Se incrementan los femicidios en Córdoba

Los datos del monitoreo de La Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, nos dice que este año desplazamos a Santa Fe y estamos en el segundo lugar, después de Buenos Aires, en muertes por femicidio. En los primeros 11 meses de este año ya se registraron 23, mientras que en el 2009 tuvimos 21 en total, la mayoría de los casos ocurrió en el interior provincial, ¿es casualidad?

La Ley Provincial de Violencia Familiar 9.283 se divide en dos partes, la primera se refiere a los aspectos judiciales (art. 1 al 31) en la asistencia en crisis de la Violencia Familiar. La segunda referida a las políticas públicas del Estado y las acciones de prevención (art.32 y 33). Esta parte es la que no se aplica por falta de compromiso y definición para concretarlo; y es aquí donde naufragan las buenas intenciones; lo vemos en forma clara en la cantidad de reincidencia de las denuncias, la consecuencia de la no intervención del Estado hace que se hunda la decisión de “vivir sin violencia” junto a la intervención policial y jurídica.
La ley en estas condiciones deja a un agresor más fuerte, ya que las medidas no garantizaron la seguridad de las víctimas y estas ante la falta de recursos emocionales, económicos y psicológicos, vuelven a convivir en peores condiciones que cuando realizó la denuncia.
Otro tema son los recursos policiales, en algunas localidades se cuenta con un solo móvil, Ej. Huerta Grande, si bien es cierto que son pocos habitantes, el lugar geográfico es grande y tenemos zonas urbanas, semirurales y rurales, este es el eje de un pedido que realizamos hace pocos días a la Policía de la Provincia de Córdoba, la dotación de otro móvil para estas localidades, esto hace la diferencia entre una muerte o no.
Del monitoreo se observan que 26 de las asesinadas en Argentina ya habían hecho una denuncia por maltratos: en cinco casos pesaba exclusión del hogar o prohibición de contacto del asesino y 16 de los homicidas pertenecían a fuerzas de seguridad. Las edades varían tomando un fuerte predominio de 19 a 50 años. Las modalidades: 56 mujeres baleadas, 41 apuñaladas, 38 muertas a golpes, 21 degolladas, 21 estranguladas, 10 incineradas, entre otras modalidades.
La situación no es nueva en Punilla, basta con recorrer los titulares policiales de los diarios y canales de televisión de la región para reconocer que la victimas se incrementan año tras año.
Se hace imprescindible en Punilla proteger a la víctima. Ello en virtud del marcado protagonismo que la misma ha adquirido luego de la última reforma constitucional de 1994 (en la que se incorporaron los Pactos Internacionales). Allí se reconoció el “derecho a la tutela judicial efectiva”, proclamado por el art. 25 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, el que tiene como correlato la obligación del Estado de proteger judicialmente a sus ciudadanos ante la violación de cualquiera de sus derechos. Ello significa que el Estado tiene la obligación de brindarle a la víctima una “respuesta adecuada a su grave situación individual, familiar y social, para atenuar las secuelas que implica la comisión del hecho delictivo en su persona y en su grupo familiar, y tener asegurada su integridad y tranquilidad personales durante el proceso”, evitando la revictimización e impidiendo “que la sensación de inseguridad en que se encuentra a partir de la comisión del ilícito se acentúe por la indiferencia estatal frente a su situación, lo que contribuiría a atenuar los graves efectos en la salud mental a nivel familiar.
Particularmente soy una convencida de que la seguridad la hacemos entre todos y todas, tenemos como sociedad, con responsabilidades definidas que no se cumplen, nosotros/as ciudadanos/as la obligación de no mirar para otro lado y no convertirnos en cómplices de estas muertes prevenibles.

Karina Lucero
Ce.Pro.Fa.