¿Por qué se clausuró la confitería de la Terminal de Omnibus?

Los rumores apuntan causas para la clausura que son inadmisibles si se considera la relación político partidaria que existía entre el concesionario y las autoridades municipales. Las razones administrativas expuestas, podemos aseverar, tampoco son admisibles. Por lo tanto cabe preguntarse cuál es el compromiso que las autoridades municipales adquirieron con el concesionario, para que éste, por intermedio de abogados, pretenda hacer valer esos derechos.

Todo traspaso gubernamental genera un periodo de crisis, en el que hay que afrontar reestructuraciones, reacomodamientos, reacondicionamientos en el diálogo y flexibilización de posiciones. Esto siempre y cuando se persiga superar esta instancia en forma racional, caso contrario, cuando quien tiene la responsabilidad de ordenar la salida mantiene posturas indeclinables y caprichosas, se enfrentara un verdadero caos, donde seguramente aparecerán las odiosas discusiones, los beneficiados y los perjudicados, y se expondrá con toda crudeza la hipocresía política que se ha ejercido por años.
La transición que está llevando adelante la gestión Sestopal se aproxima ineludiblemente al caos apuntado. Pareciera que no existen las condiciones de diálogo que permitan minimizar el impacto de una derrota electoral que no había sido contemplada por el jefe del Poder Ejecutivo y su posible sucesor. Es así, que las acciones que se desarrollaron tras los comicios, comienzan a trasuntar el quiebre que se ha producido en las relaciones internas y a manifestar algunas confrontaciones que, a toda luz, se muestran como irreconciliables.

La denuncia pública sobre supuestas irregularidades en el control y administración del Complejo 7 Cascadas no es más que la punta del iceberg. Un tema que por estas horas tiene su debate interno, donde se manifiestan posiciones contrarias a las expuestas por el playero Víctor Ledesma, pero que aún no ha generado una respuesta pública a esas acusaciones de supuestas coimas, reventa de entradas, en lo que sería un claro perjuicio para las arcas municipales, y es obvio, la aparente falta de control sobre la que debería ser una de las más importantes vías de ingreso para el municipio. Todo ello, enrarecido por la carga política que se presume existió al “despedir” al denunciante por haber votado “a la contra”.

A esta triste circunstancia sumó en los últimos días la preocupación de diversos sectores por la clausura municipal a la confitería de la Terminal de Omnibus. Una clausura que entró en la incomprensión de todos aquellos que le buscaron una razón a la decisión municipal. Porque a pocos escapa que quien detenta esa concesión es un hombre que ha estado inserto en la estructura político partidaria de este gobierno, es un militante reconocido del justicialismo. Tan es así, que tampoco se desconoce que ese local ha funcionado como Unidad Básica y centro de las reuniones políticas que hacían a las campañas proselitistas. Es más, fue el “bunker” del oficialismo en la última elección y desde ahí se emitieron las primeras declaraciones donde el Intendente Marcos Sestopal aceptó la derrota y se hizo responsable de la misma, aunque por otro lado decía que se equivocó en la elección del candidato, tratando de dejar la carga de la derrota en las espaldas de Daniel Buonamico, el candidato derrotado.

Es decir, que no se puede decir que aquí no existía una relación aceitada.

Por eso sorprendió que hace 12 días las fajas de clausura sellarán las puertas del comercio que presta un servicio público, tanto para los habitantes estables, cuanto para los visitantes. Sobre todo para los turistas, que si bien son pocos en vacaciones invernales, no tienen un servicio inmediato que les permita tomar un desayuno o refrigerio en cuanto arriban a la ciudad, cuando no de conseguir las necesarias primeras informaciones como para dirigir sus próximos pasos con cierta seguridad.

Tratar de establecer las causas de la clausura ha sido una tarea realmente ardua, porque no hay interés real de que la misma se conozca. Es entonces, que todo se ha reducido a los rumores que corren en los pasillos municipales, en los que se comentaba que había existido una fuerte discusión entre el concesionario y el Intendente tras lo cual se habría decidido la medida y las razones se deberían a una supuesta deuda del canon a abonar, de la existencia de un comercio de quiniela y lotería en el ámbito que no habría sido autorizada y de algún probable incumplimiento de directivas impuestas por bromatología. Razones que a cualquier vecino, con conocimiento de las relaciones apuntadas, le sonaban más a excusas que a verdadero fundamento y que aportaban mayor oscuridad a la decisión de clausurar un servicio esencial en un momento de recepción de turismo.
Es claro, si estas circunstancias existían podía aplicarse un mayor control en la supuesta deficiencia bromatológica y finalizado el periodo vacacional, de persistir la situación, recién proceder a la clausura. Las causas no cerraban.

Subrepticiamente, Ecos concretó un comentario sobre el tema ante un funcionario, el que muy suelto respondió que “es que, por estas horas, pareciera que de cada caja que abrís sólo saltan ratones”, lo que llevó a colegir que las cosas no eran tan simples como se las quería mostrar desde el municipio.

Ahondando en la cuestión y tras un paciente colectado de datos, estamos en condiciones de afirmar que existiría una deuda de canon, pero que la misma es mínima y puede ser compensada por servicios que habría tomado el municipio y aún no ha hecho efectivos, que la agencia de quiniela tendría habilitación municipal y que funcionarios habrían solicitado “gentilmente” que la misma funcionara en el ámbito de la confitería y que la supuesta imposición bromatológica está cubierta en aproximadamente un 80%. Con estos datos, las razones de la clausura seguían siendo inadmisibles.

Ante esto quedaban dos cuestiones a considerar, la primera de ellas relacionada con una confrontación política irreconciliable, que necesariamente debe descartarse, porque de así suceder, con la simple ejecución del contrato de concesión, que ha caducado de acuerdo a los términos expuestos en la convocatoria a licitación respectiva, el problema estaba resuelto. La segunda, de la cual no tenemos elementos de prueba, es cuál es el compromiso que se ha asumido con el concesionario y del cual las autoridades municipales no quieren hablar, ni dar a conocer, que hace que el concesionario tenga derechos que pretende hacer valer con el patrocinio de abogados que están actuando. Si esos derechos están fundados, es indudable que la cúpula del Poder Ejecutivo está sumamente comprometida y es la razón por la que se trata de minimizar el conflicto sosteniendo razones administrativas, cuando las fajas de clausura lo han expuesto ante la opinión pública que ahora exige de respuestas serias y no de subterfugios.

N.H.