En franca rebeldía Lumasa determinó un boleto único a $1,80

No hay sociedad que pueda mantenerse en relación armoniosa si sus integrantes no respetan, en forma efectiva, las normas que han sido dictadas para establecer los límites de los derechos que asisten a sus componentes.
Esta afirmación, que en un estado de derecho efectivo sería una verdad de Perogrullo, queda en tela de juicio cuando, por las razones que fuesen, alguno de los integrantes de la comunidad se decide por imponer, en forma arbitraria, su opinión o interés aún a sabiendas que con ello está quebrantando las normas establecidas.

El título de este artículo trata de sintetizar la razón presumible para que la prestataria del servicio del transporte público de pasajeros que explota la línea urbana establecida entre Valle Hermoso y Villa Giardino haya decidido por si, contraviniendo los dictados legales, establecer un boleto único de valor $ 1, 80, cuando el Concejo Deliberante de La Falda le impuso por Ordenanza un boleto local de $1,40 y otro interurbano de $1,80.
Es decir que los vecinos que se transportan dentro del mismo ejido municipal pagan el boleto más económico ($1,40) y quienes superan los límites de ese municipio deben pagar una sección más a $1,80.
A excepción de que Lumasa haya entendido que la cosa pasaría desapercibida por la falta de control existente o porque alguien le hizo un “guiñó” cómplice, no se entiende esta decisión de rebelarse a la disposición legal existente y correr el riesgo de ser fuertemente sancionada por esta falta que adquiere tenor de gravísima.

Cabe recordar que la determinación del costo del boleto del transporte público ha sido uno de los temas que más repercusiones ha tenido, en los últimos tiempos, por estar directamente relacionada con la ruptura de criterio a la hora de emitir sus votos del bloque de la mayoría del Concejo Deliberante de La Falda. En la ocasión el Concejal Rudolf Lescano voto en contra del boleto único y el Concejal Pedro Agost se abstuvo, de manera que quedó firme, 4 a 3 con una abstención, el criterio que había elevado por Resolución el Concejo Deliberante de Villa Giardino y que apoyaban los ediles del Bloque del Frente de Todos y con Todos (U.C.R. – P.N.).
Con posterioridad la Empresa Lumasa elevo un Recurso de Reconsideración que le fue devuelto por improcedente, ya que tal recurso sólo puede ser presentado por integrantes del Concejo Deliberante y en la oportunidad ninguno (3 de la oposición y 5 del oficialismo) decidió hacer propio el reclamo. Aquí puede establecerse una razón para la rebeldía, aunque cabe señalar que los ediles no mostraron, en ningún momento, duda de lo que se había decidido. Tampoco el Poder Ejecutivo vetó la Ordenanza dictada por el Concejo Deliberante y aún si no la hubiese promulgado a través de decreto el instrumento tiene vigencia por la imposición propia de los tiempos legislados.

Sin bien no se ha podido precisar con exactitud cuándo se comenzó a cobrar el boleto único de $1,80, podemos aseverar que en las últimas dos semanas en reiteradas oportunidades los usuarios del servicio trasladaron la anomalía, la que con posterioridad fue corroborada.
Autoridades de gobierno, consultadas horas previas al cierre de esta edición, manifestaron su desconocimiento de la situación (lo que evidencia la falta de control) y su predisposición inmediata a ocuparse del asunto ya que la cuestión afecta a miles de vecinos que a diario se movilizan en el transporte público por el centro del Valle de Punilla, al tiempo que manifestaban su sorpresa por la decisión adoptada por Lumasa, aunque la mayoría recordaba que, entre otras anomalías, la prestataria al momento de pedir el incremento del boleto era deudora morosa del canon dispuesto por los municipios, en una suma superior a los 80 mil pesos (por la que habría firmado un plan de pago), como así también que unilateralmente había decidido no prestar algunos servicios que se consideraban esenciales en Villa Giardino y Valle Hermoso, lo que generaba resistencias en los legislativos de esas localidades, de hecho desde la localidad del norte llegó las resolución que dio lugar a la determinación de implementar el doble costo del pasaje.

En el Poder Ejecutivo faldense, que detenta el poder de policía, también manifestaron desconocimiento de la situación, pero sostuvieron que en las discusiones previas al aprobado de la ordenanza que fijó los costos de los boletos se habían establecido algunos acuerdos que aparentemente no se habían respetado, como era el de la tarifa plana, ya que en el caso de la diferenciada Lumasa planteaba $1,80 para el boleto local y $2,40 para el interurbano, “la tarifa plana a $1,80 aparecía como la más favorable para la gente” comentaron.
Cuando se les planteó que lo cierto es que se fijó un sistema y un precio y que esa decisión legal estaba siendo violada, la respuesta fue que “habría que imponerle ( a Lumasa) la multa correspondiente”.
Claro que mientras los funcionarios se enteran, se ponen en acción, sancionan o no, hay una legislación que se está burlando y hay vecinos que están pagando lo que no corresponde. Quedando una duda, hasta febrero que entre en sesiones ordinarias el Concejo Deliberante faldense cuántos vecinos y turistas habrán sido afectados por la irregularidad y cómo se determinaría la sanción a aplicar cuando no hay control de los boletos que se expenden.
Sorprende que a 25 años de haberse recuperado la democracia aún puedan verse actitudes dictatoriales, lo raro es que ya, en el extremo, las tengan empresarios privados que explotan un servicio en monopolio ¿o será precisamente por eso?