Presentaron denuncia penal en contra de Francisco Mendieta

Los concejales del frente de todos y con Todos elevaron denuncia a la Fiscal María Alejandra Hillmann para que investigue lo que consideran violación a los deberes de funcionario público cometida por el ViceIntendente Francisco Mendieta al no haber dado lugar a Sesión Extraordinaria para debatir temas relacionados con el incremento de las tasas municipales y violación de las ordenanzas vigentes por parte de la empresa Lumasa. Opinan que la fiscalía no se ocupa en investigar las denuncias efectuadas.

El bloque de concejales del Frente de Todos y con Todos (UCR y PN) de La Falda, integrado por Ana María Nieto, Luís Antonio Kessler y Claudio Javier Stevenot, decidió elevar denuncia penal a la Fiscalía de los tribunales coscoinos a cargo de María Alejandra Hillmann, para que investigue la supuesta violación de los deberes de funcionario público en que habría incurrido el ViceIntendente y Presidente del Concejo Deliberante Francisco Mendieta, al no haber convocado a sesión extraordinaria solicitada para tratar temas de indudable interés que afectaban los derechos de los vecinos.

Los hechos que justifican la actitud de los ediles opositores, se destacan en la denuncia bajo la siguiente descripción: “Encontrándose el Concejo Deliberante en el receso anual previsto para el período comprendido entre el 30 de noviembre y el 1º de febrero, el Poder Ejecutivo Municipal emite y distribuye los cedulones por tasas de servicios a la propiedad para el año 2009.
El exorbitante aumento de dichas tasas despierta un enérgico reclamo de los vecinos, que se autoconvocan, deliberan y se han movilizado frente al edificio municipal para expresar su protesta.
Por nuestra parte, al considerar que las liquidaciones de muchos de esos cedulones no se ajusta a la tarifaria aplicable, el día 5 de enero del corriente le solicitamos al Sr. Presidente del Concejo Deliberante, el denunciado Eduardo F. Mendieta, convocara en forma urgente a sesión extraordinaria para tratar esta situación de verdadera crisis que se ha planteado en la ciudad, solicitud que formulamos conforme a los expresos términos del art. 52 de la Carta Orgánica que nos faculta al efecto y obliga al funcionario requerido a fijar en el tiempo de receso la sesión solicitada.
Además, como la empresa del transporte de pasajeros interurbano “Lumasa” cobra a los usuarios un boleto que no se ajusta a la tarifa autorizada, incluimos también esa cuestión en el temario.
Pese a la urgencia del caso, recién al llevarse a cabo una sesión extraordinaria convocada por el Intendente para otros asuntos, Mendieta nos comunica que fija la sesión solicitada para el día 14 de enero a las 21 hs. (contamos con la grabación para acreditar fecha y hora indicada).
Al concurrir a la misma nos encontramos con que el recinto se encontraba cerrado y no se hicieron presente los concejales del oficialismo, ni tampoco el presidente del Cuerpo.
Insistimos, y nos responde Mendieta en la nota que acompañamos, que la sesión ya se había llevado a cabo a las 20 horas del día 14 y no a las 21, habiendo concurrido solamente los concejales del oficialismo Ivan Aliverti y Fabiana Piva según el acta que adjunta.
Por presidencia del bloque se le afirma que debe fijar nueva fecha para la sesión, porque más allá de tener las pruebas de que la hora fijada era las veintiuna, le recordamos que conforme a los arts. 54 de la Carta Orgánica Municipal y 20 del Reglamento Interno, la sesión a que refiere no pudo llevarse a cabo, dado que con dos concejales no es posible sesionar al no contar con el quórum requerido en la citada normativa
Cerrado en su negativa a cumplir el mandato legal, el funcionario que denunciamos no convocó a la sesión solicitada, pese a que en oportunidad de una audiencia pública le reiteramos la solicitud en presencia de un nutrido grupo de vecinos”.

En función de lo antes apuntado sostienen a continuación que “Entendemos que la configuración del delito no admite duda porque conforme a la documental acompañada el denunciado ha incumplido su deber de ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, razón por la cual su conducta queda atrapada en la antes referida norma penal cuando ya ha concluido el tiempo de receso en el que debió convocar”.

Mora Judicial

Finalmente los ediles hacen notar a la Fiscal María Alejandra Hillmann que han notado inacción ante denuncias anteriores lo que produciría mora en el servicio de justicia perseguido, aseverando que “Pese a la claridad de esta configuración con sustento legal y probatorio contundente, lamentablemente formulamos esta denuncia con escasas expectativas de que el servicio judicial del Estado provincial cumpla su cometido de sancionar al responsable, dado que según es costumbre de esa Fiscalía, al menos en estos casos no se practica investigación alguna.
Sin perjuicio de innumerables denuncias formuladas con anterioridad que no han tenido efecto, los firmantes de la presente hemos denunciado en conjunto una cruel matanza de 20 perros en un predio municipal, aportando todo lo actuado por una Comisión Investigadora del Concejo Deliberante con gran número de testimonios. Nunca fuimos citados a declarar ni se citó a testigo alguno. La cruel masacre de canes de la Pampa de Olaen, quedó como un emblema de la impunidad para desazón de quienes se conmueven frente al injusto sufrimiento de los animales.
Con posterioridad, denunciamos al Secretario Municipal Ricardo Kember por violación de los deberes a su cargo. Tampoco tuvo efecto alguno y la impunidad sigue creciendo.
Podemos acreditar que tanto el Intendente Sestopal como el Viceintendente ahora denunciado, y otros funcionarios, exhortan públicamente a quienes los acusan por serias irregularidades en la gestión, de que los denuncien en la Fiscalía. Es claro. La denuncia es para ellos el mejor instrumento para preservar la impunidad, porque no les genera molestia alguna, en tanto que el denunciante queda desautorizado.
No queremos faltarle el respeto Sra. Fiscal y sabemos de la gran cantidad de denuncias que se formulan. Pero si la inmensa mayoría de ellas no son atendidas entendemos que por alguna razón el servicio asignado a su cargo no se cumple. La población de esta jurisdicción debe saber si la Fiscalía se ve desbordada o ha colapsado y esa es la causa de que aquellas denuncias mueran en un cajón, porque ese hecho reviste gravedad institucional y las autoridades deben tomar cartas en el asunto para garantizar la seguridad y el respeto a la ley como garantía de nuestros derechos”.