El derecho a la seguridad y el narcotráfico

El mes pasado un legislador cordobés por el Partido Encuentro Vecinal, fue recibido por el gobernador para explicar su proyecto contra el narcotráfico que ya había presentado en la legislatura, al mismo le ha dado en llamar Blindaje contra el Narcotráfico, este contempla la represión del narcotráfico por parte del gobierno provincial, proponiendo en esta órbita la adhesión por parte de la provincia a la ley 26052 para que la justicia provincial tenga competencia en materia de represión del narcotráfico, en aquellos casos relacionados con la comercialización para el consumo. Un segundo aspecto de este blindaje tiene que ver con la prevención del uso indebido de drogas y el tratamiento del adicto, por último el tercer aspecto de este blindaje se relaciona con un plan socio económico de inclusión social para los sectores donde la comercialización de la droga puede tener mayor impacto. La semana pasada un ex Secretario de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia, publicó una nota en el diario de mayor tirada en la provincia, en la que manifiesta su preocupación por la inacción de la policía y la justicia en relación a la venta de drogas en Córdoba y manifiesta que las redes que operan el narcotráfico en la provincia son las mismas que están desarrollando la trata de personas y la prostitución, con total impunidad, en todas las rutas de Córdoba y en la madre de todos los delitos complejos, que es la ruta 38, que cruza el Valle de Punilla. Otra situación que se hizo pública y traen más preocupación a la población tiene que ver con el aumento exponencial del consumo de drogas en nuestro país, el Observatorio Nacional de Drogas dio a conocer este año que se duplicó el consumo de cocaína en los mayores de 34 años. Esto sumado a los índices alarmantes del consumo de alcohol, nos pinta un cuadro más inquietante, porque incrementan el grado de incertidumbre y constituyen fuentes de riesgos para las sociedades, las personas, los valores democráticos, las instituciones públicas, las economías nacionales, sus instituciones financieras, entre otras cosas. Ahora bien, qué puede esperar la ciudadanía en relación a las políticas públicas que elabore el Estado en tal sentido, cabe recordar que en virtud del proyecto presentado por el legislador aludido, se conformó una comisión integrada por representantes del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, el bloque del legisladores Encuentro Vecinal y el Presidente del bloque de Unión por Córdoba, para elaborar un proyecto para dar cuenta de esta problemática en Córdoba. Ahora bien, las políticas de gestión del delito se habrían derivado en dos estrategias, según sostiene el Sociólogo británico David Garlan, las adaptativas y las de negación o acting out (pasar al acto) cada una con un dialogo de acciones especificas. Estas estrategias son contradictorias entre ellas ya que la adaptativa se orienta a la normalización de delito, se reconoce como un hecho cotidiano frente al cual la justicia penal no puede hacerlo todo, por lo que hay que reducir oportunidades de delinquir, es decir se apela a la prevención, se requiere de la acción comunitaria para reducir su aparición y su impacto; surgen de esta política las asociaciones preventivas, policía comunitaria o de proximidad, la gestión de los vecinos en la seguridad, esta estrategia resulta ser menos punitiva. En tanto que la política de la negación o acting out , se basa en visiones retributivas, moralistas y se constituyen como la respuesta política favorita frente a los pánicos morales (populismo punitivo, inflación penal, tolerancia cero) y las exigencias de las víctimas, que reafirman la idea de que la respuesta al delito es el sistema penal, aunque invalida o denigra el conocimiento experto (científico) y antepone el “sentido común”. Hoy en occidente se podría decir que esta modalidad es la que fluye en política con mayor aceptación. En tanto, el trabajo de los administradores en seguridad que deben llevar adelante sus tareas organizacionales de una forma que, al menos, parezca ajustarse a las preocupaciones de los actores políticos, ya que estos suelen ver las iniciativas en políticas públicas en términos de su atracción política y en relación con otras posiciones políticas, actúa en el marco del horizonte temporal de la competencia electoral, a la luz de la publicidad obsesiva de los medios masivos de comunicación y se basa fundamentalmente en un saber político, más que en los resultados organizacionales de la investigación científica. Así resulta que las políticas públicas son frecuentemente reactivas, desencadenadas por eventos particulares y deliberadamente provocadores, como consecuencia, tienden a ser apasionadas e improvisadas, construidas en torno a casos impactantes. Por el contrario los administradores en seguridad que pueden y deben concentrarse en los intereses de una organización particular, actúan en un marco temporal más prolongado y operan a una distancia mayor de la prensa y el escrutinio público. Lo ideal sería que los administradores de la seguridad con honestidad intelectual pudieran concentrarse en el interés de la gente y no plegarse sumisamente al poder político, a fin que de garantizar la equidad en el derecho a la seguridad, porque de lo contrario ocurre lo que sostiene el sociólogo alemán Ulrich Beck “ El reparto e incremento de los riesgos sigue un proceso de desigualdad social”, es decir el más indefenso, el de menores recursos, recibe el mayor impacto en su vida como ocurre cuando la comercialización de las drogas se instala en su barrio. Un cambio en las reglas de la política en el horizonte más cercano no se observa, el poder se separo de la política dice el sociólogo Zygmunt Bauman, el problema del presente siglo tendrá que hacer frente como su reto principal el de reunir el poder y a la política nuevamente. Mientras tanto, existen teorías alentadoras como la de Beck, que sostiene que la invención de lo político implica la existencia de una política que no sólo genere reglas, sino que las modifique; que no sólo pertenezca a los políticos sino también a la sociedad; que no sólo sea del poder sino también de la creación: un arte de la política. Mientras soñamos con la reconciliación del poder y la política, propugnamos ante un riesgo que se expande, que los ciudadanos se apropien de la política con otra mirada, para proponer nuevos conceptos, nuevas estructuras políticas que nos sirvan de plataforma para definir con qué riesgos queremos vivir. Esperamos con gran expectativa que la decisión de la política criminal a nivel nacional, provincial y local, resulte acorde a lo que requiere una sociedad democrática y que esté en la dirección de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, especialmente el de la libertad.


Javier Benavidez