a Ud. a los efectos de hacer expresa mi renuncia de manera indeclinable a la banca de Concejal.

Lo que a continuación narro motiva la decisión. Cometí un error involuntario o un desliz sin segundas intenciones, quizás como si ya estuviese implícito el acto legislativo para que se convocara a la Audiencia Pública para informar la Ordenanza aprobada el día 09 de noviembre en primera lectura (referida a una Compensación de Partidas).
En esa Sesión el Sr. Secretario de Economía explicó muy bien la urgencia, la temática y el contenido de la misma.
Había buena predisposición en todo el Cuerpo Legislativo para dicha convocatoria: día 15 de noviembre a las 20 horas en el Recinto del Concejo Deliberante.

Con el correr de las horas y habiendo observado posturas y sucesos, advierto claramente que mi error afectó a una equilibrada armonía en todo el Cuerpo Deliberativo.

Agrego que recibí sugerencias y adhesiones fuera del ámbito del Concejo Deliberante, a través de mensajes y llamadas telefónicas, no las respondí por prudencia pero las agradezco sinceramente.
Mi conciencia y mis principios, tal vez forjados desde muy chica en el seno de mi familia, en otros tiempos y espacios, me obligan –y estoy persuadida- que lo más aconsejable para el Gobierno Municipal actual es ésta decisión: la dimisión indeclinable al cargo para el cual que fui electa. Estoy segura que esto contribuirá.

Permítame que en este documento, agradezca a la sociedad de La Falda y a mi partido por haber confiado tantas veces en mi persona”.


¿Quién asume?

Las últimas horas, tras darse a conocer lo firme de la renuncia de la concejal Ana María Nieto, estuvieron dedicadas a tratar de establecer quién cubriría la vacante. En ese sentido, se dudaba sobre la aplicación de la Ley Provincial de Cupos o la Carta Orgánica Municipal. En estas hipótesis se sostenía que la adhesión a la Ley de Cupo era una Ordenanza, en tanto la Carta Orgánica Municipal es la mayor legislación, sosteniendo el principio de autonomía municipal, y que la primera contradecía, en el caso de vacancia, la legislación mayor dictada por la ciudad. De aplicarse la Ley de Cupo se estimaba que la vacante sería cubierta por Sonia Gisella Gómez, actual Secretaria del Concejo Deliberante, en caso de hacerlo por la Carta Orgánica correspondería la vacante a Darío Almada, actual Director de Obras Públicas.
Sobre el particular, cabe recordar el Artículo 158 de la Carta Orgánica Municipal, Capítulo III, Candidatos, Cobertura de Vacantes que manifiesta que “Los candidatos titulares propuestos que no resultan electos, son considerados suplentes para el caso de vacancia. Producida una vacante, se cubre en forma inmediata por el candidato titular que sigue, de acuerdo al orden que establece la lista del partido político al que corresponde la vacancia. Agotada la lista de titulares no electos, se continúa por el orden de los suplentes que integran la lista respectiva. En ambos casos el reemplazante completa el período del titular al que reemplace”.
No obstante, cualquiera de los dos mencionados pueden ocupar la banca, porque, por ejemplo, uno puede renunciar en favor del otro, lo que deja la cuestión en el ámbito de la decisión político partidaria.


Sin inocentes

Decía al iniciar la crónica que era una tarea difícil, más aún es encarar la opinión, asumir el pensamiento que necesariamente debe sostener que si bien hay una responsable única de haber ordenado la confección de un documento viciado de nulidad, no es menos cierto que todos, absolutamente todos, los integrantes del Poder Legislativo faldense, tiene responsabilidad en la causa desencadenante del hecho. Porque no puede entenderse que concejales harto fogueados en las lides de la función pública como Francisco Mendieta o Silvia Luján, con una amplia trayectoria de tres, cuatro, o más períodos, o que Susana Tuzio que viene con una gimnasia legislativa de preponderancia, prácticamente conduciendo su bloque en la gestión de gobierno anterior, con el pleno conocimiento de lo normado, por haber sido su bloque el que elevó e impuso la reglamentación de la participación ciudadana en Audiencia Pública -un nefasto reglamento que solo buscaba acotar las posibilidades de participación de los vecinos, obligándolos a inscribirse, a tener una exposición no mayor a los 10 minutos y no estar habilitados a repreguntar, que bien vale decir hay que derogar- omitieran el votar la Ordenanza de Convocatoria a la Audiencia Pública y que recién se dieran cuenta de ello momentos antes de llevarla a cabo. Suena difícil de admitir, más aún si se considera lo perentorio del escaso lapso de seis días entre la convocatoria y la audiencia. También les cabe responsabilidad, tal vez con algún atenuante, a quienes recientemente se han integrado a la labor legislativa, porque ninguno puede alegar desconocimiento. Es obvio, que esto también alcanzaba a la concejal Ana María Nieto.
No puedo conocer fehacientemente los puntos oscuros que guardan las razones que conducen a tomar una decisión, más aún si esta es política e involucra a terceros, de lo que estoy seguro es que detrás de cada acto hay causas que lo fundamentan, pueden las mismas estar directamente relacionadas con intereses espurios, en el peor de los casos, con cuestiones partidarias o intrapartidarios, sectoriales o de competencia, eficiencia, egoísmo, autosuficiencia, autoritarismo, ya en el terreno de lo personal, y tantos más que se hace imposible de enunciar. Pero en el caso que nos ocupa no puedo encontrar una razón, porque el resultado de este acto fallido es que solo perjudica a su autor, porque la decisión no afecta al erario público, ni tampoco a la administración de gobierno, se trataba de una simple recomposición de partidas con el fin de pagar a la escala más baja de asalariados, los subsidiados y becados. No existían razones para ocultar nada, sólo se me ocurre que se haya tratado, como lo manifiesta Nieto en su renuncia, de que interpretó que la votación del proyecto dejaba implícita la votación de la Ordenanza de Convocatoria a la Audiencia Pública. Prácticamente, no se puede colegir otra causa, porque de haberla, al menos se hubiese pergeñado algún tipo de defensa, algún artilugio, una rebuscada interpretación, lo que no existió, ni de parte de la afectada, ni de parte de quienes la entornaban. Es más, puede decirse que el entorno de Nieto fue extremadamente susceptible, porque entrevió que aquella ponderada promesa de campaña de “revalorizar la labor legislativa” quedaba puesta en duda ante la segura critica de los sectores de oposición.
Lo que debe haber sido advertido por Nieto y la llevó a la dimisión.
En el terreno del renunciamiento, los hombres y mujeres del radicalismo, tienen amplia experiencia, son parte del único partido que es capaz de desprenderse de sus mejores dirigentes e intereses en pos de sustentar un gobierno, un principio o una promesa, hay más de un ejemplo de ello. Nieto, en este caso, ha hecho honor a esos principios.
Lo lamentable de esto, es que el Concejo Deliberante pierde una dirigente consustanciada con los intereses ciudadanos, la que, en su momento, no escatimó en invertir dinero, tiempo y salud llevando ante los estrados judiciales causas que merecían la investigación y resolución de ese ámbito.
En lo que hace al rol desempeñado por la oposición, en este caso, más allá de las responsabilidades que le caben, como antes se ha señalado, y de las dudas que puedan quedar en cuanto a un posible accionar estratégico, debe admitirse que actuaron respondiendo a las atribuciones que le competen.
De todas maneras y porque en esto no hay inocentes, es necesario que todo el Poder Legislativo asuma esta triste circunstancia como un fuerte llamado de atención y se predisponga a desempeñar su cometido con los deberes y obligaciones que, a su propuesta, los vecinos les han delegado y la función les impone.

N.H.