De la violencia familiar a la institucional

"Un estudio realizado por la O.M.S señala que el sostén de la violencia es el desconocimiento de las víctimas como portadoras de derechos humanos pero cuando decidimos ejercer ese derecho, nos encontramos con la violencia institucional política", señalan las autoras de este artículo que habla de la desidia de un sistema que sanciona leyes y tratados pero que no proporciona los recursos necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos.
Pertenecemos a un país federal en donde las provincias creen que los tratados y acuerdos internacionales deben sólo ser cumplidos por el Estado Nacional.

En 1994, Argentina firmó la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará). Luego el Congreso la incorpora a través de la Ley 24.632. Esto quiere decir que se generó una obligación para todos los niveles del Estado: Nacional, Provincial y Municipal.
En nuestra Provincia, luego de una larga lucha del “Movimiento Mujeres Córdoba”, que agrupaba diferentes ONG, surge la Ley 9.283 de Violencia Familiar, pero la misma, sólo pudo hacer visible la diferencia de tratamiento de la problemática en el ámbito provincial.

No existe en Córdoba una política pública integral para garantizar el acceso a la justicia y la respectiva contención a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren la violencia; al observar las medidas sociales o programas para prevenir y tratar la violencia, las diferencia entre Córdoba capital y el interior son más que evidentes.
No es secreto para nadie que las instituciones judiciales están saturadas. A esto se suma la desventaja económica que frecuentemente enfrentan las víctimas de violencia y abuso, quienes después de una separación, si se pretende “cuota alimentaria, tenencia, etc” deben esperar la lenta intervención de algún defensor oficial. En el Departamento Punilla, nuestra asesoría letrada tiene una espera de un año a un año y medio.

Además de sufrir dolorosas preguntas, las víctimas de maltrato suelen retirarse de las instituciones judiciales más maltratadas, humilladas y solas que cuando ingresaron, por más ley de violencia que exista en la provincia, ya que la ayuda e intervención en salud mental en nuestro departamento no existen. La violencia familiar debiera estar ya desterrada en una sociedad civilizada, pero no sólo sigue actuando entre nosotros sino que es la base de tanta violencia social.

Desde la ciudadanía tratamos de buscar salidas alternativas a la falta de equipos interdisciplinarios pero son insuficientes, el Estado es quien debe dar la solución, por su estructura, por sus recursos y porque así lo dicen las leyes y tratados internacionales.

Un estudio realizado por la O.M.S señala que el sostén de la violencia es el desconocimiento de las víctimas como portadoras de derechos humanos pero cuando decidimos ejercer ese derecho, nos encontramos con la violencia institucional política.
El Estado sanciona leyes pero parece no tener una política de Estado integral para aplicar en forma efectiva estas leyes. A su vez, responsabilizamos a los tres poderes del Estado: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, por hacernos víctimas de violaciones a los derechos humanos básicos, infringiendo a su vez nuestra Constitución que consagra la igualdad al acceso a la justicia y a la salud para todos quienes habitamos este suelo.
Tal vez sea necesario decir las cosas por su nombre para desmitificar funciones. Deberíamos dejar de hablar de "la Justicia", como si se le atribuyeran cualidades de sujeto, con todo lo que eso implica. Son instituciones judiciales que deben dar cuenta de su accionar frente a la sociedad como cualquier otro poder.
Este es un reclamo que llevamos desde hace dos años un puñado de vecinos, a los diferentes ámbitos que tienen la decisión política para hacerlo, mandado notas a todas las instituciones que orbitan en esta problemática, hasta el mismísimo Gobernador, siendo la respuesta sólo deseos de solucionar pero nunca nada en concreto.

Estos aspectos están directamente relacionados con la cuestión presupuestaria. Es necesario la habilitación de sedes judiciales, proporcionar suficientes recursos materiales y humanos para una efectiva prestación judicial; tanto para asegurar la existencia de tribunales razonablemente cercanos al ciudadano, como para preservar la dignidad de las partes, de jueces y auxiliares que proporcione un trato justo y humano a quien acude en busca de justicia. Estos a su vez, deben estar acompañados por profesionales que realicen contención.

Esta inacción del gobierno nos preocupa. En momentos en que la sociedad está derribando la muralla de silencio, el Estado deja a su suerte a seres humanos con alta frustración de vida y de difícil recuperación en salud mental. Además, es discriminatorio, porque las víctimas de esta violencia política -en su mayoría- son mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza.
La universalidad de los derechos supone que todos los ciudadanos son beneficiarios de los mismos. En caso de que ciertas prácticas sociales impidan a algún grupo el ejercicio de sus derechos, debe la dirigencia política intervenir para que ello no suceda.

María Karina Lucero, María del Carmen Correa, Elida Noemí Fulla, Violeta del Valle Rodríguez y Gladis Antonia Colazo autoras de este artículo son integrantes del Centro de Protección Familiar H San Luís 337 - Bº Villa Estela - CP 5172- La Falda - TE: 03548 422577 - 154 17179 - 156 38685 - ceprofa.blog.arnet.com.ar